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Créditos universitarios en EEUU: 1,7 billones y la morosidad sube​

El volumen de deuda estudiantil en Estados Unidos y el impago creciente​

Un dato descoloca más que cualquier soflama: 1,7 billones de dólares en créditos estudiantiles acumulados en Estados Unidos, según la cifra que se maneja en el asunto. No es una cifra abstracta. Detrás hay titulados que arrastran pagos durante los años en que menos ingresos tienen, justo al incorporarse al mercado laboral, y un impago que crece y que ya se avisó que podía arrastrar a bancos. La discusión sobre si la culpa es del deudor o del sistema se ha convertido en un campo de batalla donde casi nadie se mueve.

Qué ha pasado con la deuda educativa en Estados Unidos​

El punto de partida es una paradoja incómoda. La tasa de paro estadounidense se sitúa en el 4,2%, prácticamente pleno empleo, y aun así hay titulados que no pueden pagar lo que firmaron. El argumento más repetido en una parte del análisis es simple: si hay trabajo, se trabaja, y si hay deuda, se paga. La respuesta contraria señala que el problema no es la falta de voluntad sino la estructura: el crédito educativo se ha encarecido, el acceso a la educación superior se ha convertido en un peaje y los primeros años de vida laboral son los más insolventes.

Hay quien sostiene que el sistema estadounidense, con todo su rigor, es preferible al español, donde se paga entre todos la formación de quien luego emigra y genera riqueza en otro país. Enfrente pesa el argumento de que el modelo de embargo agresivo convierte un error de juventud en una condena financiera de por vida.

El negocio de los títulos y las carreras sin salida​

Una corriente del análisis apunta a que existe una burbuja de titulaciones. Sobran grados, faltan salidas y el mercado laboral no absorbe lo que las universidades producen. La crítica se dirige a lo que se describe como carreras de escasa empleabilidad, mientras se defiende que medicina, informática, ingenierías, derecho o empresa cubren la demanda real. Quien no encaje en ese grupo, sostiene esta tesis, debería trabajar en otra cosa.

La objeción es razonable: ¿quién decide qué es una titulación inútil? La misma pregunta se hizo con carreras que hoy sostienen sectores enteros. Y hay un detalle que suele olvidarse: el negocio no está solo en el título, sino en la preparación de tesis, trabajos de fin de grado y academias virtuales que facturan como un puesto directivo de una empresa del Ibex, según se relata.

Quién paga la formación y quién se lleva el retorno​

El modelo español entra en la comparación por la vía del coste. Las universidades públicas son baratas para el estudiante porque solo cubre una fracción del coste real del curso, y el resto lo asume el contribuyente. Las privadas, antes pagables para la clase media, se han vuelto inalcanzables entre matrícula y alojamiento, sobre todo si hay que mudarse a Madrid, San Sebastián o Bilbao.

La consecuencia es una asimetría: quien estudia en la pública se beneficia de un esfuerzo colectivo, y quien se marcha a otro país a cobrar más se lleva ese retorno. El cálculo completo, con lo que cuesta una carrera fuera de casa y lo que se recupera después, da una diferencia que sorprende a quien lo hace por primera vez.

El impago que puede contagiar al sistema financiero​

La advertencia sobre el riesgo sistémico no es nueva. Un impago creciente de créditos estudiantiles ya se señaló como amenaza para la banca, y la cifra de 1,7 billones convierte cualquier deterioro en un problema que trasciende al deudor. El debate sobre si el Estado debe avalar préstamos de hasta un millón de euros para carreras de élite añade una capa más: el riesgo no es solo del estudiante, es de todos.

¿Y qué pasa cuando el deudor no puede pagar? En Estados Unidos el embargo es real y severo. En España la deuda se diluye entre los contribuyentes mientras el titulado puede marcharse a otro país a cobrar más. Dos modelos, dos formas de repartir el coste, y ninguna de las dos resuelve la pregunta de fondo.

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La discusión sobre la deuda educativa no se cierra con un titular. Se cierra, si acaso, con otra pregunta: si el título ya no garantiza empleo, ¿quién debería asumir el coste de intentarlo?