La médico investigada por posibles citas falsas es Luisa Real, exconsejera socialista de Sanidad
El informe de Atención Primaria detalla «elementos suficientes» para abrir «una comprobación más exhaustiva» | Señala entradas a su agenda «fuera del horario laboral» y que «tiene ocupados todos los huecos de libre disposición hasta febrero de 2027»
Fue a principios de octubre cuando salió a la luz, a través de este periódico, la queja del equipo médico del SUAP de Los Castros sobre una compañera del centro de la calle Vargas, de Santander, en la que pedía a la Gerencia de Atención Primaria revisar el uso de la agenda de esta profesional ante la sospecha de que se bloqueara huecos de su jornada laboral con citas falsas. El detonante de esa denuncia fue el aumento de pacientes del cupo de dicha médico atendidos en el dispositivo de Urgencias, «ante la imposibilidad de poder citarse» con ella, así como el descubrimiento de algunas consultas programadas en su agenda con personas que desconocían que las tenían y que, en algunos casos, «referían no haber solicitado».
Si el mero hecho de detectarse esa posible práctica de escaqueo ya era noticiable sin darse a conocer el nombre de la aludida (el documento enviado desde el SUAP no la citaba expresamente), el impacto se multiplica por mil cuando se confirma que la investigada es María Luisa Real, la exconsejera socialista del Gobierno PRC-PSOE en la legislatura 2015-2019, que, para más inri, dirigía precisamente el área de Sanidad. Carambolas de la vida. El bombazo estalla en pleno proceso preelectoral, sacudiendo de lleno a la mujer que preside el Partido Socialista de Cantabria, que lleva por bandera la defensa de la sanidad pública y que se acogió a una prórroga de jubilación para seguir en la consulta.
Su nombre aparece en el informe remitido por el gerente de Atención Primaria, José María Pérez Ramos, al gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Luis Carretero, y al director de Recursos Humanos, Juan Ramón Artiga, tras «las comprobaciones realizadas» a raíz del escrito que hizo llegar el 7 de septiembre «el equipo médico del SUAP de Los Castros» a la responsable médica del centro de salud de Vargas. En el nuevo documento, al que también ha tenido acceso El Diario Montañés, se da cuenta de tres hechos que «se han podido objetivar» en la gestión de la agenda de esta médico de familia, así como de «otras circunstancias» apuntadas por el propio personal del centro de salud de Vargas «cuya veracidad no podemos considerar acreditada con la información actualmente disponible», señala el gerente. Es por eso que cree que «deberían ser objeto de una revisión específica» y da traslado a la Gerencia del SCS del asunto, que ya está en manos de la Inspección Médica de la Consejería desde hace días.
Revisión de la agenda
No obstante, el informe de la Gerencia de Atención Primaria avanza que «existen elementos suficientes para considerar necesaria una comprobación más exhaustiva, particularmente mediante la trazabilidad de las agendas, de los accesos a los episodios y, en su caso, de cualquier otra información objetiva que permita confirmar o descartar los hechos comunicados». Pérez Ramos recuerda que el escrito del SUAP de Los Castros «no identifica expresamente a la profesional a la que se refiere». Sin embargo, de las comprobaciones realizadas «se desprende razonablemente» que apuntan a «la Dra. María Luisa Real Gómez», añade. «La propia profesional se puso en contacto con el subdirector médico de esta Gerencia, Luis Rioja, para trasladarle su indignación por el contenido de la información difundida en los medios, que interpretaba como un cuestionamiento de su ejercicio profesional». Y eso ocurrió el mismo día de la publicación de la denuncia.
A partir de ahí, concreta el gerente, se ha podido comprobar que «la profesional tiene ocupados todos los huecos de su agenda de libre disposición (actos administrativos, telefónicos y concertados) hasta el límite actualmente abierto de la agenda, que alcanza febrero de 2027». En este sentido, cabe recordar que la modificación del sistema de agenda que se introdujo la pasada legislatura bipartita, siendo consejero el también socialista Raúl Pesquera, indignó al colectivo médico precisamente porque limitaba su capacidad de citar a sus propios pacientes. Desde entonces, se prioriza la citación directa del usuario a través de la web del SCS o desde los mostradores de admisión de los centros (24 de los 35 huecos de cada día), quedando para la gestión interna el resto y reservando cuatro para las urgencias.
Más dudas por resolver
Son esas citas de libre disposición las que en el caso investigado ya no estarían disponibles en los próximos cuatro meses. Además, «en numerosos actos programados para fechas futuras consta ya una fecha de entrada», al tiempo que «hemos identificado actos con horas de registro en las que, según la información disponible, la profesional aún no habría llegado al centro de trabajo o directamente no podría estar en el mismo», al tratarse de fines de semana a horas nocturnas. ¿Cómo se explica eso? Desde la Gerencia dejan claro que el servicio de Informática ha confirmado que Real no tiene asignada una red virtual (VPN) para entrar al sistema desde el exterior. Son cuestiones que tratará de clarificar el inspector encargado del caso.
Y no serán las únicas sobre las que tendrá que indagar. Desde la Gerencia especifican otras posibles irregularidades apuntadas «por el personal del centro de Vargas» que en una primera revisión «no se han podido acreditar con la información disponible». Entre ellas, apuntan «la citación de la propia profesional, en modalidad de autocobertura» (utilizada para cubrir al compañero ausente), de pacientes cuyo médico titular «se encontraba trabajando»; «el bloqueo de determinadas citas denominadas 'rosas' (actos para el mismo día), que no serían de libre disposición del médico»; y «la transformación de actos inicialmente presenciales en administrativos», reduciendo así la posibilidad de concertar consultas para ser atendidos en persona. Y aún hay más.
Órdenes de citación
Además de comprobar si Luisa Real cumplía con su jornada laboral, toda vez que el informe plantea «la llegada habitual con posterioridad a las 09.00 horas», la Inspección Médica tendrá que determinar qué hay de cierto en otra circunstancia trasladada a la Gerencia: «La indicación sistemática al personal administrativo para que determinados pacientes sean citados en fechas y horas decididas por la profesional, utilizando huecos presenciales que posteriormente serían transformados en atención no presencial, incluso a semanas o meses vista».
La investigación en curso también deberá aclarar si la aludida accedía «a actos programados con varias semanas de antelación», de tal forma que ese movimiento en la agenda «podría impedir su anulación cuando el paciente comunica que no va a acudir, al figurar el acto ya como realizado». Ahora serán las conclusiones de la Inspección las que determinen el alcance de los hechos denunciados.
En todo caso, la investigación en curso vuelve a poner el foco en la última exconsejera socialista de Sanidad, que durante su mandato se vio envuelta en una crisis (de la que salió indemne), por irregularidades en la contratación del SCS, que acabó desembocando en la dimisión de la cúpula que encabezaba Julián Pérez Gil, y sentó en el banquillo a su número dos, el director de Gestión Económica, Javier González, y al entonces gerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo, condenados a 14 y 11 años de inhabilitación, respectivamente, por prevaricación.
