120 euros por revision oficial de butano?

120 euros por una revisión de butano que dura cinco minutos​

Dos operarios uniformados de un concesionario oficial de Repsol Butano se presentan en casa de unos octogenarios. Dicen que la instalación de gas butano tiene que pasar la revisión obligatoria de los cinco años. Cambian las gomas, las abrazaderas y revisan el regulador. El material cuesta menos de 10 euros. El tiempo empleado, menos de cinco minutos. La factura: casi 120 euros. Los afectados solo tienen butano para el termo del agua. La pregunta que recorre el país desde hace años es siempre la misma: ¿es esto normal?

La respuesta corta es no. La respuesta larga es que el precio oficial de la revisión ronda los 61 euros, según el testimonio de un trabajador de una distribuidora de Repsol Butano que participa en la conversación. En Madrid y Barcelona, añade, se suma el desplazamiento. Otro usuario de Asturias aporta una factura de 69 euros IVA incluido por la revisión completa de una instalación con estufa catalítica, realizada por Enastur, el distribuidor oficial en la región. La diferencia entre 61 y 120 euros no es una variación provincial: es un sobrecoste que se repite en cientos de hogares.

El modus operandi: gomas que se rompen solas​

El patrón se repite con precisión de manual. Los técnicos llegan sin cita previa, con uniforme y documentación que parece oficial. Alegan que la instalación está caducada. Si el usuario duda, amenazan con cortar el suministro o con denunciar. Una vez dentro, siempre encuentran algo que cambiar: la goma, el cabezal, el regulador. En un caso descrito, la goma y el cabezal se habían sustituido tres meses antes. En otro, se sostiene que el operario cortó o quemó la goma él mismo para justificar el cambio. El material, insisten varios, cuesta menos de dos euros en cualquier ferretería. La mano de obra, cinco minutos.

La factura final varía. Hay quien pagó 120 euros. Hay quien pagó 200. Una mujer de 75 años pagó 390 euros por revisar la conducción que va de la bombona al termo: un metro de goma y otro de tubo metálico. Su hijo lo cuenta en el mismo tono con el que se denuncia un atraco: «Mañana voy a comisaría». Otro caso: 6.000 euros por un seguro contra explosiones que, según el relato, se ofreció durante la revisión. La póliza se firmó en el mismo momento de la revisión.

¿Es obligatoria la revisión cada cinco años?​

La normativa existe. La revisión periódica de instalaciones receptoras de gas no alimentadas desde redes de distribución es obligatoria cada cinco años. Pero hay matices que la mayoría de los usuarios desconoce. El titular puede contratar la revisión con cualquier empresa autorizada, no solo con la distribuidora. La empresa está obligada a avisar con un preaviso mínimo de dos meses. Y el usuario puede elegir la empresa más barata del listado oficial de su comunidad autónoma. Ese listado se solicita en la delegación de Industria.

El problema es que la mayoría de los afectados son personas mayores que no saben que pueden elegir. Cuando llaman a Repsol, la distribuidora les envía a su empresa revisora. No hay presupuesto previo. No hay comparación de precios. La revisión se convierte en un cheque en blanco. Un participante lo resume con amargura: «No fue un timo, fue de verdad, fue un timo... y así hasta el infinito».

El negocio de la revisión: empresas legales, prácticas dudosas​

No todos los operarios son falsos. Algunos trabajan para empresas legales, con certificados y seguros. Pero el modelo de negocio se basa, según varios participantes, en la opacidad y en la presión. Una empresa acumula denuncias, cambia de nombre y sigue operando. Los técnicos cobran por lo que cambian, no por lo que revisan. Si la instalación está bien, no hay comisión. Si encuentran algo, sí. La conclusión que se extrae de esos relatos es que siempre encuentran algo.

Los afectados no son solo ancianos. También hay propietarios jóvenes que se enfrentan a la misma presión. Un usuario relata cómo un técnico le exigió demostrar que su instalación tenía tres años. Tuvo que enseñarle los papeles para que se marchara. Otro cerró la puerta con llave y llamó a la policía. La recomendación más repetida es simple: no dejar entrar a nadie que no haya sido citado previamente por el usuario. Ni siquiera abrir la puerta.

La alternativa: cambiar las gomas uno mismo​

La goma y las abrazaderas no requieren un instalador autorizado. Cuestan menos de dos euros y se cambian en cinco minutos. Lo que sí exige un técnico certificado es el boletín o certificado de la revisión. Pero ese papel no justifica pagar 120 euros. Varios participantes calculan que el coste real de la revisión, con material incluido, no debería superar los 60 euros. La diferencia es el margen que se embolsa la empresa revisora.

La solución pasa por pedir el listado de empresas autorizadas en la comunidad autónoma y llamar a varias para comparar precios. También por exigir un presupuesto detallado antes de que el técnico ponga un pie en la casa. Y por saber que si la instalación es nueva, no toca revisión. Si solo hay una bombona conectada a un aparato móvil, la revisión obligatoria no aplica. La desinformación es el mejor aliado del sobrecoste.

El dato que descoloca no es el precio. Es que el sistema está diseñado para que el usuario no pueda defenderse. La revisión es obligatoria, pero la empresa la elige el distribuidor. El precio no está tasado. El usuario tipo tiene 80 años y no va a buscar el listado de Industria. La factura de 120 euros no es una anomalía: es el resultado previsible de un mercado sin competencia real y con clientes cautivos. Y mientras nadie lo remedie, seguirá habiendo alguien dispuesto a llamar a la puerta.