Solidaridad de boquilla: la factura que nadie quiere en casa
Abrir la puerta y empadronar a alguien que acaba de llegar es la prueba del algodón que se lanza a cualquiera que defienda la acogida. El padrón no es un gesto simbólico: es el registro municipal de la residencia habitual, y de él cuelgan el acceso a servicios y el reparto de fondos por habitante. En abstracto, la solidaridad sale gratis. En el recibo de la luz, no.
El caso que retrata a todo un partido
En Mallorca, una alcaldesa pidió a sus concejales que acogieran a menores no acompañados. Ninguno aceptó. El episodio, recogido por la prensa, circula como el retrato de una contradicción incómoda: la misma formación que reclama más plazas de acogida no encuentra voluntarios en su propia bancada. Desde el otro lado, la respuesta llega en forma de consigna: «Que se los lleve Pedro Sánchez a La Moncloa».
Caridad vertical, solidaridad horizontal
La objeción más repetida no niega el problema, le cambia el sujeto. Una cosa es la caridad —vertical, de quien da a quien recibe— y otra la solidaridad, que sería horizontal, colectiva, y por tanto responsabilidad del Estado y no de una familia concreta. A esa tesis se le opone un argumento incómodo: la generosidad con el dinero ajeno no cuesta nada, y el billete de salida —Madrid–Buenos Aires desde 462 euros— siempre está disponible para quien no quiera participar del reparto.
Queda una cifra sobre la mesa: 70.000 personas en Ceuta, y otras 70.000 más. Nadie ha dicho todavía en qué pisos vivirían, ni quién firma el contrato. Y ahí, exactamente ahí, se atasca el análisis.