Pregunta: Abolir la prespitación

Abolir la prostitución: el pulso entre dos economías​

La industria del sexo sigue creciendo y la controversia europea sobre cómo tratarla ha vuelto a la primera línea política. España es uno de los escenarios de esa disputa: abolir o regularizar, dos modelos con consecuencias económicas directas. El asunto no es solo moral; es también una batalla por el dinero negro, la trata y el control de un negocio que se mueve sin factura.

Un negocio que no para de crecer y no aparece en el PIB​

La industria del sexo no tiene estadísticas oficiales fiables, pero todo apunta a que su peso real es mucho mayor del que reconocen las cuentas públicas. El dinero circula en efectivo, sin cotización y sin IVA. Quienes piden regularización sostienen que ahí hay una bolsa de recaudación y de derechos laborales que se está tirando. Quienes defienden la abolición responden que el problema no es la falta de regulación, sino que no debería existir un mercado para la compra de servicios sexuales.

El modelo abolicionista y sus contradicciones​

El abolicionismo tiene raíces intelectuales sólidas: el feminismo radical de Andrea Dworkin y Catharine MacKinnon, que en la década de 1980 marcó la agenda contra la prostitución y la pornografía. En el extremo opuesto, hay quien sostiene que abolir es un oxímoron, porque la actividad siempre encuentra hueco. El ejemplo favorito de los críticos con la prohibición es la Ley Seca estadounidense: 13 años, de 1920 a 1933, en los que vetar el alcohol no acabó con el consumo, sino que entregó el negocio a las mafias. Hay incluso quien propone convertir a las trabajadoras en funcionarias del Ministerio de Sanidad, por la presunta labor social que realizan. No es una propuesta oficial, pero muestra hasta dónde llega el abanico de opiniones.

La Junquera: el caso que desmonta la abolición sobre el papel​

La redada contra el que se describió como el mayor prostíbulo de Europa, en La Junquera, dejó a cientos de trabajadoras en la calle. El desenlace, según varios análisis, no fue su liberación: sin alternativa, muchas acabaron ejerciendo en la vía pública o cayendo en redes de trata. El episodio se utiliza en esta discusión como prueba de que cerrar locales sin un plan de empleo y protección social simplemente desplaza el problema. Es también el argumento favorito de quienes piden regular para poder inspeccionar.

El pulso político: quién controla el sector​

Detrás de la controversia hay una pelea política. Una corriente sostiene que el abolicionismo se usa como instrumento para controlar un negocio que hoy escapa a Hacienda y a los sindicatos. Otros ven en la regulación un intento de legalizar la explotación. La crítica alcanza a la izquierda y a la derecha: los partidos no terminan de pronunciarse, y el votante percibe que el tema se trata como arma electoral antes que como política pública.

Lo único que parece claro es que la prostitución no se va a extinguir por decreto. La oferta y la demanda existen, y la discusión real es si ese intercambio ocurre en la calle, en un local inspeccionado o en una red criminal. Nadie ha explicado todavía cómo se pasa de la abolición al terreno concreto sin dejar a centenares de personas en la cuneta. Ese es el punto donde el análisis se atasca.