Un mensaje difundido en X califica a los docentes de «comisarios políticos» y afirma que el Estado «quita a los hijos» a las familias que no aceptan sus criterios. La acusación no aporta ninguna prueba y mezcla una crítica ideológica con una sospecha sobre la tutela de menores.
Un mensaje difundido en X califica a los docentes de «comisarios políticos» y afirma que el Estado «quita a los hijos» a las familias que no aceptan sus criterios. La acusación no aporta ninguna prueba y mezcla una crítica ideológica con una sospecha sobre la tutela de menores.
El texto, publicado por un usuario de X, empieza negando la condición de profesores a un colectivo al que llama «comisarios políticos». De ahí salta a una pregunta dirigida a las familias: si dejan a sus hijos cinco días a la semana, seis o siete horas, en manos de esa gente. La cifra de horas no es casual: es el horario lectivo semanal habitual en la enseñanza obligatoria española, que ronda las 25 horas de clase más recreos y actividades.
El mensaje no identifica a ningún docente concreto ni aporta documento alguno. Es una descalificación general. Y ahí está el problema: se acusa a un colectivo entero, sin nombres ni casos, de adoctrinar.
La parte más grave llega después. El texto sostiene que el Estado «quita a vuestros propios hijos si no pasáis por el aro» y lo atribuye a un «estado totalitario socialista». Es una afirmación sobre la retirada de la patria potestad que no va acompañada de ninguna resolución judicial ni expediente administrativo.
En España, la retirada de la tutela de menores exige una resolución judicial y se produce en supuestos tasados de desamparo, regulados en el Código Civil. No es una decisión que dependa de la opinión de un profesor. Presentarlo así convierte una crítica educativa en una acusación sin base.
El mensaje termina con un reproche electoral: «seguid sin votar». Ahí se ve el objetivo. No es un análisis de la escuela, es un llamamiento a castigar a alguien en las urnas usando el miedo a perder a los hijos como palanca.
Ese tipo de mensaje funciona porque toca dos nervios a la vez: la desconfianza hacia lo público y el instinto de protección familiar. No hace falta demostrar nada. Basta con insinuar. Y la insinuación, en redes, viaja más rápido que cualquier desmentido.
Conviene recordar que las decisiones sobre custodia y tutela corresponden a los jueces, no a los centros educativos. Ante cualquier duda sobre un menor, lo prudente es consultar a un abogado o a los servicios sociales.
Esos no son profesores. Son comisarios políticos. pic.twitter.com/z3hwpbBB1s
— Dugall1 Ver publicación en X