El Pionero
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Valeria estuvo dos meses pegada al móvil para intentar conseguir una cita en Extranjería. La documentación de esta colombiana que prefiere utilizar este nombre ficticio para preservar su anonimato, la tarjeta roja, el papel que acredita que su solicitud de protección internacional sigue en trámite, tenía fecha de caducidad: 6 de septiembre de 2024. "Pero no lo logré, no había citas", recuerda.
En esa época, iba a menudo a un locutorio para enviar dinero a su familia en Colombia y un día, comentando su problema, le dieron una solución: ellos sí podían conseguirle una cita. "Todo fue sencillo, yo solo tenía que enviarles mi documentación para que ellos viesen cuando vencía, y con tiempo ellos me consiguieron la cita", cuenta Valeria.
El trámite de cita previa, que es gratuito, tenía sin embargo un coste. "Me cobraron 50 euros, que pagué allí mismo en el locutorio en efectivo", recuerda. Así, Valeria pudo tener su documentación en regla hasta saber si su solicitud de asilo era aceptada.
El caso de Valeria no es único. En los últimos años, la Policía Nacional ha desmantelado distintas tramas que bloqueaban o acaparaban citas para trámites de extranjería mediante programas informáticos para después revenderlas a quienes necesitan resolver trámites urgentes. Los precios por conseguir estas citas podían llegar hasta los 200 euros.
Aunque la actividad de estos intermediarios es ilegal, muchas personas recurren a ellos cuando su situación administrativa y vital depende de conseguir una cita que les permita seguir estando en situación regular mientras esperan a que se resuelva su petición de protección internacional. "Lo pagué, y la verdad, pues gracias a Dios, me renovaron mi tarjeta por otro año más", recuerda Valeria.
Escasez de citas
Elena Muñoz, responsable del departamento jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), lleva años viendo esta situación en las personas que piden asilo en España: "Nosotros intervenimos principalmente en el trámite de protección internacional y observamos este mercado irregular de compraventa de citas, un trámite totalmente gratuito y que no debería tener ningún coste", explica.
Muñoz cuenta que, tras la esa época en el 2020 de la que yo le hablo, "prácticamente en todas las provincias se ha ido dificultando o retrat el acceder a estas citas", y que esa escasez hizo aflorar anuncios "en distintas plataformas, como Wallapop o las Páginas Amarillas, diciendo que se vendían estas citas por precios que podían ir desde 50 a 200€, o incluso más".
Para ella, la raíz del problema es clara: "El origen de este mercado irregular es la escasez de citas. Cuando hay más personas que necesitan citas que citas disponibles, hay quienes se lucran de esta situación". Y pone un ejemplo revelador: "En aquellas provincias donde no ha habido esa escasez de citas, o en aquellos otros trámites, como por ejemplo la protección temporal destinada para las personas que huyen de la guerra de Ucrania, no ha surgido este mercado".
En los últimos años, el sistema de protección internacional ha estado sometido a una gran presión. Según el Ministerio del Interior, en 2025 se formalizaron 144.396 solicitudes de protección internacional y la Oficina de Asilo y Refugio resolvió 160.951 expedientes. Esta cifra supone un incremento del 67,2% respecto al año anterior y es la más elevada desde la creación de la oficina, en 1992.
Pero que se resuelvan más expedientes no significa que el acceso al procedimiento esté garantizado desde el principio. "Según las directivas europeas, si una persona solicita asilo, en un plazo máximo de 3 a 6 días tendría que tener su solicitud registrada", señala Muñoz. Ante el incumplimiento de esos plazos, en junio de 2023, CEAR y más de 20 entidades especializadas presentaron una queja ante la Comisión Europea denunciando cómo en España la falta de citas genera graves deficiencias y dificultades para acceder al procedimiento de asilo.
Y así, en ese atasco, han crecido los intermediarios que prometen, mediante el pago, lo que el sistema no garantiza: una cita previa con la administración.
Voluntarios de la Cruz Roja reciben a migrantes al pisar tierra en la isla canaria de El Hierro.
