zainoc de senegal con pasaporte español se queja que el gobierno le obliga a hacer pruebas de adn para traerse sus 22 descendientes (y 4 mujeras de regalo)

El padre de 22 hijos en Bilbao y el ADN de 1.000 euros por hijo​

Un hombre de 64 años residente en el barrio bilbaíno de Zabalburu quiere traer a España a sus 22 hijos. El consulado español en Dakar le exige una prueba de ADN por cada descendiente, a 1.000 euros cada una, y su caso ha saltado ya a la prensa nacional. El País lo ha publicado con un titular que habla de la «sangría económica» del progenitor. La historia reabre, otra vez, la pregunta de quién paga la reagrupación familiar y hasta dónde llega el derecho a rehacer una familia en otro país.

El protagonista, Mame Cheikh Niyang Mbaye, es senegalés y reside en Bilbao. El reportaje habla de «veintitantos» hijos; las cifras que circulan en el debate público llegan a 22 hijos, cuatro mujeres y seis nietos. Según esas versiones, seis ya se habrían trasladado y quedarían 16 pendientes de trámite. La imagen que acompaña al texto, tomada este mes de junio en la plaza de Zabalburu, lo coloca en el centro de una polémica que mezcla reagrupación, ayudas públicas y pruebas biológicas.

¿Por qué el consulado exige pruebas de ADN a 1.000 euros por hijo?​

La prueba de paternidad es el primer muro. 1.000 euros por descendiente en el consulado español en Dakar, según el relato periodístico, y sin ese papel el expediente no avanza. Un solo hijo ya supone un desembolso considerable para quien, según las versiones que circulan, no tiene ingresos laborales. Con 22, la cifra deja de ser un gasto familiar y pasa a ser un problema de otra escala.

En el debate se apunta que la exigencia de ADN responde a la dificultad de acreditar la filiación con registros civiles frágiles. Quienes defienden el procedimiento sostienen que protege contra el fraude documental; quienes lo critican responden que 1.000 euros por hijo convierten la prueba en un filtro económico, no jurídico.

Qué dice el reglamento de extranjería sobre el IMV y la reagrupación​

El nudo legal está en los ingresos. La reagrupación familiar exige medios económicos suficientes y estables, y una de las corrientes del debate recuerda que el reglamento de extranjería lo dice de manera clara e inequívoca: no se puede reagrupar a familiares si los ingresos provienen de subsidios o del Ingreso Mínimo Vital. Si eso es así, el caso no encajaría en el supuesto legal.

En las versiones que circulan sobre el protagonista se afirma que cobra el IMV y una ayuda autonómica vasca, y que lleva más de cuarenta años en España. Ninguno de esos extremos consta confirmado por una administración en el material publicado. La diferencia entre lo que se afirma y lo que se acredita es, aquí, casi todo el asunto.

«La sangría económica»: el titular que se lee al revés​

El encabezado que eligió El País sitúa el foco en el gasto que asume el padre. Buena parte de la reacción pública le ha dado la vuelta al enfoque: la sangría, sostienen, no es la del progenitor, sino la de las cuentas públicas que financian la operación.

Circulan cálculos que parten de 20 hijos y una ayuda media de 500 euros por hijo para estimar 10.000 euros mensuales. La cifra no procede de ningún organismo oficial y no es una liquidación, solo una estimación de sobremesa. Lo que sí resulta verificable es el coste del trámite: mil euros por prueba, uno por hijo, y la factura escala con cada expediente que se abre.

Por qué el caso ha derivado en un juicio al sistema​

La conversación empezó como un drama personal —un padre que no puede costear el ADN— y ha terminado como un pleito sobre el diseño de las ayudas. Aparecen dos bandos nítidos: quienes ven un abuso del sistema de protección y quienes recuerdan que la reagrupación es un derecho y que el problema, si existe, es de reglas, no de personas.

En medio, un argumento que aparece en el debate: la falta de reciprocidad. Quien lo sostiene apunta que un español que emigrara al país de origen del protagonista no encontraría ayudas equivalentes, ni probablemente ninguna. No es un juicio moral sobre nadie; es una asimetría que el sistema no ha resuelto y que aparece en casi todos los análisis del caso.

Merece la pena mirar el ajuste normativo que se cita de fondo. Según estas versiones, en mayo se habría vuelto a modificar la conocida como Ley de Nietos para que los descendientes de quienes obtuvieron la nacionalidad por un abuelo puedan pedirla en un año y sin avales económicos. Si el dato es correcto, el padre de Bilbao no sería una excepción, sino una pieza de un patrón más amplio.

El contexto demográfico que se cuela en la discusión​

El caso ha servido para reabrir otro debate de fondo: la demografía. Una de las corrientes del análisis recuerda que la fecundidad cae en toda Europa, también en los países con población de origen africana significativa, y hay quien sostiene que las cuentas de las pensiones no salen solo con nuevos nacimientos.

Lo cierto es que el sistema de protección no está diseñado para familias de esta escala. Ninguna administración ha explicado qué ocurriría si el expediente se resolviera a favor y llegaran, además de los hijos, los nietos. La pregunta no es retórica: son las cuentas de una comunidad autónoma las que responderían.

No hay, a estas alturas, resolución pública. Si el consulado mantiene la exigencia del ADN y el expediente se atasca, el asunto se apagará en unos meses. Si prospera, dejará un precedente que nadie querrá defender en voz alta: que la reagrupación puede abrirse paso sin ingresos propios y con cargo a las cuentas públicas.