Una subida del SMI de 54 euros se cobra con diez horas menos
El salario mínimo sube
54 euros al mes. La jornada, en una tienda de barrio de Lugo, baja diez horas a la semana. La empresa comunicó a dos empleados el paso de
40 a 30 horas semanales justo después de la actualización, y el relato que acompaña al caso añade la sospecha que nadie firma: que seguirán echando las 40 sobre el terreno y cobrando 30 en la nómina.
No es una anécdota de película. Es la versión de mínimos de un ajuste que se repite por la vía del contrato y del cuadrante.
De 1.080 a 1.134 euros: eso sube el salario mínimo en bruto. En una plantilla corta, el hueco se tapa recortando horas.
¿Qué ha pasado en la tienda de Lugo?
Dos trabajadores que cobraban el SMI reciben el aviso tras la subida: su contrato pasa de jornada completa a
30 horas. La empresa no despide, reduce. Sobre el papel, el salario por hora mejora; en la práctica, la nómina final puede quedar por debajo de la anterior si el recorte de horas supera el incremento del bruto.
Ese es el cálculo que se hace en voz alta:
54 euros más por decreto frente a diez horas menos por contrato. Y encima, la sospecha de que las horas desaparecidas del papel no desaparecen del mostrador. Un contrato de 30 horas con un turno que sigue necesitando 40 es la definición exacta de la trampa.
¿Es legal bajar la jornada de 40 a 30 horas?
No de forma unilateral. El paso de jornada completa a parcial exige acuerdo, y la decisión no corresponde al empleador por su cuenta. La duda razonable, con la ley en la mano, aparece cuando el contrato dice 30 y el turno pide 40: si la empresa no registra la jornada, es ella la que tiene que demostrar que las horas extra no existieron.
La vía habitual pasa por la Inspección de Trabajo.
La carga de la prueba, cuando no hay fichajes, recae sobre quien paga. Y la Inspección tiene competencia para sancionar tanto la modificación de jornada sin acuerdo como las horas que se trabajan y no se retribuyen.
¿Cuánto cuesta de verdad al empresario la subida del SMI?
Más de lo que parece. La subida del bruto son 54 euros, pero el coste real por trabajador, con las cotizaciones sociales incluidas, según un cálculo que circula en el hilo, se estima en torno a
100 euros al mes. Con veinte empleados, ese sobrecoste equivale a una contratación más, según el cálculo que se maneja en el debate.
Y el incremento no es un pago único. Se acumula cada ejercicio:
54 hoy, 54 el año que viene, más al siguiente. El argumento que circula es que la subida no ha venido acompañada de una revisión de las tablas del IRPF ni de una rebaja de cotizaciones, de modo que buena parte del incremento se la queda el sistema fiscal antes de llegar a la nómina.
De 707 a 1.134 euros: la subida que se mide contra la inflación
En 2017 el salario mínimo estaba en
707 euros; ahora, en 1.134. Son seis años y un alza de entre el 50% y el 60%. El debate no es si eso es mucho o poco en términos nominales, sino cómo se digiere en una estructura productiva concreta: un
15% del empleo en la industria y un 10% en el sector primario, con un terciario amplio y muy fragmentado.
Quien defiende la subida sostiene que el SMI es referencia para unos pocos. El dato que maneja la otra parte es que
más de 12 millones de asalariados de los 13 o 14 millones que hay tienen convenio colectivo y quedan fuera de la discusión. La pugna se juega en los márgenes: convenios desactualizados y empresas sin estructura para absorber el golpe.
Los despidos que se suman al mismo relato
Hay más casos. Una trabajadora fue despedida en esas fechas; la empresa prefirió echarla a ella
por ser la más reciente. El despido se reconoció improcedente y se liquidó con vacaciones incluidas. Otro relato apunta a una hermana despedida en el mismo tramo. No son cifras, son casos, y conviene tratarlos como lo que son. En el propio hilo hay quien duda de esa coincidencia y señala que no aparecen más que testimonios sueltos.
Lo llamativo es la coincidencia temporal: ajustes presentados como decisión de empresa justo cuando el coste laboral sube. La pregunta es si la subida del SMI los provoca o si simplemente les da la excusa que faltaba.
¿Ajuste de plantillas o estrategia de fondo?
La tesis más dura sostiene que esto no es un efecto colateral, sino el fin buscado: subir el salario mínimo para que las pymes no puedan pagarlo, ir sacando gente del sistema y sostener el discurso de la
justicia social mientras el empleo se estrecha. Matiz importante: es una tesis, no un dato.
En la otra orilla está el argumento de productividad. Si el negocio no aguanta 54 euros más por trabajador, el problema no es la subida, es el margen: sobran locales, sobran intermediarios y sobran plantillas duplicadas, dice una parte del análisis. La réplica llega por el peso real de la pyme en el empleo y la falta de alternativa en los sectores de baja cualificación.
Con el SMI en 1.134 euros y el contrato en 30 horas, la pregunta ya no es cuánto sube el salario mínimo, sino cuántas horas se le van a quitar para que la subida quepa en la caja.