Las cuentas reflejan parte de las exigencias del partido de Abascal, como la reducción de las asignaciones a sindicatos y organizaciones empresariales y eliminación de ayudas a entidades de atención a migrantes
María Guardiola (PP) y Óscar Fernández Calle (Vox) aplauden el pasado 29 de julio tras la aprobación de los Presupuestos en Extremadura.E.M.
David Vigario Mérida
Mérida
Actualizado Martes,11agosto2026-01:15
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El pacto entre PP y Vox, que se alargó durante cuatro meses, derivó en la entrada de Vox con dos consejerías (Desregulación y Agricultura), uno con rango de vicepresidente. «Antes que poner el énfasis en nuestras diferencias, que existen, queremos poner el foco en los acuerdos que hemos alcanzado», destacan desde Vox para explicar la letra pequeña de los nuevos presupuestos de 2026, que ha incluido una constante modificación de partidas de una a otra consejería para lograr sacar adelante las cuentas. Así las cosas, si las subvenciones eran suprimidas por las consejerías competentes del partido de Abascal, eran incorporadas posteriormente a las del PP en un difícil juego de equilibrios que se ha jugado en los días previos a las votaciones en la Asamblea.
Las cuentas aprobadas reflejan parte de las exigencias que introdujo Vox para la formación de gobierno, como la reducción de las subvenciones al 50% a sindicatos, organizaciones empresariales, cooperación internacional o entidades de atención a migrantes. De hecho, UGT ya ha anunciado que recurrirán a los tribunales. «Como hemos demostrado, nunca nos ha temblado el pulso para eliminar el gasto superfluo», señaló Óscar Fernández Calle, vicepresidente de la Junta y consejero de Vox. Por el contrario, las cuentas pasan por alto el polémico asunto del principio de prioridad nacional, aquel que para conseguir ayudas o prestaciones públicas se tiene que haber nacido en el territorio.
De forma similar ocurre con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural (Vox). El partido de Abascal quería suprimir una línea de crédito no productiva de 150.000 euros para destinarla a la incorporación de agricultores a la actividad agraria. Y lo ha conseguido. Sin embargo, el PP ha recuperado esta cantidad en una propuesta de modificación en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, que incluía una partida de 216.000 euros en favor de la Consejería de Industria (PP) y así poder destinar esta cantidad a cuatro asociaciones ecologistas.
Por iniciativa propia, el partido de Abascal ha incluido una subvención de 15.000 euros para la Asociación Provida de Badajoz y otra de 50.000 para la Asociación de Custodia Compartida de Extremadura.
En comparación con las ayudas del pasado año, Desregulación ha eliminado cerca de 300.000 euros para tres entidades (Accem, Cepaim y Progestion) que trabajan con población migrante. La consejería que dirige Vox afirma que con ello cumple uno de los puntos del pacto de gobierno con el PP: retirar subvenciones a entidades que promueven la inmi gración ilegal.
«Misión cumplida, con los presupuestos aprobados tenemos estabilidad, tanto la estabilidad política como institucional», proclamó satisfecha la presidenta Guardiola, que contará con las cuentas más altas de la historia (8.854 millones) e introducen una importante rebaja fiscal y ayudas a las familias, natalidad, campo, tauromaquia o campo, aunque lo más importante es que Guardiola alcanza una posición de la que ha carecido casi desde que comenzó su primer mandato en 2023.
María Guardiola (PP) y Óscar Fernández Calle (Vox) aplauden el pasado 29 de julio tras la aprobación de los Presupuestos en Extremadura.E.M.
David Vigario Mérida
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El pacto entre PP y Vox, que se alargó durante cuatro meses, derivó en la entrada de Vox con dos consejerías (Desregulación y Agricultura), uno con rango de vicepresidente. «Antes que poner el énfasis en nuestras diferencias, que existen, queremos poner el foco en los acuerdos que hemos alcanzado», destacan desde Vox para explicar la letra pequeña de los nuevos presupuestos de 2026, que ha incluido una constante modificación de partidas de una a otra consejería para lograr sacar adelante las cuentas. Así las cosas, si las subvenciones eran suprimidas por las consejerías competentes del partido de Abascal, eran incorporadas posteriormente a las del PP en un difícil juego de equilibrios que se ha jugado en los días previos a las votaciones en la Asamblea.
