El nuevo certificado de gas radón: obligatorio, trimestral y con multa
España suma un nuevo trámite obligatorio para los propietarios de viviendas: el certificado de gas radón. La normativa exige mediciones durante tres meses consecutivos con un aparato específico, y el documento debe renovarse periódicamente. Quien no lo tenga se enfrenta a multas.
La medida ha generado reacciones encontradas. Por un lado, está el argumento sanitario: el gas radón es la segunda causa de cáncer de pulmón tras el tabaco, y se concentra en zonas con terreno granítico como Galicia, Extremadura o la sierra de Madrid. Por otro, la percepción de que se trata de otro «chiringuito» burocrático: una nueva obligación que se suma al certificado de riesgos laborales, protección de datos, verifactu y demás cargas para autónomos y comunidades de vecinos.
¿Tres meses de medición o tres meses de espera?
El proceso no es rápido. Los medidores deben permanecer en la vivienda durante un trimestre completo para obtener una lectura fiable. Eso encarece el servicio, porque el técnico debe realizar al menos dos visitas: una para instalar el equipo y otra para retirarlo. Además, el certificado es renovable, lo que abre la puerta a un gasto recurrente.
Detractores de la medida señalan que el riesgo real es menor que otros, como el tabaquismo —que afecta a un tercio de la población española— o los accidentes en piscinas, que causan unos 50 fallecimientos al año. Sin embargo, la normativa europea y la OMS recomiendan niveles máximos de radón, y España ha transpuesto la directiva.
¿Y si se descubre radón en una vivienda ya certificada?
Una de las dudas recurrentes es la responsabilidad. Si un comprador descubre niveles altos de radón en una casa que compró con todas las licencias, ¿puede reclamar al Ayuntamiento? Los expertos apuntan que la responsabilidad recae sobre el vendedor o el propietario, no sobre la administración que otorgó la licencia. Pero la sensación de inseguridad jurídica pesa.
El debate sigue abierto. La implementación de la normativa avanza lentamente, y el tejido empresarial ve una nueva oportunidad de negocio para los certificadores. Mientras tanto, los dueños de viviendas en zonas de riesgo observan con recelo: la obligación llegará, y con ella, el gasto.
Con estos antecedentes, es probable que veamos un mercado de certificaciones de radón en auge, con precios variables según la zona y la urgencia. Lo que está claro es que el papeleo no para de crecer, y que el radón, como tantas otras cosas, encontrará su nicho en la burocracia española.