CEAR ofrece al Gobierno sus centros para acoger a menores solicitantes de asilo tras vencer el plazo de 10 días del Supremo
Vías alternativas y detenciones
Desde el Ministerio del Interior afirman que "Policía Nacional trabaja constantemente para mejorar el sistema de citación y hacerlo más ágil y seguro". En las provincias con mayor demanda, explican, "se han habilitado sistemas alternativos de solicitud al de la página web de cita previa, a través de números de teléfono, correos electrónicos o de atención presencial", y remiten al portal de Extranjería para comprobar qué opción está operativa en cada lugar.
"Por otra parte", afirman desde Interior, "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizan investigaciones para evitar cualquier tipo de embeleco". Así, en mayo de 2023, 69 personas fueron detenidas tras el desmantelamiento de un entramado que, eludiendo las medidas de seguridad de la web de Extranjería, bloqueaba el sistema de citas mediante un bot informático, un programa diseñado para liquidar tareas de forma automática en internet. La trama, que operaba en todo el país, conseguía hacerse con las citas disponibles para después venderlas a precios que iban desde los 30 hasta los 200€.
En septiembre de 2024, la Policía Nacional detuvo en la provincia de Valencia a dos personas que, presuntamente, bloqueaban el sistema online de citas para trámites de extranjería con ayuda de un bot. El caso arrancó tras varias denuncias: los afectados habían pagado por una cita que después comprobaron que no existía.
Meses más tarde, cayó otra red más amplia: 21 detenidos en varias provinciasque utilizaban el mismo sistema para copar citas y venderlas. En los registros, además, los agentes localizaron documentación falsificada vinculada a la cabecilla, usada para tramitar autorizaciones de residencia de forma fraudulenta.
La última detención conocida se produjo en octubre de 2025: dos personas fueron detenidas en el barrio madrileño de Puente de Vallecas, acusados de conseguir citas de forma masiva, en este caso a través del teléfono, y revenderlas por 50 euros cada una.
El problema, además, no sólo afecta a Extranjería. El sindicatoUGT también ha denunciado ese "mercado […]" de citas previas en otros servicios públicos, como la tramitación de prestaciones por desempleo o gestiones en la Seguridad Social.
Para Elena Muñoz, responsable jurídica de CEAR, el cambio de canales ha sido un freno parcial, y la detención de estas tramas es un avance, pero no ha solucionado el problema realmente: “La realidad es que ninguna de estas medidas ha evitado 100% que se sigan vendiendo y comprando estas citas”.
Así, en la práctica, el bloqueo en las citas para la renovación de la documentación provisional se traduce en consecuencias concretas. Sin el documento que te identifica como solicitante, advierte Muñoz, la persona queda más expuesta ante una identificación policial, se retrat el acceso a la autorización provisional de trabajo, se complica el acceso a la asistencia sanitaria, y se cierran vías para entrar en el sistema de acogida, con alojamiento, manutención y apoyo social, psicológico y jurídico.
Los trámites son lentos y tediosos, con renovaciones constantes. Un año después de pagar por esa cita en el locutorio, a Valeria se le volvía a vencer su tarjeta roja: su solicitud de asilo aún no había sido resuelta y necesitaba volver a renovar el certificado que acreditaba que era solicitante de protección internacional. Y de nuevo volvió a vivir la misma situación: los días se encadenaban sin que pudiera conseguir una cita. "Durante mes y medio visitaba la página de extranjería, me quedaba hasta las 12 o 1 de la mañana, pero nunca fue posible encontrar una cita", cuenta Valeria.
Ya no vivía cerca del locutorio, así que un conocido le pasó un número de teléfono: "A él le habían conseguido cita para una renovación, así que yo también me puse en contacto con ellos". Pero esta vez el precio ya era otro: por el mismo trámite por el que un año antes pagó 50 €, ahora le pedían 120 €.
Accedió, hizo el ingreso a través de bizum, y esperó. "Lo más triste", cuenta Valeria, "es que cuando pagué, la señora ya no me contestó, ya desapareció". La habían engañado.
