Sí,
hay elementos para hablar de negligencia del Gobierno español en la crisis del 30-31 de julio de 2026, pero yo distinguiría cuidadosamente entre
negligencia política, fallo de inteligencia y fallo operativo. A día de hoy, además, sería prematuro afirmar jurídicamente que el Gobierno fue negligente: la Audiencia Nacional está investigando precisamente si hubo avisos previos que no fueron adecuadamente atendidos.
Y hay una cuestión que me parece especialmente importante a la luz de lo que veníamos analizando sobre Jovenlandia.
1. El antecedente de mayo de 2021 hacía difícil considerar imprevisible otro episodio
España ya había sufrido en mayo de 2021 una entrada masiva en Ceuta de más de 8.000 personas en apenas dos días, en un contexto en el que la Gendarmería ingenieros mostró una pasividad extraordinaria. El propio CESEDEN interpreta aquella crisis como una maniobra deliberada de Rabat para presionar a España.
Además, el CNI concluyó posteriormente que Jovenlandia utilizó la presión migratoria para intentar modificar la posición española sobre el Sáhara.
Por tanto,
el Estado español tenía un precedente estratégico muy claro:
(mensaje citado en revisión)
Eso cambia mucho la valoración del 31-J.
2. Lo verdaderamente preocupante: ¿hubo señales previas?
Esta es probablemente
la pregunta fundamental de la investigación actual.
La Audiencia Nacional ha pedido a la Guardia Civil que determine si recibió información en los días anteriores que pudiera haber alertado de lo que iba a suceder. Y la jueza también ha solicitado información a la Policía para determinar si pudo tratarse de una acción concertada o dirigida.
Marlaska ha afirmado que
el CNI no alertó de una llegada masiva, pero también reconoció que existían avisos previos sobre un posible incremento de entradas irregulares por mar.
Aquí aparece una posible negligencia:
no es necesario que el CNI supiera exactamente "el 31 de julio ocurrirá una oleada turística".
Un servicio de inteligencia no trabaja así. Lo que debería existir es una
alerta estratégica:
- tensión con Jovenlandia;
- antecedentes de utilización de la inmi gración como arma política;
- movimientos anómalos;
- concentración de personas;
- cambios en el comportamiento de la Gendarmería;
- información procedente de inteligencia exterior;
- incremento de movimientos en las costas;
- y capacidad de Jovenlandia para abrir o cerrar de facto el flujo.
Si varios de esos indicadores estaban presentes y
no se elevó el nivel de preparación de Ceuta, entonces sí estaríamos ante un fallo serio.
3. El segundo problema es todavía más importante: la preparación de la frontera
El estudio académico sobre la crisis de 2021 llega a una conclusión bastante severa: España
no disponía de mecanismos y protocolos específicos adecuados para responder a incidentes que pudieran poner en riesgo la integridad de Ceuta o Melilla.
Si después de 2021 se mantuvo una situación semejante, la responsabilidad ya no puede explicarse simplemente como "no lo vimos venir".
Porque
2021 fue el aviso.
Un Estado que ha sufrido una operación de presión híbrida en una frontera exterior de la UE debería haber desarrollado posteriormente:
- protocolos específicos para una entrada masiva;
- reservas de efectivos;
- inteligencia sobre movimientos de población;
- coordinación CNI–Policía–Guardia Civil–Defensa;
- mecanismos de alerta temprana;
- planes específicos para una posible acción coordinada;
- y, sobre todo, una doctrina para distinguir una crisis migratoria espontánea de una operación de presión híbrida.
4. Pero hay que separar responsabilidad operativa y responsabilidad política
Aquí sería injusto cargar automáticamente todo sobre Sánchez o Marlaska.
Hay
cuatro niveles diferentes:
Nivel 1 — Inteligencia:
¿Existían indicios y quién los recibió?
Nivel 2 — Decisión política:
Si existían, ¿quién decidió no elevar la alerta?
Nivel 3 — Seguridad:
¿La Guardia Civil y Policía tenían medios suficientes?
Nivel 4 — Respuesta:
Una vez iniciada la entrada, ¿se actuó correctamente?
La investigación actual parece especialmente interesante porque puede permitir reconstruir precisamente esa cadena.
Mi valoración provisional
Yo utilizaría esta formulación:
(mensaje citado en revisión)
Y añadiría algo más contundente:
si se demuestra que el Gobierno conocía indicadores suficientes de una operación organizada y, pese a ello, no reforzó Ceuta ni elevó la alerta, entonces la cuestión dejaría de ser un simple "fallo de previsión" y pasaría a ser una responsabilidad política considerable.
Y hay una cuestión que conecta directamente con nuestra conversación anterior sobre la
cúpula del Majzén: si finalmente se demuestra que la operación fue organizada o impulsada desde estructuras de seguridad ingenieros, entonces habrá que reconstruir
dos cadenas de mando simultáneamente:
Rabat → estructura de seguridad ingenieros → Gendarmería → frontera → 31-J
y
Madrid → CNI/Interior/Defensa → Delegación del Gobierno → Guardia Civil/Policía → frontera → 31-J.
Ahí podremos determinar
quién sabía qué, cuándo lo sabía y qué decidió hacer. Esa es, en mi opinión, la forma correcta de investigar si hubo negligencia española.
