7291 en telepedro

RTVE emite '7291' y reabre la guerra de las residencias​

¿Se puede convertir un documental sobre muertes en residencias en un arma electoral de doble filo? La emisión de 7291 en dos cadenas de la televisión pública, centrada en la gestión de la pandemia en Madrid, ha reactivado un enfrentamiento que llevaba meses enquistado: el de las muertes en residencias de ancianos durante la primera ola. La pieza, según quienes la han visto, apunta directamente a la presidenta madrileña y a su gestión de los geriátricos. La reacción no se ha hecho esperar: desde el PP se habla ya de gerontocausto como contranarrativa, y desde el entorno de la presidenta se recuerda que la gestión de las residencias dependió de otras administraciones.

Lo llamativo no es el documental. Lo llamativo es que, por primera vez en mucho tiempo, buena parte del espectro político parece coincidir en un punto incómodo: se dejó morir a ancianos. La discrepancia está en quién firma la factura.

Qué dice exactamente el documental 7291​

El título hace referencia al número de fallecidos que el documental atribuye a la gestión madrileña durante la pandemia. La emisión se ha producido en dos cadenas de RTVE, lo que ha sido interpretado por una parte del arco político como un uso partidista de la televisión pública. La acusación central que se lanza contra la presidenta madrileña es la de homicidio por acción u omisión, una imputación que en el material original se formula sin matices y que, a efectos legales, carece de cualquier respaldo judicial.

La defensa que se articula desde el otro lado no niega los muertos. Niega la exclusividad. Se sostiene que el triaje —la priorización de pacientes según criterios de supervivencia— se aplicó en toda España, no solo en Madrid, y que comunidades gobernadas por signos políticos distintos atravesaron situaciones comparables. En Asturias, por ejemplo, se mencionan denuncias contra el gobierno autonómico por muertes en residencias. En La Rioja y Aragón también hubo episodios similares.

El problema de este argumento es que convierte una tragedia en un empate. Y un empate en una tragedia no es consuelo para nadie.

La batalla por el relato: del 8M a los protocolos​

Una parte del análisis sostiene que el documental forma parte de una operación más amplia para desgastar a la presidenta madrileña antes de un ciclo electoral. La emisión en la televisión pública se interpreta como un uso bastardo de un recurso financiado por todos. La respuesta desde el otro lado es que la televisión pública no hace más que recoger lo que los tribunales y las hemerotecas ya documentaron.

El contraataque ha consistido en recuperar declaraciones y tuits de cargos públicos que, en su momento, minimizaron la pandemia o se burlaron de quienes llevaban mascarilla. También se ha rescatado la gestión de las residencias por parte de otras administraciones, con nombres propios incluidos. La pregunta que sobrevuela es incómoda: si el problema fue de todos, ¿por qué el documental se llama 7291 y no España entera?

Hay quien va más allá y sostiene que el verdadero escándalo no es quién gestionó peor, sino que se negó el acceso a hospitales a ancianos y se les aplicó sedación paliativa sin que mediara un diagnóstico individualizado. Esa tesis, que en el material original se defiende con vehemencia, apunta a un problema estructural del sistema sanitario y no a una comunidad autónoma concreta.

Los ancianos que nadie fue a buscar​

Una de las líneas más incómodas del asunto es la que señala a las familias. Se argumenta que muchos mayores permanecieron encerrados en sus residencias mientras sus hijos aplaudían desde los balcones, veían series y hacían bizcochos. La pregunta que se lanza es directa: ¿por qué no los sacaron de allí? Si el confinamiento era domiciliario, la casa familiar era una opción. No se hizo.

Esa omisión, sostienen algunos, genera hoy un sentimiento de culpa que se intenta endosar a un tercero. Es una hipótesis dura y sin datos que la respalden, pero circula con fuerza en el debate público. Lo que sí está documentado es que los hospitales no admitieron a muchos ancianos procedentes de residencias, y que las residencias quedaron sin personal suficiente para atenderlos.

El resultado fue una mortalidad que ninguna estadística oficial ha desglosado con la precisión que el caso merece. Los datos disponibles apuntaban a que la primera ola concentró el mayor número de fallecimientos en centros sociosanitarios, pero la atribución de responsabilidades sigue sin resolverse.

El PP y la acusación de 'gerontocausto'​

Desde el Partido Popular se ha respondido con una acusación simétrica: la de gerontocausto, atribuida al entorno del Gobierno central. La estrategia consiste en trasladar el foco desde Madrid hacia Moncloa y hacia las administraciones que, según esta versión, tomaron las decisiones más letales: el cierre de la atención primaria, la suspensión de diagnósticos oncológicos y cardiovasculares, y el confinamiento de los niños.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido el blanco principal del documental, pero también ha sido su principal beneficiaria política: cada ataque refuerza su perfil de víctima de una maquinaria mediática hostil. Es el efecto backfire que algunos analistas ya anticipaban.

La cuestión de fondo es si el documental busca informar o posicionar. Y la respuesta depende de a quién se pregunte. Lo que no admite discusión es que 7291 personas no murieron dos veces. Murieron una. Y nadie ha dimitido por ello.

---

Al final, la televisión pública ha conseguido lo que ningún debate parlamentario: que se hable de las residencias durante una semana entera. Lástima que se hable de ellas como se habla de un partido de fútbol. Con el mismo entusiasmo y la misma memoria.