"Uno, como extranjero, lo hace por miedo", comenta Valeria refiriéndose a por qué accedió a pagar por conseguir la cita, "miedo a no sentir que uno tiene esa protección, ese pedacito de papel rojo que le dice a uno que por lo menos está legal aquí y que tiene un permiso de trabajo".
"Entiendo la situación por la que pasan estas personas", reconoce Muñoz, pero insiste, "no podemos alimentar ese mercado" Entre las alternativas, sugiere dejar constancia por escrito: registrar una solicitud dirigida a la unidad competente pidiendo cita y, si no llega, acudir al Defensor del Pueblo o buscar apoyo en entidades especializadas y servicios de orientación jurídica.
Esto es lo que hizo Valeria tras la engaña. A través de CEAR, explica, una trabajadora social la derivó a una abogada que le ayudó a renovar la tarjeta sin volver a pagar a intermediarios. "No tenemos por qué estarle pagando a terceros para que nos hagan este servicio cuando esto nos pertenece también a nosotros. No tienen por qué manipularnos de esa manera y jugar con nuestra necesidad", afirma Valeria.
Hace dos semanas, por fin, le concedieron el asilo. "Esta misma mañana fui a la policía a dejar mis huellas para tramitar mi primera tarjeta de residencia", cuenta contenta. Lleva cuatro años y medio esperando este momento. Pero sabe que esos permisos de residencia no son permanentes, también hay que renovarlos. ¿Y para sacar estas citas para renovación, está igual de complicado? "Bueno, eso es lo que yo hoy mismo le pregunté al policía, y me dijo que tenía que ir presencial a sacar la cita. Esperemos que eso sea mucho más fácil…", dice Valeria, con esperanza pero sin terminar de fiarse.
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En esa época, iba a menudo a un locutorio para enviar dinero a su familia en Colombia y un día, comentando su problema, le dieron una solución: ellos sí podían conseguirle una cita. "Todo fue sencillo, yo solo tenía que enviarles mi documentación para que ellos viesen cuando vencía, y con tiempo ellos me consiguieron la cita", cuenta Valeria.
El trámite de cita previa, que es gratuito, tenía sin embargo un coste. "Me cobraron 50 euros, que pagué allí mismo en el locutorio en efectivo", recuerda. Así, Valeria pudo tener su documentación en regla hasta saber si su solicitud de asilo era aceptada.
El caso de Valeria no es único. En los últimos años, la Policía Nacional ha desmantelado distintas tramas que bloqueaban o acaparaban citas para trámites de extranjería mediante programas informáticos para después revenderlas a quienes necesitan resolver trámites urgentes. Los precios por conseguir estas citas podían llegar hasta los 200 euros.
Aunque la actividad de estos intermediarios es ilegal, muchas personas recurren a ellos cuando su situación administrativa y vital depende de conseguir una cita que les permita seguir estando en situación regular mientras esperan a que se resuelva su petición de protección internacional. "Lo pagué, y la verdad, pues gracias a Dios, me renovaron mi tarjeta por otro año más", recuerda Valeria.
Escasez de citas
Elena Muñoz, responsable del departamento jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), lleva años viendo esta situación en las personas que piden asilo en España: "Nosotros intervenimos principalmente en el trámite de protección internacional y observamos este mercado irregular de compraventa de citas, un trámite totalmente gratuito y que no debería tener ningún coste", explica.
Muñoz cuenta que, tras la esa época en el 2020 de la que yo le hablo, "prácticamente en todas las provincias se ha ido dificultando o retrat el acceder a estas citas", y que esa escasez hizo aflorar anuncios "en distintas plataformas, como Wallapop o las Páginas Amarillas, diciendo que se vendían estas citas por precios que podían ir desde 50 a 200€, o incluso más".
Para ella, la raíz del problema es clara: "El origen de este mercado irregular es la escasez de citas. Cuando hay más personas que necesitan citas que citas disponibles, hay quienes se lucran de esta situación". Y pone un ejemplo revelador: "En aquellas provincias donde no ha habido esa escasez de citas, o en aquellos otros trámites, como por ejemplo la protección temporal destinada para las personas que huyen de la guerra de Ucrania, no ha surgido este mercado".
