Sociedad: Ya estoy harto, no parar de añadir una prohibición tras otra día tras día: ahora toca cargarse a los chiringuitos de playa

La ofensiva contra los chiringuitos de playa: ¿protección del litoral o nueva cortapisa?​

La rumorología se ha convertido en decreto: los chiringuitos de playa, esos establecimientos que llevan décadas dando servicio de comidas y bebidas a pie de arena, están en el punto de mira de la Administración. Una nueva regulación, enmarcada en la protección del dominio público marítimo-terrestre, amenaza con cerrar una parte significativa de estos negocios. El debate, lejos de ser técnico, enfrenta a quienes ven una medida de sentido común contra la privatización de la costa y a quienes la interpretan como un ataque más a la libertad de empresa y al ocio popular.

Ocupación del terreno público: ¿jetas o servicio?​

El argumento central de los partidarios de la prohibición es que muchos chiringuitos se construyeron sobre suelo público sin concesión o con permisos precarios. "Unos jetas los que construyeron, los políticos de entonces callaron por no enfrentarse o porque estaban involucrados", se sostiene en algunos análisis. Se recuerda que las playas son de todos y que, tras décadas de funcionamiento sin pagar un canon justo, ha llegado la hora de recuperar el espacio para el uso público. En esta visión, los chiringuitos son una apropiación indebida que beneficia a unos pocos a costa del interés general.

La otra cara: permisos pagados y servicios perdidos​

frente a esta corriente, otros señalan que los chiringuitos no salen gratis: "los chiringos pagan unos cuantiosos permisos, así que de regalado nada". La desaparición de estos negocios supondría, según esta perspectiva, la pérdida de un servicio que muchos usuarios valoran. Además, se apunta que la misma lógica ya ha eliminado otros servicios públicos como las duchas playeras, "pa quitarte la sal pa defender la ecología". La crítica se extiende a la selectividad de la prohibición: mientras se cierran chiringuitos, otras actividades ilegales —como las embarcaciones de narcotráfico— continúan sin control.

El trasfondo: el enforcement que todo lo puede​

Más allá del caso concreto, la discusión de fondo es la creciente capacidad del Estado para hacer cumplir las normas. Un análisis más sibilino apunta que "hasta hace poco, muchas cosas estaban prohibidas, pero el gobierno no tenía la manera de hacer cumplir la ley". Con la digitalización y la vigilancia masiva, eso ha cambiado. "El 'que se cumpla' se nos ha ido de las manos", se concluye, sugiriendo que la prohibición de los chiringuitos no es un hecho aislado, sino un síntoma de una sociedad donde cada palmo de terreno y cada acción está monitorizada y sancionable.

Con estos mimbres, la batalla por los chiringuitos se perfila como un test de hasta dónde está dispuesta la sociedad a aceptar la regulación del espacio público. Mientras unos aplauden la recuperación de la costa para el ciudadano de a pie, otros ven una nueva muesca en el cinturón de un Estado que no cesa de apretar.