El cupo vasco y las pensiones: quién paga los 4.000 millones
El País Vasco presume de las
pensiones más altas de España y de una caja propia que quiere gestionar en solitario. El problema es de dónde sale el dinero. La media de la pensión vasca se sitúa en 1.351,1 euros mensuales, frente a los 908,7 de Extremadura, según los datos que se manejan en el asunto. Y ese diferencial no lo sostiene un milagro económico: según un cálculo que circula en el asunto, lo cubre el resto de los contribuyentes a través del cupo y de las transferencias del sistema estatal. La paradoja es que quienes más cobran son quienes más reclaman gestionar su propia Seguridad Social, mientras el déficit lo asume el conjunto.
El asunto saltó a la actualidad tras el pacto de investidura entre PSOE y PNV, que abre la puerta a distorsiones entre los pensionistas vascos y el resto. El acuerdo reserva al Gobierno vasco un margen para complementos discrecionales, las llamadas
paguitas, mientras el Estado sigue sufragando el grueso de las nóminas. La pregunta que sobrevuela no es si el sistema es generoso, sino si es sostenible cuando la caja única se rompe.
¿Cuánto cuesta el cupo vasco al resto de España?
El cálculo que circula en el asunto habla de un déficit de 4.000 millones de euros anuales que asumen todos los contribuyentes españoles, excluyendo a los beneficiados. La cifra no es menor: equivale a varias décadas de inversión en infraestructuras o a una rebaja fiscal generalizada. Y se suma a un agravio comparativo que no deja de crecer: la pensión media vasca es un 22% superior a la del resto, según los mismos datos.
Hay quien sostiene que ese diferencial es la consecuencia lógica de un mercado laboral con salarios más altos y más años cotizados. En contra pesa el argumento de que el sistema es de reparto y caja única: lo que uno cobra de más lo paga otro de menos. La discusión no es nueva, pero el contexto político la ha reabierto con fuerza.
La Seguridad Social vasca que prometen PNV y Bildu
Tanto PNV como Bildu han prometido crear una Seguridad Social Vasca. Sobre el papel suena a soberanía; en la práctica, plantea una pregunta incómoda: ¿quién paga las pensiones de los que ya están jubilados? Porque la masa de pensionistas actuales seguiría cobrando del sistema estatal, al menos durante un tiempo. Y la recaudación de los cotizantes vascos pasaría a gestionarse desde Vitoria.
El cálculo más optimista asume que el traspaso se haría con un trato bilateral similar a los convenios con países de la UE o latinoamericanos. El escenario pesimista parte de que no habría entrada automática en la UE de un Estado escindido, con lo que los aranceles, las visas y los controles fronterizos entrarían en juego. En medio, una masa de pensionistas cuyo derecho adquirido nadie discute, pero cuya factura sigue sin dueño claro.
El precedente que nadie quiere mirar
La historia reciente ofrece un espejo incómodo. Asturias, región próspera durante décadas, se conformó con generosas prejubilaciones y hoy afronta una caída más dolorosa que la de otros territorios del norte. El paralelismo no es perfecto, pero la advertencia es la misma: vivir del pasado tiene fecha de caducidad. Y el País Vasco, con una economía dependiente del mercado español y del turismo nacional, no es una isla.
A esto se suma el factor demográfico. Las ayudas sociales son más generosas y apenas se inspeccionan, según los datos que se citan. Eso atrae a población, pero también tensiona las cuentas. La inmigración, que en otros lugares se presenta como solución al envejecimiento, aquí se lee como un problema añadido. La discusión está servida.
El pulso político que viene
Con PNV y Bildu sumando una mayoría aplastante de votos y representación, la pregunta es si el independentismo vasco es un proyecto real o un postureo para mantener privilegios. La convocatoria de un referéndum está sobre la mesa, pero nadie ha puesto fecha. Y mientras tanto, el sistema de pensiones sigue funcionando con las reglas de siempre: unos cotizan, otros cobran, y la caja única aguanta.
La ironía es que quienes reclaman la independencia para preservar su nivel de vida son los que más dependen de la solidaridad del resto. Si el País Vasco se fuera, ¿quién pagaría las pensiones de 1.351 euros? La pregunta no tiene respuesta fácil. Y quizá por eso nadie la formula en voz alta.