38 millones de la RGI que Lanbide da por perdidos
Lanbide ha tirado la toalla con 38 millones de euros. El Servicio Vasco de Empleo da por perdidos esos pagos indebidos a perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos desde 2022, según las cuentas publicadas en septiembre de 2026. La paradoja es doble: la Administración reclama a personas vulnerables dinero que ella misma ingresó por error, y buena parte de esas reclamaciones ya ha prescrito sin que nadie devuelva nada. Lo que no se sabe —y no se contabiliza— engorda la cifra por debajo.
222 reclamaciones al día y una montaña que prescribe
En los primeros seis meses del año, Lanbide ha emitido de media 222 reclamaciones diarias para que los titulares de la RGI restituyan cuantías ingresadas sin cumplir las condiciones. El importe exigido asciende a 29,5 millones de euros, de este ejercicio o de anteriores. Y ese es solo el flujo vivo: desde 2022 han prescrito 18.601 expedientes de reintegro, 614 en lo que va de año. El dinero, en la práctica, ya no vuelve.
El fallo no siempre es del perceptor. Muchos cobraron lo que la propia Administración les ingresó y, años después, se topan con una deuda que no generaron. Sobre alguien en situación de vulnerabilidad, esa cuenta atrás es cualquier cosa menos neutra.
El solapamiento de rentas: RGI frente al Ingreso Mínimo Vital
Una de las corrientes críticas apunta al diseño del sistema: la RGI autonómica convivió con el Ingreso Mínimo Vital estatal sin que una sustituyera a la otra. Se argumenta que el solapamiento multiplica los controles y, con ellos, los errores y los pagos de más. Se sostiene, incluso, que las comunidades compiten por parecer más solidarias con dinero que no es suyo.
Quién asume el error
La pregunta recorre todo el asunto: quién paga. Hay quien propone descontarlo del sueldo de los responsables de haber pagado mal. Otros miran de reojo a otros organismos públicos vascos, donde sospechan que el agujero es aún mayor y sin cifrar.
Con 38 millones sobre la mesa, 18.601 expedientes prescritos y un goteo diario de reclamaciones, queda la pregunta incómoda: si el error es de la Administración, ¿por qué el primer aviso le llega siempre al más débil?