airberbenear se va a acabar. Una familia con tres descendientes okupa un piso turístico en Lekeitio: «Nos dicen que no se les puede echar»

Una familia con tres hijos okupa un piso turístico en Lekeitio​

Una reserva de tres días, cinco huéspedes en un piso con capacidad para cuatro y una excusa que se estira hasta convertirse en ocupación. El pasado 18 de octubre, una familia con tres hijos —uno de ellos un bebé— accedió a un piso vacacional de Lekeitio (Bizkaia) y, cuando tocaba marcharse, dejó de contestar al teléfono. La propietaria envió a la persona que le ayuda con la limpieza: le abrieron la puerta y le dijeron que no se iban porque no tenían dónde ir. La Ertzaintza identificó a los ocupantes, pero no los desalojó: hay menores y, según les trasladaron a los dueños, no se puede actuar por ahora. La recomendación oficial fue poner una denuncia civil, que puede tardar «mucho tiempo».

Qué dice la ley cuando hay menores implicados​

El caso de Lekeitio no es una ocupación clásica. No hay puerta forzada ni contrato de alquiler firmado: hay una reserva turística que se agotó y una familia que se quedó dentro. Los propietarios denunciaron ante la Ertzaintza, que identificó a los ocupantes pero no ejecutó desalojo. El argumento que les trasladaron es que con menores implicados no se puede actuar ahora. La vía que les queda es la civil, un procedimiento que en la práctica se mide en meses, no en días.

El piso, heredado y rehabilitado con dinero propio, funcionaba como alquiler vacacional desde agosto del año anterior. La familia propietaria lo usa en épocas puntuales y lo saca al mercado el resto del año. Hasta ahora, dicen, sin problemas. En Lekeitio, añaden, el turismo es familiar y la convivencia había sido tranquila.

El negocio turístico, bajo sospecha de todos​

El asunto ha abierto dos frentes. El primero es el de los propietarios de pisos turísticos: si una reserva de tres días puede convertirse en una ocupación indefinida, el riesgo de operar en este mercado cambia de escala. El segundo es el de la propia legalidad del alquiler vacacional. Hay quien sostiene que un piso turístico con licencia y contrato no debería regirse por la ley de arrendamientos urbanos, sino por una lógica más cercana a la hotelera: estancia limitada, pago por adelantado y desalojo como en cualquier habitación. Si el piso no tiene licencia ni registro, el problema es otro: el propietario se queda sin herramientas legales y con la cara de tonto.

La discusión sobre el fraude de ley no es menor. Hay quien plantea que, si el huésped pagó con tarjeta y hay contrato, la ampliación de estancia sin pagar podría considerarse estafa, no ocupación. Si el cobro fue en negro y sin registro, la vía civil es la única puerta y el propietario carga con todos los gastos mientras los ocupantes viven gratis. Los dueños de Lekeitio lo dicen sin rodeos: «Nos preocupa su situación familiar pero quién tiene que actuar es el gobierno vasco, no dejar que recaiga la responsabilidad en un dueño privado».

El cálculo que nadie discute: quién paga los gastos​

Mientras el procedimiento avanza, la propiedad sigue pagando hipoteca, comunidad, suministros e impuestos. Los ocupantes, cero. Ese diferencial es el que ha encendido el debate sobre el riesgo país y el coste de la vivienda. Un alquiler turístico en zona tensionada tiene una rentabilidad estacional: se gana en verano y se pierde en temporada baja. Si encima se añade la posibilidad de una ocupación con menores de por medio, el cálculo de rentabilidad se rompe. No es casual que en el sector se empiece a hablar de blindar la propiedad privada como condición previa para invertir.

Qué pasó con la reserva y por qué nadie la cortó antes​

La secuencia es sencilla. La reserva era de tres días, el mínimo de la plataforma. Llegaron cinco personas cuando el máximo era cuatro. Al terminar, pidieron quedarse un día más: había hueco y la propietaria dijo sí. Después alegaron que una hija estaba enferma y que no podían moverse. La propietaria actuó de buena fe esos dos días. Cuando intentó contactar para decirles que había otra reserva, nadie cogió el teléfono. La persona de limpieza confirmó lo que ya sospechaban: no se iban.

La familia, según el pasaporte, es estadounidense. Ese detalle ha alimentado todo tipo de especulaciones sobre si vinieron con el plan aprendido o si simplemente probaron suerte. Lo que no está en discusión es el resultado: una vivienda privada ocupada, una denuncia civil en marcha y una familia propietaria que no puede usar lo que es suyo.

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¿Cuántos casos como este hacen falta para que la ley deje de tratar una reserva turística como una vivienda habitual? La respuesta, a día de hoy, sigue en el juzgado.