Las cuentas aprobadas reflejan parte de las exigencias que introdujo Vox para la formación de gobierno, como la reducción de las subvenciones al 50% a sindicatos, organizaciones empresariales, cooperación internacional o entidades de atención a migrantes. De hecho, UGT ya ha anunciado que recurrirán a los tribunales. «Como hemos demostrado, nunca nos ha temblado el pulso para eliminar el gasto superfluo», señaló Óscar Fernández Calle, vicepresidente de la Junta y consejero de Vox. Por el contrario, las cuentas pasan por alto el polémico asunto del principio de prioridad nacional, aquel que para conseguir ayudas o prestaciones públicas se tiene que haber nacido en el territorio.
En este primer ejercicio, Vox no ha conseguido maximizar todos sus objetivos en la reducción de subvenciones, entre otras cosas porque el gobierno de María Guardiola los ha asumido. El primero de ellos es el del apoyo al colectivo LGTBI en zonas rurales y para la atención a mujeres víctimas de trata o explotación sensual. La Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, que dirige Vox, y de las que dependían estas subvenciones, la suprimió de sus ámbitos pero, en cambio, la Secretaria General de Igualdad (órgano dependiente de la Presidencia de la Junta) las ha incorporado como propias. En concreto, la asociación Extremadura Entiende vio cómo se le cancelaban para este año 40.000 euros, mientras que Mujeres en zona de conflicto, para asistir a víctimas de trata o explotación sensual, dejaban de percibir 70.000. Ambas partidas serán ahora competencias de Igualdad (PP). También hay partidas afectadas por los recortes de Vox, pero que han sido recuperadas por los populares, como 15.000 euros para Acción contra el Hambre y otra de 245.000 euros para Plena Inclusión (Salud Mental).
De forma similar ocurre con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural (Vox). El partido de Abascal quería suprimir una línea de crédito no productiva de 150.000 euros para destinarla a la incorporación de agricultores a la actividad agraria. Y lo ha conseguido. Sin embargo, el PP ha recuperado esta cantidad en una propuesta de modificación en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, que incluía una partida de 216.000 euros en favor de la Consejería de Industria (PP) y así poder destinar esta cantidad a cuatro asociaciones ecologistas.
Ambos se dan por satisfechos. Al final, la cantidad se ha doblado. Es un ejemplo más de equilibrio político que han ejecutado en los últimos días, a través de las enmiendas, para llegar a un acuerdo, con cambios continuos de adscripciones en las partidas entre los dos socios: «Respetamos plenamente el ámbito competencial de cada consejería y las decisiones que adopte cada departamento, tal y como figura en el pacto de Gobierno», explican desde Vox a este periódico.
Por iniciativa propia, el partido de Abascal ha incluido una subvención de 15.000 euros para la Asociación Provida de Badajoz y otra de 50.000 para la Asociación de Custodia Compartida de Extremadura.
En comparación con las ayudas del pasado año, Desregulación ha eliminado cerca de 300.000 euros para tres entidades (Accem, Cepaim y Progestion) que trabajan con población migrante. La consejería que dirige Vox afirma que con ello cumple uno de los puntos del pacto de gobierno con el PP: retirar subvenciones a entidades que promueven la inmi gración ilegal.
«Misión cumplida, con los presupuestos aprobados tenemos estabilidad, tanto la estabilidad política como institucional», proclamó satisfecha la presidenta Guardiola, que contará con las cuentas más altas de la historia (8.854 millones) e introducen una importante rebaja fiscal y ayudas a las familias, natalidad, campo, tauromaquia o campo, aunque lo más importante es que Guardiola alcanza una posición de la que ha carecido casi desde que comenzó su primer mandato en 2023.