Alejandro Macarrón (CEU): "Lo de que los inmigrantes vienen a pagarnos las pensiones es un planteamiento […]"

Macarrón: el relevo migratorio no sostiene las pensiones​

¿De verdad hace falta traer trabajadores de fuera para pagar las pensiones de los que se jubilan? El responsable de Estudios y Análisis Social del CEU, Alejandro Macarrón, lo tiene claro: para él, sostener que los migrantes llegan para financiar el sistema de pensiones es un planteamiento «patético y penoso». Su tesis parte de un dato que él mismo repite: España pierde unos 200.000 españoles al año, porque hay 200.000 muertes más de españoles que nacimientos de hijos de madres nacidas en España. La pérdida acumulada ronda ya los 1,9 millones y el fenómeno lleva unas cuatro décadas cocinándose, desde que los españoles empezaron a tener menos niños de los necesarios para el relevo generacional.

Qué dice Macarrón sobre el reemplazo y las pensiones​

Macarrón no compra el marco oficial. Con la teoría del llamado «Gran reemplazo» se muestra escéptico —«no creo en ella, pero haberla hayla», resume—, aunque sí sostiene una proyección incómoda: al ritmo actual, en 2044 habría en España más extranjeros que autóctonos. Ese es el eje de su intervención y el punto que la conversación posterior convierte en campo de batalla.

La primera grieta aparece en el vínculo entre migración y cuentas públicas. Hay quien sostiene que la inmigración de bajo nivel formativo y salarial no solo no aporta al sistema, sino que retrae recursos del mismo: es la idea de que el supuesto balón de oxígeno de las pensiones es en realidad una carga neta. Frente a eso, el relato oficial sigue vendiendo el relevo demográfico como solución financiera. Los dos marcos no se tocan.

Los trabajos que «nadie quiere» y la trampa de las condiciones​

El segundo frente es el laboral. La versión amable dice que los migrantes cubren empleos que los autóctonos rechazan: campo, construcción, reparto, hostelería. La versión incómoda responde con una pregunta simple: ¿no será al revés? Si siempre hay alguien dispuesto a aceptar el mínimo, el incentivo para mejorar salarios y condiciones desaparece. La abundancia de mano de obra barata no eleva el suelo, lo hunde.

En esa línea, varios mensajes describen un patrón que atribuyen a la administración: regularizaciones que acaban colocando a personas sin cualificación en obras civiles tras una semana de formación exprés, con el riesgo que eso implica. La anécdota que se repite —alguien que no sabe manejar un martillo percutor enseñado en el propio tajo— sirve de ilustración, no de prueba. Lo que sí es un hecho es la tensión de fondo: sin presión migratoria, el sector tendría que negociar de otra manera.

El envejecimiento que nadie quiere mirar​

El tercer bloque es el demográfico puro. La conversación deriva hacia cuántos españoles de origen quedarán en unas décadas. Hay quien calcula que en 2050 los autóctonos serán minoría en su propio país, y quien responde que esas cuentas ignoran la natalidad real de los grupos que se dan por prolíficos. El dato que nadie discute es el de partida: menos nacimientos, más muertes, y una estructura de edad que se estrecha por abajo.

El cálculo completo, desglosado por cohortes y con los supuestos de fecundidad, es lo que da la medida real del problema. Sin ese desglose, la discusión se queda en impresiones.

Qué se propone para revertir la tendencia​

Las recetas que circulan van de lo drástico a lo estructural: control de fronteras, políticas de retorno, vivienda para autóctonos, fomento de la natalidad, freno al desarrollo turístico, reindustrialización y colonización agrícola. Nadie las presenta como indoloras. El propio planteamiento asume que los primeros años serían duros y que el beneficio llegaría a medio plazo.

El problema político es evidente: hoy ningún partido con representación defiende cerrar fronteras, según sostiene un participante. Eso deja el asunto en un limbo donde el diagnóstico se comparte y la solución no se toca.

El cierre: la cuenta que no cuadra​

Si el relevo migratorio fuera la solución financiera que se vende, las cuentas saldrían solas. No salen. Y mientras tanto, la pérdida de 200.000 españoles al año sigue sumando, silenciosa, sin que ninguna fuerza política asuma el coste de mirarlo de frente.