El Gobierno envía 260 millones a Guatemala para desarrollo y género: ¿ayuda o despilfarro?
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha autorizado una transferencia de más de 260 millones de euros a Guatemala para proyectos de desarrollo sostenible, enfoque de género y derechos sexuales. La partida, canalizada a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), ha generado un intenso debate sobre el control del gasto público en plena crisis inflacionista.
Fondos sin rendición de cuentas
Las críticas se centran en la falta de transparencia. No está claro si la cantidad es neta o bruta, ni si tributa IVA. Los detractores denuncian que parte del dinero podría desviarse a intermediarios sin auditoría, como ya ocurrió en otros programas de cooperación. La sospecha de que las ONG que ejecutan los proyectos actúan como pantalla es recurrente.
Ideología vs. efectividad
El enfoque de género y derechos sexuales como eje de la cooperación ha sido el detonante del malestar. Para unos, es una imposición ideológica que prioriza la agenda progresista sobre necesidades básicas como infraestructuras o sanidad. Para otros, es una herramienta necesaria para el desarrollo, aunque el debate queda siempre en terreno movedizo cuando se trata de dinero público destinado al extranjero.
El caso recuerda a la financiación de USAID, hoy desaparecida, que según algunos analistas servía para influir políticamente. La ausencia de controles efectivos alimenta la percepción de que estos fondos acaban en los mismos bolsillos de siempre.
Con los impuestos domésticos en máximos históricos, la pregunta que flota es si España puede permitirse ser la caja de cooperación de América Latina sin una fiscalización rigurosa. De momento, el gobierno no ha detallado los mecanismos de seguimiento.