Zapatero traslada al juez Calama la carga de la prueba de las joyas

Zapatero pide al juez que le busque en Qatar el origen de las joyas​

¿Puede un expresidente delegar en un juez la tarea de demostrar que lo suyo es suyo? Es la pregunta que sobrevuela el caso desde que trascendió que José Luis Rodríguez Zapatero, incapaz de certificar el origen de las joyas incautadas en su despacho, pretende que sea el juez Calama quien curse una comisión rogatoria a Qatar para rastrear su procedencia. El compromiso lo adquirió hace casi tres meses: acreditaría de dónde salían en una semana o diez días. No lo ha hecho. Y ahora traslada la carga al juzgado.

De la herencia imposible al «pues estaban ahí»​

El primer dato que chirría es el reloj. Zapatero dijo que demostraría el origen del botín en una semana o diez días; casi tres meses después, la búsqueda de certificados en Arabia, Emiratos y Qatar habría fracasado, según las informaciones publicadas. Ante ese vacío, la defensa pide que sea la justicia quien consiga lo que el expresidente no ha logrado. Una parte del análisis lo lee como pura dilación: una comisión rogatoria internacional garantiza meses de trámite y, con suerte para el interesado, un calendario que se estira. La otra mitad recuerda un detalle incómodo: proponer diligencias no es un privilegio, es un derecho que el artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal concede a cualquier parte personada. El propio juez Calama ya habría rechazado, además, la petición de que no se rastrearan sus cuentas, apuntando a una supuesta contradicción en su voluntad.

La asimetría que escuece: Hacienda frente al juzgado​

En un juzgado rige el artículo 24.2 de la Constitución: la presunción de inocencia sitúa la carga de la prueba del lado de quien acusa. Traducido, el investigado no tiene que probar nada. Hasta ahí, el relato encaja. El problema aparece al cruzar la frontera de la Agencia Tributaria, donde la lógica se invierte y es el contribuyente quien debe justificar su patrimonio. El contraste duele cuando al autónomo de a pie le cae una complementaria por 36 euros y, en paralelo, el incremento patrimonial que se atribuye al expresidente —en torno a 1,3 millones, según las cifras que circulan sobre el caso— sigue sin explicación documentada. El tipo del 30% sobre los incrementos que superan los 300.000 euros se aplica sin pestañear al común de los mortales. La comparación con las comisiones presuntamente no declaradas que se imputan al novio de Ayuso, cifradas en unos 200.000 euros, se la reservan otros.

La joyería que cerró y el rastro venezolano​

Al caso se le ha sumado un ingrediente que ya no es hipótesis de sobremesa. Exclusividades Vagú CA, la firma fundada por el empresario venezolano Fernando Valero Gutiérrez y especializada en alta relojería y joyería en Venezuela, canceló su inscripción registral el pasado 12 de agosto, justo después de que su nombre saltara a la investigación sobre la presunta red económica que rodea al expresidente. La conexión con Venezuela ha dejado de ser un detalle exótico. Y el rastro de una joyería que echa el cierre nunca es un buen síntoma para quien dice que una pieza salió de un regalo.

Qué dice la ley sobre la comisión rogatoria​

Conviene separar el ruido de la norma. Una comisión rogatoria es un mecanismo de cooperación judicial internacional: un juez español pide a las autoridades de otro país que practiquen una diligencia en su territorio, ya sea una declaración o un requerimiento de documentos. No es un atajo ni una garantía de resultado; depende de la disposición del país requerido y de unos plazos que a menudo se cuentan en trimestres. Pedirla no traslada formalmente ninguna carga probatoria a nadie: es una diligencia más que el instructor admite o rechaza. Lo que sí cambia es el relato, porque un investigado que no logra acreditar por su cuenta lo que prometió acreditar queda, cuando menos, con la explicación pendiente.

La escena recuerda al alumno que, pillado sin los deberes, pide que se los haga el profesor. Solo que aquí el aula tiene estrado, la asignatura es el origen de un patrimonio y el examen sigue en blanco. Y si el juez acaba enviando la carta a Qatar, quedará por ver quién responde primero: el instructor, el emir o el calendario.