Internacional: 153 estados votan a favor de la declaración de esa época en el 2020 de la que yo le hablo de la ONU

La Asamblea General de la ONU adoptó el 12 de octubre de 2026 una declaración política sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias con 153 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. El texto no es jurídicamente vinculante, pero incluye llamamientos a combatir la desinformación sanitaria y deja pendiente el anexo sobre reparto de beneficios derivados de los patógenos, que sigue bloqueado.

La Asamblea General de la ONU votó el 12 de octubre de 2026 en Nueva York una declaración política sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias, conocida por las siglas inglesas PPPR. El resultado fue de 153 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, según el comunicado de prensa difundido por la propia organización. Los tres votos negativos correspondieron a Estados Unidos, Israel y Argentina. Nueva Zelanda y Paraguay se abstuvieron.

El detalle del procedimiento importa más de lo que parece. El texto estaba previsto para su aprobación por consenso en una reunión de alto nivel el 25 de septiembre de 2026, es decir, sin votación formal, sin votos en contra registrados y sin acta nominal. Eso no ocurrió. Solo entonces se convocó una votación nominal que dejó a la vista la disidencia. El consenso era el plan; la votación fue el accidente.

Qué dice la declaración y qué le falta

El documento aprobado no tiene carácter jurídicamente vinculante. No autoriza censura, ni vacunación obligatoria, ni amplía por sí solo las competencias de la Organización Mundial de la Salud. Pero tampoco es un papel mojado. Estas declaraciones funcionan como marco de referencia para legisladores, autoridades sanitarias y financiadores nacionales, que las usan después para orientar normas y presupuestos. La publicación especializada Health Policy Watch la ha calificado de «muy controvertida», lo que da una idea de la temperatura del asunto.

El problema de fondo está en lo que falta. Según el British Medical Journal (BMJ), los Estados miembros no lograron acordar el punto central del futuro acuerdo: la distribución de los ingresos procedentes del intercambio de datos sobre patógenos. Se trata del anexo PABS, siglas de Acceso a Patógenos y Reparto de Beneficios. Sin ese anexo cerrado, el acuerdo sobre pandemias no puede formalizarse por completo ni adquirir plena validez jurídica.

La propia OMS confirmó en su anuncio del 18 de septiembre de 2026 que el anexo PABS pretende sentar las bases de un sistema de respuesta más rápido y presentado como «justo», y que su finalización allanaría el camino para la firma y ratificación del acuerdo. Dicho de otro modo: la declaración del 12 de octubre es el contexto político sobre el que todavía se está construyendo el instrumento jurídico.

Vacunas en 100 días y vigilancia global

La declaración pide ampliar la producción de vacunas, terapias y diagnósticos durante los primeros 100 días ante una amenaza de pandemia. Es un objetivo ambicioso y también un problema. Quien se fija ese plazo acorta inevitablemente el periodo de observación: en tres meses no se generan datos a largo plazo sobre seguridad y eficacia. Eso implica aceptar conscientemente el uso de productos insuficientemente probados, con el potencial de causar daños. No es una interpretación maliciosa; es aritmética de calendario.

El texto también impulsa la expansión de las redes de notificación, los sistemas de alerta temprana, la capacidad de los laboratorios y la infraestructura de salud digital. El borrador del PABS muestra hacia dónde apunta eso. La Red del Tercer Mundo documenta que el texto de negociación actual estipula la notificación de patógenos a la OMS dentro de las 24 a 48 horas posteriores a su identificación. Quien controla la cadena de notificación controla el monopolio de la alerta temprana.

Hay otro punto sensible: el intercambio transfronterizo rápido de material genético y secuencias genéticas de patógenos. El anexo PABS prevé contratos jurídicamente vinculantes que los fabricantes celebrarían directamente con la OMS, con la obligación de aportar vacunas a las reservas internacionales. Es decir, obligaciones privadas dentro de un marco público.

Financiación, censura y el párrafo 57

El comunicado de la ONU señala un déficit anual de financiación de 15.000 millones de dólares e insta a aumentar la financiación internacional, las alianzas público-privadas y el apoyo a la OMS. La pregunta obvia es quién paga y, por tanto, quién fija las prioridades. Hay quien sostiene que una disposición así está diseñada para garantizar los beneficios continuados de las grandes farmacéuticas; es una lectura que circula en el debate y que no está respaldada por pruebas en el texto aprobado.

Menos interpretable es el párrafo 57. En un documento de nueve páginas, ese apartado insta explícitamente a los gobiernos a combatir la reticencia a la vacunación como parte de esfuerzos más amplios contra la «desinformación» y la «información errónea» relacionadas con la salud. La declaración va más allá y aboga por la «gestión de la infodemia», así como por una respuesta a la pandemia que involucre a todos los niveles de gobierno y de la sociedad.

La cuestión de fondo no es si un documento es vinculante, sino si se está creando una categoría en la que las preguntas incómodas pasan a considerarse riesgos para la seguridad. Los años de la COVID-19 mostraron la rapidez con la que una recomendación puede convertirse en una expectativa, y una expectativa en una sanción. La declaración apoya explícitamente la continuación de las negociaciones para finalizar las disposiciones sobre intercambio de patógenos y para posibilitar la firma y ratificación del tratado de la OMS sobre pandemias.

El calendario que viene

Las negociaciones siguen su curso. La octava sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental (GTIV) se celebró del 14 al 18 de septiembre de 2026, seguida de reuniones informales del 5 al 9 de octubre. La novena sesión está prevista del 2 al 13 de noviembre de 2026. Ahí está la próxima oportunidad para cerrar el anexo PABS.

Según el BMJ, la disputa enfrenta a países de ingresos bajos y medios con un grupo de estados europeos ricos y con Estados Unidos, y ese bloqueo impide la finalización del anexo. Mientras persista, el acuerdo es solo un fragmento. Pero un fragmento que puede completarse en cualquier momento.

Formalmente, la declaración no autoriza censura, ni vacunación obligatoria, ni ampliación de competencias de la OMS. Que no sea vinculante no significa que no tenga consecuencias. Estos documentos no son leyes; son directrices. Establecen el marco que otros usarán después. Cuando 153 estados votan a favor y tres en contra, siempre vale la pena preguntarse por qué votan en contra esos tres. No hay respuesta verificable en el texto aprobado, solo la constancia de que la unanimidad prevista se rompió.

Este artículo trata cuestiones de salud pública y derecho internacional; no constituye asesoramiento médico ni jurídico. Para cualquier decisión sanitaria, consulte a un profesional.