URGENTE: Se empieza a liar PARDA en ARGENTINA

El primer pulso de Milei: DNU bajo sospecha y precios disparados​

Argentina cerró diciembre de 2023 con un presidente nuevo y los precios reescribiéndose solos. Javier Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para desregular la economía y, en paralelo, los comercios empezaron a rehacer sus listas: el combustible subió un 70%, los alimentos un 80% y algunas tarifas se movieron un 100% en apenas una semana. En las calles, la respuesta llegó rápido, aunque con menos intensidad de la que muchos anticipaban. La pregunta que recorre Buenos Aires y Córdoba es si esto es el ajuste prometido o el arranque de otra cosa.

¿Es constitucional el DNU que desregula la economía?​

El frente más delicado no está en la calle, sino en los tribunales. El decreto se ampara en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que solo autoriza a gobernar por decreto cuando «circunstancias excepcionales» hagan imposible seguir el trámite ordinario de las leyes. De esa redacción depende todo: si Argentina vive o no una excepcionalidad que justifique saltarse al Congreso. Hay análisis que lo dan por inconstitucional y reversible, y la mayoría de las quinielas apuntan a que el asunto terminará en la Corte Suprema, con la posibilidad de que se resuelva por la vía rápida del per saltum. Si el tribunal lo avala, el ajuste gana músculo jurídico; si lo tumba, se abre un escenario que nadie ha ensayado.

Combustible al 70%, alimentos al 80%: el mapa de las subidas​

Los primeros registros de precios dejaron un cuadro difícil de digerir. El combustible, un insumo que arrastra a casi todo lo demás, marcó subidas del orden del 70%, mientras los alimentos escalaban cerca del 80% y algunas listas se rehicieron directamente al 100%. Sobre la causa hay dos lecturas enfrentadas. Una sostiene que Milei ha desatado justo la hiperinflación que prometió evitar. La otra responde que el precio real siempre estuvo ahí y que lo que ha cambiado es quién lo paga: el Estado deja de subvencionar, y ese coste reaparece igualmente por la vía de los precios.

No es un matiz menor. Si la subida es un fogonazo puntual, el ajuste tiene salida; si se enquista, cualquier plan de estabilización se queda sin base social que lo sostenga.

De la quema de calles a la marcha sin cortes​

Hay quien sostiene que la protesta ha cambiado de forma. Frente a las imágenes de incidentes graves que circulan por redes —y que en varios casos corresponden a episodios antiguos, no a los días posteriores a la investidura—, las convocatorias más recientes aparecen como marchas suaves, sin cortes de tráfico y con mucha menos gente. A falta de la palanca que suponía el miedo a perder un plan social, la movilización pierde pegada. Varios relatos describen caceroladas que respetan los semáforos y vuelven a la acera cuando el peatón tiene paso. Un cambio de repertorio que, de confirmarse, deja a las organizaciones más radicales sin su herramienta clásica: el bloqueo.

Seguridad​

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El Gobierno cobra el operativo y Córdoba suma detenidos​

La respuesta oficial ha sido económica y judicial. El Ejecutivo anunció que pasará a las organizaciones de izquierda la factura del operativo de seguridad de la marcha, un movimiento que convierte la protesta en un asunto de caja. En Córdoba, los incidentes se saldaron con cinco detenidos, imputados por resistencia a la autoridad, obstrucción de la vía pública y lesiones, a la espera de que se investiguen sus antecedentes. Son cifras pequeñas, pero marcan una línea: manifestarse ya no va a ser gratis.

Diez millones de ocupados y solo seis en el sector privado​

Debajo del ruido político hay una estructura laboral que explica buena parte del problema. Los datos que manejan los analistas dibujan un país con una población similar a la española en la que trabajan unos diez millones de personas, y de ellas solo seis millones lo hacen en el sector privado. El resto vive de pagas, planes y empleo público. Ese es el terreno de juego del «no hay plata» que repite el Gobierno: cada ajuste del gasto es, a la vez, un ajuste de ingresos para cientos de miles de hogares. Y explica por qué cada recorte se traduce de inmediato en una convocatoria en la calle.

Un salario de 345 euros frente al ladrillo de Mar del Plata​

La foto del dinero se ve mejor en el mercado inmobiliario. Hay propiedades en Mar del Plata publicadas en dólares con precios que no cuadran con un salario promedio que ronda los 345 euros al mes, unos 350 dólares. La paradoja se disuelve al mirar quién compra: los que ganan esa cifra no adquieren pisos, pero hay dos o tres millones de personas que sí pueden pagarlos a tocateja. El ladrillo argentino no se rige por el sueldo medio, sino por la bolsa de ahorro dolarizado que ha sobrevivido a todo. Sirva un detalle de esas fichas: casas con vallas de seis metros y rejas de tres más, como si la seguridad fuese una partida más del precio.

El espejo peruano del shock​

La comparación más repetida es con Perú, que aplicó un ajuste severo para cortar una hiperinflación que parecía imparable. Quien recuerda aquello subraya dos cosas: que el golpe fue durísimo y aun así se aguantó, y que la gran diferencia es que allí el país conservaba un nivel de vida que aquí se sostiene a base de deuda. El paralelismo tiene límites. Argentina llega al shock con menos colchón, más años de déficit y una sociedad acostumbrada a que alguien pague la diferencia.

Y ahí se atasca el análisis. La Corte no ha dicho todavía si el DNU es constitucional, las marchas han bajado de intensidad pero no han desaparecido, y los precios siguen respondiendo a estímulos que ninguna ley controla. El pulso sigue abierto. Nadie sabe aún si el ajuste se sostiene o si la próxima subida de lista de precios reabre la calle.