Motos ruidosas: el coste económico de no regular el escape
La contaminación acústica urbana se ha convertido en un problema de salud pública con dimensiones económicas que pocos quieren cuantificar. Mientras que la normativa europea fija límites de ruido para vehículos, en la práctica miles de motos y ciclomotores circulan con escapes modificados que duplican los decibelios permitidos. Y lo que es peor: pasan la ITV.
El fracaso de la inspección técnica
Según quienes siguen el día a día de las revisiones, los escapes modificados —los llamados “tubarros” en coches y motos— superan la ITV con una facilidad que roza el fraude. Hace años existían límites de decibelios que se controlaban y multaban, pero ahora la vigilancia es testimonial. El resultado es un parque móvil que contamina acústicamente y que se ha convertido en una molestia cotidiana en zonas residenciales. La paradoja: las ITVs se han vuelto más exigentes en otros aspectos, pero el ruido se les escapa.
¿Impuesto ruidoso o prohibición?
Algunos planteamientos apuntan a gravar con un impuesto específico las motos ruidosas, siguiendo la lógica de que quien contamina paga. Pero la experiencia dice que esos impuestos a menudo no se destinan a paliar el daño, y pueden incluso generar un efecto permisivo: el que paga siente que tiene derecho a molestar. La alternativa sería la prohibición absoluta en núcleos urbanos, como se hace con otras actividades ruidosas (obras nocturnas, cláxones). Y remitir a autopistas o circuitos las motos que quieran exhibir su potencia sonora.
Seguridad vs. molestia: el dilema del ruido que salva vidas
Un argumento recurrente entre los defensores de las motos ruidosas es que el ruido advierte de su presencia y evita accidentes. Circulan entre el tráfico, a menudo en ángulos muertos, y ser oídos reduce el riesgo de colisión. En cambio, los detractores señalan que un ruido excesivo impide localizar la dirección del vehículo, y que mecanismos como el Safety Car o las ayudas a la conducción son más eficaces. La realidad es que no hay estudios concluyentes que demuestren que a mayor ruido menor siniestralidad, mientras que la evidencia sobre los efectos nocivos del ruido en la salud (estrés, trastornos del sueño) es abrumadora.
Que el debate esté tan polarizado indica que detrás hay un conflicto de derechos difícil de resolver: el derecho al descanso frente al derecho a la movilidad y la identidad motera. Pero cuando el coste sanitario de la contaminación acústica se estima en cientos de millones al año en gasto sanitario y pérdida de productividad, la balanza debería inclinarse hacia la regulación efectiva. Otra cosa es que los políticos tengan el valor de enfrentarse a un colectivo pequeño pero muy ruidoso. Electores ruidosos, dirán.