Inmigración: Ya se empieza a hacer negocio con la nueva ley

El negocio de la nueva ley: cuando legalizar al inmigrante se convierte en clientelismo​

Un huerto de 8 metros cuadrados en un pueblo. Esa es la excusa que, según la nueva legislación, impide considerar a un inmigrante regularizado como vulnerable y, por tanto, le descuenta 12 euros de su Ingreso Mínimo Vital. La anécdota no es menor: revela el entramado de incentivos que convierte a los recién llegados en dependientes del Estado. Mientras los defensores de la ley hablan de integración, los críticos denuncian que se está creando un ejército de votos cautivos.

El efecto llamada y la maquinaria de la dependencia​

La nueva ley de extranjería, que facilita la regularización por arraigo tras 12 meses y otorga acceso a la sanidad pública desde el primer día, ha disparado las alertas entre quienes ven un negocio en la acogida masiva. Por un lado, las mafias que trafican con promesas falsas encuentran terreno abonado: el gobierno promociona el "efecto llamada" con su política, aunque luego los requisitos reales frenen el acceso inmediato. Por otro, el conocido como "clientelismo del siglo XXI": la regularización convierte a miles de personas en perceptores del IMV, generando una base social dependiente que, a la larga, se traduce en votos. La lógica es perversa: cualquier inmigrante con 12 meses de residencia cumple los criterios del IMV, especialmente si no tiene ingresos ni propiedades. La única forma de que no lo reciba es que tenga una renta imputada de más de 12 euros, algo casi imposible incluso si cultiva un huerto de 8 metros cuadrados.

Sanidad: ¿derecho universal o caldo de cultivo para el negocio?​

Quienes defienden la ley argumentan que los inmigrantes con visado Schengen están obligados a contratar un seguro médico privado durante su estancia temporal, y que la sanidad universal solo se activa tras quedarse irregularmente. Pero la realidad es que la frontera es fina: los que entran ilegalmente por vía marítima o terrestre obtienen la tarjeta sanitaria desde el primer momento. Este trato desigual alimenta el resentimiento de parte de la población, que ve cómo los recién llegados acceden a servicios que ellos pagan con sus impuestos. La pregunta es si esta generosidad es un fin en sí misma o una herramienta para engordar las listas de electores.

El debate sobre la nueva ley revela una fractura ideológica: para unos, es el camino hacia una sociedad más integradora; para otros, una máquina de crear dependencia y clientelas políticas. Lo que nadie discute es que ya hay quien está haciendo negocio con ella, ya sean las mafias, las gestorías de inmigración o el propio Estado. La diferencia estriba en si eso es un efecto colateral o el verdadero propósito.

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