Urgente: el supremo imfruta al fiscal general

Primer fiscal general imputado: el Supremo abre la causa a García Ortiz​

Un auto firmado por unanimidad. Cinco magistrados del Tribunal Supremo —Manuel Marchena en la presidencia, con Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo como ponente y Carmen Lamela— acuerdan abrir causa por revelación de secretos al máximo responsable del Ministerio Fiscal. Álvaro García Ortiz pasa a ser el primer fiscal general del Estado imputado en la historia de España, según las fuentes jurídicas que sostienen la decisión.

El tribunal también declara su competencia para investigar a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente remitió al fiscal general datos para elaborar la citada nota. Aunque ella no tiene condición de aforada, el auto explica que ambos comportamientos guardan una conexión inescindible que impide abrir causas separadas.

Qué se investiga: la nota de prensa y los whatsapps​

La cuestión primordial que fija la Sala es si la conducta atribuida al aforado encaja en el artículo 417 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que revelase secretos o informaciones conocidos por razón de su cargo y que no deban divulgarse. En esa primera comprobación, los magistrados consideran que concurre el elemento básico del tipo: hay un cargo público que maneja información reservada.

El origen está en la nota distribuida desde el gabinete de comunicación. Tal y como desveló EL MUNDO, García Ortiz dio orden directa a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, de repartir un texto con todos los detalles del pacto de conformidad que el empresario Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso, imputado por fraude fiscal y falsedad documental— estaba negociando con la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid. El documento llevaba el encabezado «Fiscalía Provincial de Madrid. Nota informativa» y había perdido el membrete habitual de la oficina de prensa, señal de la discrepancia interna entre el fiscal general y la fiscal superior.

El Colegio de la Abogacía de Madrid cargó contra ese comunicado por afectar al derecho de defensa de un particular y no dudó en querellarse. Los mensajes desvelados son la munición de los querellantes: «Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato (...). Es imperativo sacarla», escribió García Ortiz a Lastra. Poco más hace falta para entender por qué el Supremo ha visto materia penal y no una simple pugna burocrática.

Las palabras del imputado: “no estoy investigado, ni estoy imputado”​

El fiscal general rechaza dimitir y defiende su actuación frente a los que llama «bulos». En televisión lo dijo sin rodeos: «No estoy investigado, ni estoy imputado». Y añadió una frase que ha corrido más que la propia imputación: «Los fiscales manejamos muchísima información. Le aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra, que por supuesto no voy a usar jamás».

En paralelo, la escena política se tensó en el Congreso, donde un miembro del Gobierno esquivó ante los periodistas la pregunta de si un fiscal general imputado puede seguir en el cargo. Y a la puerta del despacho, otro detalle que no necesita interpretación: la Guardia Civil personándose en las dependencias del máximo responsable del Ministerio Fiscal.

Quién instruye la causa y qué pesa sobre él​

El instructor designado por turno es el magistrado Ángel Luis Hurtado. Su nombre ha sido lo más comentado de la jornada por un motivo lateral al expediente: según recoge eldiario.es, se opuso a que Mariano Rajoy testificara en el juicio de la pieza principal del caso Gürtel y también a que el partido fuera condenado como partícipe a título lucrativo, en la sentencia que desencadenó la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa.

Hay quien lee en esa ficha una garantía de moderación; hay quien ve exactamente lo contrario, un instructor poco predispuesto a tocar estructuras de partido. Lo único objetivo es que la causa arranca con la unanimidad de una Sala en la que conviven sensibilidades distintas, algo poco habitual cuando el investigado es un cargo nombrado por el Gobierno.

Tres corrientes de análisis sobre lo que viene ahora​

La primera sostiene que esto es una imputación de bajo recorrido, un aviso procesal que busca ruido y poco más: la califican de «marchenazo leve» porque ven difícil que prospere como delito y más difícil aún que se traduzca en consecuencias personales. La segunda corriente invierte el diagnóstico: si el jefe de la Fiscalía acaba sentado ante el Supremo, sostienen, el desgaste alcanza a toda la cadena de mando y a quien lo nombró. Y hay una tercera, la más escéptica y quizá la más incómoda, para la que nada de esto cambiará nada: el cargo seguirá ocupado, el proceso se eternizará y el ruido se lo repartirán los mismos de siempre.

El detalle que sostiene a los dos últimos grupos es la naturaleza de la información manejada. No se investiga una filtración de segunda mano, sino la difusión de datos reservados de un procedimiento concreto desde el propio gabinete. Eso es lo que separa este caso de un simple exceso verbal ante una cámara.

El dato que descoloca​

Con la causa abierta, el instructor nombrado y ningún pronunciamiento sobre el fondo, la cifra que no se mueve es la de su sillón. El primer fiscal general imputado de la historia de España sigue siendo el fiscal general del Estado. Y esa, más que ninguna otra, es la información que se contestará sola en los próximos meses.

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Disclaimer: Artículo informativo sobre un procedimiento judicial en curso. Toda mención a personas investigadas lo es en su condición de imputadas o investigadas, sin sentencia firme.