Desde 2022 han prescrito 18.601 expedientes de reintegro de cantidades, 614 en lo que va de año
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Alba Cárcamo
15/09/2026Actualizado a las 08:05h.
En los primeros seis meses de este año, Lanbide ha emitido de media 222 reclamaciones al día para que titulares de la Renta de Garantía de Ingresos devuelvan dinero que la Administración les había ingresado sin que cumplieran las condiciones para ello. Les reclama nada menos que 29,5 millones de euros de cuantías ingresadas –este ejercicio o en otros anteriores– por error. El de los pagos indebidos es un grave problema para el Servicio Vasco de Empleo y también para los perceptores, personas vulnerables que se ven en la obligación de restituir esos importes –a veces años después– incluso cuando el fallo es fruta a la Administración. Pero no siempre se pueden cobrar. En muchos casos los mecanismos de control llegan tarde y ese dinero no se devolverá al erario público. Desde 2022, el Gobierno vasco ha dado por perdidos 38 millones tras declarar prescritos hasta 18.601 expedientes de reintegro.
Esta situación se debe, según recoge un informe del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo remitido al Parlamento vasco a petición del PP, a «la imposibilidad» de recuperar el dinero «en los plazos que marca la normativa». Antes, el tiempo tras el que Lanbide no tendría derecho a demandar se situaba en cuatro años. Desde la entrada en vigor en marzo de 2023 de la nueva ley de la RGI, se ha limitado (salvo en algunas circunstancias) a dos años. Es decir, ahora esos expedientes prescriben antes.
El cambio se argumenta en el texto de la propia norma. Justifica que el plazo es ahora «más ajustado a la singular posición» de los titulares de la prestación, personas en «una situación de exclusión o de riesgo de padecerla». En resumen, que protege «el interés público» porque da margen para recuperar el dinero, pero al tiempo ofrece «seguridad jurídica» a los perceptores al «eliminar la incertidumbre derivada del establecimiento de plazos muy prolongados».
37.349
procedimientos
de apremio frente a deudas ha iniciado el Servicio Vasco de Empleo desde 2022, la mayoría de ellos, 20.526, aquel año. Se trata de intentos de cobro forzosos.
164.176
declaraciones
de obligación de reintegros ha notificado Lanbide de forma personal entre 2022 y junio de 2026, por valor de 141,5 millones de euros. En el boletín, 23.814 y 24,5 millones.
En cuanto se detecta un pago indebido, puntualizan portavoces de la consejería, se ponen en marcha mecanismos para «recuperar» el dinero lo más rápidamente posible, a través de fórmulas para «interrumpir los plazos de prescripción». Además, se han implementado «mejoras en los sistemas de cruce de datos» con otras administraciones y, con la nueva ley, se introdujo un procedimiento de agrupación de deudas que agiliza el cobro, porque antes no se comenzaba a pagar una hasta haber devuelto la anterior.
Con estas medidas, aseguran, «se ha disparado «el importe reintegrado, «lo que Lanbide recupera» por cobros indebidos, recientes o no. Así, las devoluciones «subieron un 84%, pasando de 23,6 millones en 2024 a 43,4 millones en 2025». Hasta abril de este año, se han recuperado «10,8 millones». Es cierto además que en los primeros seis meses de 2026 los expedientes prescritos se redujeron a 614 por valor de 445.485 euros (unos 725 euros por reclamación), pero el año pasado se había producido un gran repunte no tanto en el número de casos como en las cuantías. A las 3.488 prescripciones detectadas les correspondían 7 millones de euros, unos 2.000 euros por expediente, cifra similar esta última a la de 2022, cuando cada prescripción hacía perder a las arcas públicas de media 2.391 euros. Los números de entonces, eso sí, nada tienen que ver: se acabó el plazo para 12.148 reclamaciones por valor de más de 29 millones.
«Durante unos años se les acumuló el trabajo», explica Iñaki Uribarri, de la plataforma contra la exclusión Argilan-ESK, que matiza que en los últimos ejercicios son de «un montante menor» porque «no dejan que crezca tanto la deuda» de una persona. Con la nueva ley y «las 19 personas de inspección, que se dedican mucho a esto, es difícil» encontrarse con montantes tan altos. En su opinión, lo que deberían hacer desde Lanbide, algo que ya les propusieron, es «enviar cartas a los perceptores explicándoles que la deuda ha prescrito y tranquilizarles».
Piden condonar deudas a quienes, por errores de Lanbide, solapan sin tener derecho RGI e IMV
Cambio normativo
Los ciudadanos no deben devolver los cobros indebidos si el error es solo de la administración
'Doctrina Cakarevic'
Este no es un tema baladí. Desde 2022, Lanbide ha notificado personalmente 164.176 deudas directas por valor de 141,5 millones –algunas pueden ser repetidas– y 23.814 en el Boletín Oficial del País Vasco por valor de 24,5 millones. «La gestión es un desastre. Lanbide no lo está haciendo bien y es algo sistémico; no hay ningún control», lamenta el parlamentario del PP Álvaro Gotxi.
¿Y por qué se producen esos desfases? Según el departamento, por «los cambios no comunicados o comunicados fuera de plazo en la situación económica, laboral o convencional de las personas perceptoras» y por los «desajustes temporales en el intercambio de información». Para las entidades, por la «lentitud» de la burocracia. Pone como ejemplo Alfonso López, de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión en Euskadi (EAPN), la convivencia entre la RGI y el Ingreso Mínimo Vital, puesto en marcha por el Gobierno central en 2020. Al principio, en algunos casos, y por esperas de «hasta un año» en la concesión del IMV, los beneficiarios seguían cobrando la RGI. Después, se les reclamaba la devolución, «pero no tenían capacidad» para reintegrar ese dinero.