En los últimos años, el sistema de protección internacional ha estado sometido a una gran presión. Según el Ministerio del Interior, en 2025 se formalizaron 144.396 solicitudes de protección internacional y la Oficina de Asilo y Refugio resolvió 160.951 expedientes. Esta cifra supone un incremento del 67,2% respecto al año anterior y es la más elevada desde la creación de la oficina, en 1992.
Pero que se resuelvan más expedientes no significa que el acceso al procedimiento esté garantizado desde el principio. "Según las directivas europeas, si una persona solicita asilo, en un plazo máximo de 3 a 6 días tendría que tener su solicitud registrada", señala Muñoz. Ante el incumplimiento de esos plazos, en junio de 2023, CEAR y más de 20 entidades especializadas presentaron una queja ante la Comisión Europea denunciando cómo en España la falta de citas genera graves deficiencias y dificultades para acceder al procedimiento de asilo.
Y así, en ese atasco, han crecido los intermediarios que prometen, mediante el pago, lo que el sistema no garantiza: una cita previa con la administración.
Voluntarios de la Cruz Roja reciben a migrantes al pisar tierra en la isla canaria de El Hierro.
CEAR ofrece al Gobierno sus centros para acoger a menores solicitantes de asilo tras vencer el plazo de 10 días del Supremo
Vías alternativas y detenciones
Desde el Ministerio del Interior afirman que "Policía Nacional trabaja constantemente para mejorar el sistema de citación y hacerlo más ágil y seguro". En las provincias con mayor demanda, explican, "se han habilitado sistemas alternativos de solicitud al de la página web de cita previa, a través de números de teléfono, correos electrónicos o de atención presencial", y remiten al portal de Extranjería para comprobar qué opción está operativa en cada lugar.
"Por otra parte", afirman desde Interior, "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizan investigaciones para evitar cualquier tipo de embeleco". Así, en mayo de 2023, 69 personas fueron detenidas tras el desmantelamiento de un entramado que, eludiendo las medidas de seguridad de la web de Extranjería, bloqueaba el sistema de citas mediante un bot informático, un programa diseñado para liquidar tareas de forma automática en internet. La trama, que operaba en todo el país, conseguía hacerse con las citas disponibles para después venderlas a precios que iban desde los 30 hasta los 200€.
En septiembre de 2024, la Policía Nacional detuvo en la provincia de Valencia a dos personas que, presuntamente, bloqueaban el sistema online de citas para trámites de extranjería con ayuda de un bot. El caso arrancó tras varias denuncias: los afectados habían pagado por una cita que después comprobaron que no existía.
Meses más tarde, cayó otra red más amplia: 21 detenidos en varias provinciasque utilizaban el mismo sistema para copar citas y venderlas. En los registros, además, los agentes localizaron documentación falsificada vinculada a la cabecilla, usada para tramitar autorizaciones de residencia de forma fraudulenta.
La última detención conocida se produjo en octubre de 2025: dos personas fueron detenidas en el barrio madrileño de Puente de Vallecas, acusados de conseguir citas de forma masiva, en este caso a través del teléfono, y revenderlas por 50 euros cada una.
El problema, además, no sólo afecta a Extranjería. El sindicatoUGT también ha denunciado ese "mercado […]" de citas previas en otros servicios públicos, como la tramitación de prestaciones por desempleo o gestiones en la Seguridad Social.
Para Elena Muñoz, responsable jurídica de CEAR, el cambio de canales ha sido un freno parcial, y la detención de estas tramas es un avance, pero no ha solucionado el problema realmente: “La realidad es que ninguna de estas medidas ha evitado 100% que se sigan vendiendo y comprando estas citas”.
