60.000 okupas a la calle

La moratoria antidesahucios decae y deja 60.000 casos en el aire​

El Congreso tumba el decreto ómnibus y con él el escudo social que desde 2020 impedía desalojar a inquilinos vulnerables. La medida expira el 31 de diciembre y las organizaciones sociales calculan que unas 60.000 familias quedarían afectadas si no se prorroga. Los juzgados, ya saturados, se preparan para un aluvión de procedimientos. La pregunta que sobrevuela el asunto no es jurídica: ¿quién paga el alquiler de quien no puede pagarlo?

Qué cambia con la caída del escudo social​

La norma llevaba casi seis años en vigor. Su no prórroga implica que los propietarios pueden volver a presentar demandas de desalojo contra inquilinos que han dejado de pagar, sin la red de seguridad que exigía alternativa habitacional antes de ejecutar el lanzamiento. Los abogados piden más personal en los juzgados porque el cuello de botella se anticipa monumental. Hay quien sostiene que la cifra real de afectados es mayor: los 60.000 son solo los expedientes ya paralizados, y por cada uno de esos habría otros diez casos en los que el propietario, viendo el muro, ni siquiera inició el proceso. Eso no sale en las estadísticas.

El propietario como enemigo declarado​

El argumento más repetido en el análisis económico es que el riesgo se ha vuelto inasumible. Riesgo altísimo —impago, ocupación, decreto expropiatorio— frente a rendimiento bajo, con precios intervenidos y fiscalidad asfixiante. La respuesta racional, se argumenta, es retirarse del juego: alquiler a estudiantes o turistas, contrato corto, sin derechos de arraigo, o directamente vender. Si el Estado declara enemigo al arrendador, el stock disponible se esfuma. Y cuando el stock se esfuma, el precio sube. La ecuación no tiene misterio.

¿Qué pasa con las 60.000 familias afectadas?​

Los servicios sociales llevan tiempo colapsados y sus presupuestos, según el diagnóstico más duro, apenas alcanzan para nóminas y chiringuitos. No hay alternativa habitacional a escala. Las opciones que se barajan van desde subir el IMV de los desahuciados para que puedan alquilar a costa del erario hasta soluciones que el propio debate califica de políticamente incorrectas. En medio, un dato incómodo: un desalojado es un nuevo ocupante en cuestión de semanas. El problema no se resuelve, se traslada.

El relato oficial y sus grietas​

Durante años se sostuvo que la ocupación era un fenómeno residual, cuatro casos aislados. La cifra de 60.000 expedientes paralizados no encaja con ese relato. Tampoco encaja con la tesis de que todo es una invención de la ultraderecha. Hay una capa de barro de años de moratorias, vulnerabilidades fabricadas y un sistema judicial desbordado desde que se inventó el papel. Y una sospecha que recorre el análisis: cuando los fondos de inversión terminen de comprar vivienda ocupada a precio de derribo, alguien dará la orden de cambiar la ley para desahuciar rápido. Entonces sí.

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El contador jurídico vuelve a cero. Dos años para que un juez dicte sentencia, y antes de esos dos años alguien inventará algo. La moratoria decae, pero el problema sigue exactamente donde estaba.