Urgente - maria jesús montero - «el testimonio de mujeres está por delante de la presunción de inocencia»

Montero califica de «vergüenza» la absolución de Alves​

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificó de «vergüenza» la absolución del exfutbolista Dani Alves y sostuvo que «el testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos» está por delante de la presunción de inocencia. Lo dijo en el Congreso Provincial del PSOE de Jaén, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocara por unanimidad la condena de cuatro años y medio de cárcel. La sala de apelaciones consideró que el relato de la denunciante no era «fiable» y que presentaba «vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones».

El fallo lo firmaron tres mujeres y un hombre. Ese detalle, que en cualquier otro asunto sería una nota al pie, se convirtió en el eje de la polémica: la crítica del Gobierno no se dirige a un tribunal cualquiera, sino a una sala mayoritariamente femenina que ha absuelto a un famoso. A partir de ahí, el asunto dejó de ser un caso judicial y se transformó en un pulso sobre quién interpreta la ley.

Qué dijo exactamente Montero y qué se le reprocha​

La vicepresidenta añadió que «todavía se cuestione el testimonio de una víctima» y mostró su solidaridad con la denunciante: «No está sola, aquí estamos contigo». Leído en frío, es una declaración de apoyo a una persona que denuncia. Leído en términos jurídicos, es la tesis de que una declaración basta para condenar. La diferencia entre ambas lecturas es, literalmente, el Estado de Derecho.

Las asociaciones de jueces y fiscales respondieron en bloque. Su argumento, recogido por prensa nacional, es que «es esencial que los representantes públicos respeten la labor de los jueces» y que las resoluciones «se adoptan tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente». No es una cuestión de sensibilidad, sino de separación de poderes.

El PSOE intentó rebajar el tono. Fuentes del partido atribuyeron las palabras a la «impotencia» ante la sentencia y admitieron que la próxima vez «se puede explicar mejor». Traducción: no se retractan, pero reconocen el ruido. Impotencia es una palabra curiosa para describir a quien controla Hacienda.

Por qué el caso Alves se ha convertido en un pulso político​

El TSJC revocó la condena y dejó al brasileño en libertad, después de haber pasado varios meses en prisión preventiva por la supuesta agresión sexual en la discoteca Sutton de Barcelona en 2022. La sala no absolvió por un tecnicismo: entró al fondo del testimonio y lo encontró insuficiente. Ese es el punto que incomoda, porque desmonta el relato de que la absolución responde a un formalismo legal.

En el análisis más duro que circula, la ofensiva contra los jueces no es casual. Se sostiene que el Gobierno carga contra el poder judicial porque es uno de los pocos contrapesos que le resisten, y que desacreditarlo forma parte de una estrategia más amplia. Es una hipótesis, no un hecho probado, pero explica por qué un caso de agresión sexual acaba discutiéndose en términos de arquitectura institucional.

La otra corriente, la que defiende la vicepresidenta, parte de una premisa distinta: que las denuncias de mujeres contra hombres poderosos rara vez llegan a juicio y que el escepticismo judicial funciona como un segundo castigo. Es un debate legítimo. El problema es dónde se libra: en un mitin, no en una facultad de Derecho.

El precedente que nadie quiere nombrar​

La comparación que sobrevuela es la de la ley del solo sí es sí, cuya aplicación dejó excarcelaciones y rebajas de condena que el propio Gobierno tuvo que corregir a posteriori. Aquel episodio enseñó algo incómodo: legislar desde el eslogan tiene consecuencias medibles en sentencias concretas. Ahora el eslogan es que la palabra de la mujer va primero. La pregunta obvia es qué pasa cuando esa palabra no es suficiente para un tribunal.

Hay un escenario que se plantea con retranca en los análisis más ácidos: si el criterio es que la denuncia equivale a condena, cualquier denuncia contra un cargo público debería bastar. Nadie lo lleva hasta el final, porque el argumento se autodestruye. Pero sirve para medir el alcance de lo dicho.

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Queda el Supremo. Si confirma la absolución, el Ejecutivo tendrá que decidir si mantiene el marco de que la justicia es patriarcal cuando el fallo lo firman tres mujeres. Si la revoca, la crítica a los jueces habrá sido, además de innecesaria, prematura. En cualquiera de los dos casos, la presunción de inocencia seguirá donde estaba: en la Constitución, no en un mitin.