Un profesor 'no binario' de la escuela pública madrileña se graba un video diciendo que ha tenido que pedir una baja

Un docente pide la baja por no ser llamado «elle» en clase​

Un docente de la escuela pública madrileña se grabó en vídeo explicando que había solicitado la baja laboral porque algunos alumnos no respetaban el pronombre con el que se identifica. El docente, que se describe como no binario, sostuvo en la grabación que no estaba «tranquile» ante esa situación. El vídeo circuló como un reguero de pólvora y convirtió una baja médica individual en un pleito colectivo sobre qué se enseña en las aulas, quién lo enseña y quién paga la factura.

La cifra que aparece en la conversación no es menor: cerca de 42.000 euros brutos anuales con dos trienios, a dos años del tercero. Ese detalle, soltado por un participante, cambió el eje del asunto. De la discusión sobre identidad se pasó a la discusión sobre dinero público, sobre el coste de una baja al 100% y sobre quién acaba cubriendo el hueco que deja el docente en el aula.

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Qué pasó y cómo se grabó el propio protagonista​

El punto de partida es una grabación difundida en redes. En ella, el docente cuenta que ha pedido la baja porque algunos alumnos no le llamaban por el pronombre que él reclama. La escena, breve y doméstica, se convirtió en el detonante de una discusión que desbordó el caso concreto. No hay más contexto en el material disponible: ni centro, ni asignatura, ni fecha exacta.

A partir de ahí, el asunto se leyó de dos maneras opuestas. Una parte lo trató como un síntoma de la deriva de la educación pública. Otra, como una anécdota que no merece el ruido que genera. Entre ambas, un consenso incómodo: la baja se concede por vía médica y la paga el erario, así que el debate deja de ser íntimo y pasa a ser presupuestario.

¿Cuánto cuesta una baja docente al 100%?​

La cifra que se repite es la del sueldo: cerca de 42.000 euros brutos anuales con dos trienios, a dos años del tercero. Durante la baja, el docente percibe el 100% de la retribución. Ese dato, puesto encima de la mesa, reorientó la conversación: ya no se discutía solo si el pronombre es o no una imposición, sino quién asume el coste de que un aula se quede sin titular.

El argumento que más recorrido tiene es el del uso del sistema sanitario. Se sostiene que una baja debe responder a un criterio médico objetivo y no a una decisión personal. La objeción es razonable en abstracto, pero el material no permite verificar el parte médico ni la causa clínica. Lo único comprobable es que el propio protagonista lo contó en un vídeo.

El choque entre el pronombre «elle» y la norma académica​

El núcleo lingüístico del asunto es la palabra «elle». Un sector del análisis la considera una aberración gramatical sin precedente y sostiene que un docente de Lengua debería ponerla como ejemplo de incorrección, no como norma de trato. Otro sector recuerda que la lengua cambia y que el aula es el último sitio donde conviene cerrarse en banda.

Hay un detalle curioso que aparece en la conversación: en asturiano o bable, el plural femenino termina en «-es» (elles, estresades, tontes), de modo que algunas formas del llamado lenguaje inclusivo coinciden con formas ya existentes en otra lengua peninsular. El dato no resuelve nada, pero desmonta la idea de que todo esto sea una invención sin raíces.

El derecho de los padres frente al adoctrinamiento​

La reacción más repetida es la de los padres. El argumento tipo: los progenitores tienen derecho y deber de saber qué se enseña a sus hijos y de corregir en casa lo que no comparten. La petición concreta que circula es que el docente se dirija a los alumnos conforme a las reglas gramaticales y al diccionario, que no imponga neolenguaje y que su ideología personal se quede en el ámbito privado.

La objeción a ese argumento es que el respeto al prójimo no es adoctrinamiento, sino convivencia. El material no zanja la disputa. Lo que sí muestra es que la línea entre enseñar y adoctrinar se ha vuelto tan difusa que cada parte la traza donde le conviene.

La pública, la privada y el reparto de costes​

Una corriente del análisis sostiene que casos así solo aparecen en la pública, y que quienes diseñan el marco mandan a sus hijos a la privada. Es una tesis con gancho, pero el material no aporta datos que la respalden. No hay comparación de plantillas, ni de ratios, ni de incidencias. Queda como hipótesis, no como hecho.

Lo que sí aparece es una propuesta concreta: introducir entrevistas personales o pruebas psicológicas en las oposiciones docentes, igual que se hace en otros cuerpos. La idea tiene defensores y detractores, pero el material no recoge el resultado de ningún debate legislativo al respecto.

El estado del asunto​

A la fecha de esta discusión, no consta resolución administrativa, ni expediente, ni pronunciamiento del centro. El docente está de baja. Los alumnos, con otro docente o sin él. Y la conversación pública sigue atascada en el mismo punto: si el pronombre es una imposición intolerable o una cortesía exigible, y quién debe pagar cuando las dos partes no se ponen de acuerdo.

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Datos clave

• Cerca de 42.000 euros brutos anuales con dos trienios, a dos años del tercero, según un cálculo que circula en el hilo.
• Baja al 100% de la retribución durante el periodo de incapacidad, según se afirma en el hilo.
• El docente se identifica como no binario y reclama el pronombre «elle».
• El vídeo lo graba y lo difunde el propio protagonista.