Power Ranger en paro
héroe de capa caída
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Pedro Sánchez lleva ocho años gobernando y, durante ese tiempo, se ha enfrentado a una sucesión de crisis que casi parecen las plagas de Egipto azotando a un faraón arrogante: la esa época en el 2020 de la que yo le hablo de ELbichito, los problemas ferroviarios, la DANA, el volcán de La Palma… Y eso sin entrar en los distintos casos de corrupción que han afectado al entorno de su Gobierno, a personas muy próximas a él y a miembros de su propia familia.
Pero, a mi juicio, Ceuta ha sido el episodio que terminó de dejarlo políticamente contra las cuerdas. La percepción que ha quedado en buena parte de la población es la de un presidente desgastado, poco creíble y excesivamente condicionado por su relación con Jovenlandia. Especialmente después de las imágenes y acusaciones sobre la actuación de la policía ingenieros y de las posteriores explicaciones del Gobierno. Todo ello, además, en un contexto en el que Jovenlandia mantiene reivindicaciones territoriales sobre Ceuta y Melilla y existen tensiones territoriales históricas también con Argelia y Mauritania.
Llegados a ese punto, Sánchez tenía dos opciones. La primera era aguantar hasta las elecciones de marzo de 2027, llegar profundamente desgastado y enfrentarse a una derrota muy probable frente a una oposición que, siendo sinceros, tampoco es precisamente para tirar cohetes.
La segunda opción era cambiar por completo el tablero político.
Y, en mi opinión, eso es exactamente lo que ha hecho.
De repente aparece el caso de Mari Carmen, un asunto que por sí solo ya ha conseguido dividir y movilizar a una parte importante de la sociedad. Después llega una nueva movilización por la vivienda que recuerda inevitablemente al 15M, curiosamente quince años después. Y, acto seguido, el Gobierno presenta uno o dos decretos de vivienda elaborados a toda velocidad y con enormes dificultades para conseguir los apoyos parlamentarios necesarios.
Los decretos caen. Sánchez responde diciendo que necesita más fuerza política para poder sacar adelante esas medidas, adelanta las elecciones y se presenta ante la ciudadanía como la persona capaz de resolver el problema de la vivienda.
Ahí está, para mí, la jugada.
Convertir una debilidad política en una nueva narrativa electoral: «No puedo solucionar el problema porque no tengo suficiente fuerza; dadme más poder y podré hacerlo».
Y eso conecta perfectamente con uno de los mayores problemas que tiene ahora mismo el votante medio: la vivienda. Gente asfixiada por alquileres disparados, dificultad para independizarse y precios que durante estos años han aumentado enormemente en muchas ciudades españolas.
Por eso creo que estamos ante una operación política bastante calculada: cambiar el foco, transformar una crisis de Gobierno en una crisis social y presentarse después como el salvador capaz de resolverla.
En resumen: apagar el incendio político con un espectáculo nuevo y pedir al electorado que confíe precisamente en quien lleva años gobernando mientras el problema de la vivienda se agravaba.
Pero, a mi juicio, Ceuta ha sido el episodio que terminó de dejarlo políticamente contra las cuerdas. La percepción que ha quedado en buena parte de la población es la de un presidente desgastado, poco creíble y excesivamente condicionado por su relación con Jovenlandia. Especialmente después de las imágenes y acusaciones sobre la actuación de la policía ingenieros y de las posteriores explicaciones del Gobierno. Todo ello, además, en un contexto en el que Jovenlandia mantiene reivindicaciones territoriales sobre Ceuta y Melilla y existen tensiones territoriales históricas también con Argelia y Mauritania.
Llegados a ese punto, Sánchez tenía dos opciones. La primera era aguantar hasta las elecciones de marzo de 2027, llegar profundamente desgastado y enfrentarse a una derrota muy probable frente a una oposición que, siendo sinceros, tampoco es precisamente para tirar cohetes.
La segunda opción era cambiar por completo el tablero político.
Y, en mi opinión, eso es exactamente lo que ha hecho.
De repente aparece el caso de Mari Carmen, un asunto que por sí solo ya ha conseguido dividir y movilizar a una parte importante de la sociedad. Después llega una nueva movilización por la vivienda que recuerda inevitablemente al 15M, curiosamente quince años después. Y, acto seguido, el Gobierno presenta uno o dos decretos de vivienda elaborados a toda velocidad y con enormes dificultades para conseguir los apoyos parlamentarios necesarios.
Los decretos caen. Sánchez responde diciendo que necesita más fuerza política para poder sacar adelante esas medidas, adelanta las elecciones y se presenta ante la ciudadanía como la persona capaz de resolver el problema de la vivienda.
Ahí está, para mí, la jugada.
Convertir una debilidad política en una nueva narrativa electoral: «No puedo solucionar el problema porque no tengo suficiente fuerza; dadme más poder y podré hacerlo».
Y eso conecta perfectamente con uno de los mayores problemas que tiene ahora mismo el votante medio: la vivienda. Gente asfixiada por alquileres disparados, dificultad para independizarse y precios que durante estos años han aumentado enormemente en muchas ciudades españolas.
Por eso creo que estamos ante una operación política bastante calculada: cambiar el foco, transformar una crisis de Gobierno en una crisis social y presentarse después como el salvador capaz de resolverla.
En resumen: apagar el incendio político con un espectáculo nuevo y pedir al electorado que confíe precisamente en quien lleva años gobernando mientras el problema de la vivienda se agravaba.