La puerta de entrada
La cita no es solo una fecha en un calendario. Para quien llega a España y pide protección internacional, es literalmente la puerta de entrada al sistema. "Como solicitante de protección internacional, tienes un documento provisional que indica que tu solicitud está en trámite. Pero esa documentación, hasta que se resuelva tu solicitud, se tiene que ir renovando", explica Muñoz.Así, en la práctica, el bloqueo en las citas para la renovación de la documentación provisional se traduce en consecuencias concretas. Sin el documento que te identifica como solicitante, advierte Muñoz, la persona queda más expuesta ante una identificación policial, se retrat el acceso a la autorización provisional de trabajo, se complica el acceso a la asistencia sanitaria, y se cierran vías para entrar en el sistema de acogida, con alojamiento, manutención y apoyo social, psicológico y jurídico.
Los trámites son lentos y tediosos, con renovaciones constantes. Un año después de pagar por esa cita en el locutorio, a Valeria se le volvía a vencer su tarjeta roja: su solicitud de asilo aún no había sido resuelta y necesitaba volver a renovar el certificado que acreditaba que era solicitante de protección internacional. Y de nuevo volvió a vivir la misma situación: los días se encadenaban sin que pudiera conseguir una cita. "Durante mes y medio visitaba la página de extranjería, me quedaba hasta las 12 o 1 de la mañana, pero nunca fue posible encontrar una cita", cuenta Valeria.
Ya no vivía cerca del locutorio, así que un conocido le pasó un número de teléfono: "A él le habían conseguido cita para una renovación, así que yo también me puse en contacto con ellos". Pero esta vez el precio ya era otro: por el mismo trámite por el que un año antes pagó 50 €, ahora le pedían 120 €.
Accedió, hizo el ingreso a través de bizum, y esperó. "Lo más triste", cuenta Valeria, "es que cuando pagué, la señora ya no me contestó, ya desapareció". La habían engañado.
Denuncia segura
Denunciar las redes que se lucran con la venta de citas es importante, insiste Muñoz, pero para ello hacen faltan asegurar canales de denuncia seguros: mecanismos para que, quien todavía no ha podido entrar en el procedimiento, y por tanto no tiene documentación que le proteja, no se exponga a una expulsión por atreverse a señalar el embeleco."Uno, como extranjero, lo hace por miedo", comenta Valeria refiriéndose a por qué accedió a pagar por conseguir la cita, "miedo a no sentir que uno tiene esa protección, ese pedacito de papel rojo que le dice a uno que por lo menos está legal aquí y que tiene un permiso de trabajo".
"Entiendo la situación por la que pasan estas personas", reconoce Muñoz, pero insiste, "no podemos alimentar ese mercado" Entre las alternativas, sugiere dejar constancia por escrito: registrar una solicitud dirigida a la unidad competente pidiendo cita y, si no llega, acudir al Defensor del Pueblo o buscar apoyo en entidades especializadas y servicios de orientación jurídica.
Esto es lo que hizo Valeria tras la engaña. A través de CEAR, explica, una trabajadora social la derivó a una abogada que le ayudó a renovar la tarjeta sin volver a pagar a intermediarios. "No tenemos por qué estarle pagando a terceros para que nos hagan este servicio cuando esto nos pertenece también a nosotros. No tienen por qué manipularnos de esa manera y jugar con nuestra necesidad", afirma Valeria.
Hace dos semanas, por fin, le concedieron el asilo. "Esta misma mañana fui a la policía a dejar mis huellas para tramitar mi primera tarjeta de residencia", cuenta contenta. Lleva cuatro años y medio esperando este momento. Pero sabe que esos permisos de residencia no son permanentes, también hay que renovarlos. ¿Y para sacar estas citas para renovación, está igual de complicado? "Bueno, eso es lo que yo hoy mismo le pregunté al policía, y me dijo que tenía que ir presencial a sacar la cita. Esperemos que eso sea mucho más fácil…", dice Valeria, con esperanza pero sin terminar de fiarse.
Obligados a pagar para conseguir una cita previa en Extranjería: "Juegan con nuestra necesidad"
La falta de citas en Extranjería alimenta un negocio ilegal alrededor de un trámite que es gratuito. La Policía desmanteló redes que usaban bots y revendían turnos por hasta 200 €.
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