el gobierno vasco no localiza a miles de perceptores del ingreso minimo vital vasco

Lanbide pierde el rastro de 41.400 perceptores de la RGI: ¿dónde está el dinero?​

¿Cómo es posible que un gobierno que presume de gestión no sepa dónde están miles de personas que cobran una prestación de carácter vitalicio? La respuesta la ha dado el propio Servicio Vasco de Empleo: ha tenido que publicar en el Boletín Oficial del País Vasco 41.400 edictos al no poder entregar las cartas en mano a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). No estamos hablando de notificaciones de trámite menor: entre los 1.807 actos analizados en una muestra, 539 eran reintegros y 50 suspensiones. Es decir, hay gente a la que se le reclama dinero y ni siquiera se les puede localizar.

La tendencia empeora. Según los datos disponibles, en 2022 y 2023 las notificaciones en el BOPV no superaron las 40.000 anuales. En 2024 saltaron a 63.542 y en 2025 rozan las 75.000. Lo que antes era un goteo administrativo se ha convertido en una riada de avisos fallidos. Una persona puede recibir varias notificaciones, pero el volumen sugiere que muchos beneficiarios han desaparecido del radar del sistema.

El debate sobre el destino de los perceptores​

Las explicaciones oficiales no convencen a nadie. Se argumenta que los edictos no prueban por sí solos que los perceptores vivan fuera de España o que cobren fraudulentamente, y que una misma persona puede acumular varias notificaciones. Pero el salto de 40.000 a 75.000 en dos años no se explica solo con repeticiones. Se ha señalado que muchos de los perceptores inlocalizables podrían haber regresado a sus países de origen sin comunicarlo, y que las ayudas seguirían ingresándose en cuentas bancarias. De hecho, se ha recordado el caso reciente de un senegalés que cobró más de un millón de euros con 62 identidades falsas: la trama saltó por casualidad, no por controles internos.

Frente a quienes piden medidas drásticas —como retirar la prestación automáticamente si no se presenta el perceptor en 24 horas—, otros advierten de que el problema no es necesariamente fraude masivo, sino una gestión burocrática incapaz de mantener actualizados los datos de los beneficiarios. La propuesta de usar biometría para acreditar la presencia, impulsada hace tiempo, fue rechazada por el PNV y sus socios por considerarla «facha». Ahora, mientras tanto, los miles de avisos no entregados siguen acumulándose.

El coste económico de la deslocalización​

Si se toma como referencia la prestación media de la RGI, que ronda los 1.000 euros al mes, los 41.400 avisos no entregados —aunque no todos correspondan a perceptores diferentes— representan un volumen potencial de hasta 41 millones de euros mensuales en pagos. Una parte de ese dinero, si los perceptores están efectivamente fuera del país, se estaría fugando al extranjero sin posibilidad de control. Y la administración vasca no solo no lo evita, sino que ni siquiera puede confirmar dónde están los destinatarios.

La ironía del sistema​

Resulta paradójico que mientras a un trabajador autóctono se le suspende la prestación por no renovar el paro a tiempo, a los perceptores inlocalizables se les siga abonando la ayuda mes tras mes. O, como se ha comentado, que Hacienda sea implacable con los españoles que tienen cuentas en el extranjero mientras el sistema vasco de rentas mínimas no sepa dónde están sus perceptores. La solución, en teoría, es sencilla: obligar a los beneficiarios a presentarse periódicamente de forma presencial, o vincular el cobro a la residencia efectiva. Pero la política vasca de «no ser fachas» se lo impide.