Alquila su casa para complementar su pensión y el Estado le obliga a mantener a su inquiokupa

Alquila su piso para completar la pensión y lleva 10 meses sin cobrar​

¿Qué ocurre cuando el inquilino deja de pagar y el propietario es un jubilado de 75 años que necesitaba ese dinero para vivir? El caso de Francisco, un pensionista de Málaga que arrendó la casa heredada de sus padres para complementar su pensión, se ha convertido en el retrato de un problema que afecta a miles de pequeños propietarios en España. Su inquilina, una mujer que trabajaba en la propia inmobiliaria que gestionó el contrato y que contaba con contrato indefinido, dejó de pagar desde los primeros meses. Ya son 10 meses sin recibir un solo euro, y el proceso judicial sigue atascado.

La historia, denunciada por la Plataforma de Afectados por la Ocupación en el Parlamento Europeo, desmonta el relato oficial: según la plataforma, la mayoría de los afectados por la inquiokupación no son bancos ni fondos de inversión, sino familias trabajadoras, parejas hipotecadas y personas mayores que arriendan su única vivienda para llegar a fin de mes.

De la confianza al calvario judicial​

El contrato se firmó en septiembre de 2021. Francisco recurrió a una inmobiliaria y una de sus trabajadoras se interesó por el piso. La confianza que le inspiraba que la inquilina fuera una profesional del sector con contrato indefinido se esfumó pronto: los retrasos comenzaron desde el primer momento. Tras enviarle un burofax, la respuesta fue una acusación de acoso, lo que llevó a los propietarios a cortar toda comunicación por miedo a una denuncia.

Al comprobar que la mujer había sido despedida de la inmobiliaria, supuestamente por ser una persona conflictiva, pusieron el caso en manos de los tribunales. Ahí empezó el verdadero laberinto.

El bucle de la vulnerabilidad: cómo se paraliza un desahucio​

Cuando el juez ordena el desahucio, la inquilina alega vulnerabilidad y el juzgado le da diez días para acreditarla. Meses después llega un auto en el que el juez dictamina que no lo ha acreditado con los documentos exigidos y archiva la pieza. Pero entonces ella vuelve a presentar un incidente de suspensión por vulnerabilidad y el proceso regresa al punto de partida. Por segunda vez no lo acredita y el juez vuelve a archivarlo, según la documentación consultada.

«La legislación es maligna, porque permite jugar con la picaresca e invocar esa vulnerabilidad indefinidamente», lamenta Francisco. Su hijo Alejandro lo explica con los papeles en la mano: ahora esperan que se fije una fecha para el juicio, pero el propio juez advierte de que, en cualquier momento, la demandada puede volver a hacer lo mismo y paralizar todo de nuevo.

La respuesta del Defensor del Pueblo: «incide de forma mínima»​

Francisco y Alejandro han recurrido a todas las instancias. En el Ayuntamiento de Málaga ambas partes se sometieron a una intermediación: le ofrecieron ayudas y no las aceptó. También acudieron a la sede del PSOE, responsable del decreto antidesahucios, y al Defensor del Pueblo. La respuesta de esta última institución, asegura el propietario, «da miedo».

«La medida responde a una finalidad social —la protección de las personas en situación de vulnerabilidad—, que incide de forma mínima y temporal sobre la posesión o capacidad de disposición, incidencia que además podrá ser objeto de compensación económica», despacha el asunto el equipo del exministro socialista Ángel Gabilondo.

«¿Cómo que incide de forma mínima? ¿Le parece poco que unos jubilados que alquilan su vivienda para complementar su pensión lleven diez meses sin recibir ni un euro?», se pregunta indignado Alejandro. Y añade que «lo de la compensación económica es mentira»: para recibirla necesitas un auto de un juez que declare vulnerable a la inquiokupa y determine que es la administración la que debe hacerse cargo. Si nunca lo acreditan, ese auto no existe y no se puede recibir nada durante los dos o tres años que tarde en ejecutarse el desahucio.

El efecto colateral: menos oferta y precios más altos​

El caso de Francisco no es aislado. En el análisis económico del problema se impone una conclusión incómoda: la inseguridad jurídica frente a la morosidad expulsa oferta de alquiler y encarece lo que queda. Los datos que manejan los propietarios en distintas ciudades apuntan a una caída drástica de la oferta: en una ciudad de 100.000 habitantes se ha pasado de 530 pisos en venta y 50 en alquiler a 830 en venta y solo 12 en alquiler, con precios estratosféricos.

«Nadie en su sano juicio alquila», resume un propietario que mantiene su primer piso arrendado solo a conocidos y a precio por debajo de mercado para dormir tranquilo. Cuando se vayan los actuales inquilinos, piensa quitárselo de encima. La lógica es simple: si el Estado no garantiza el cobro ni la recuperación de la vivienda en un plazo razonable, el propietario pequeño se retira. Y cuando se retira, el inquilino que no puede comprar se queda sin opciones.

Hay quien sostiene que la solución pasa por favorecer la oferta con seguridad jurídica frente a la morosidad, y no por restringirla. El argumento es que la especulación se combate aumentando el producto disponible, no retirándolo. La otra vía sería ampliar el parque de vivienda social y accesible, pero eso no ocurre a la velocidad que exige el problema.

El fondo del asunto: ¿quién es el vulnerable?​

La paradoja que recorre este caso es la inversión del concepto de vulnerabilidad. La ley protege al inquilino que alega vulnerabilidad, pero el propietario que depende de esa renta para completar su pensión queda desprotegido. «Es vergonzoso que utilicen a unos ancianos de 75 años como escudo social», dice el hijo de Francisco.

En el extremo opuesto, una parte del análisis sostiene que el problema no es la protección del inquilino, sino la existencia misma del pequeño arrendador como figura especulativa. Desde esa óptica, el propietario que alquila una vivienda heredada para complementar ingresos no merece más protección que el inquilino que no puede pagar. El choque entre ambas visiones explica por qué el debate político no avanza: cada bando tiene su propio vulnerable.

Mientras tanto, Francisco sigue esperando una fecha de juicio que puede volver a suspenderse. Y el Defensor del Pueblo, por escrito, ha dejado caer que el derecho a la propiedad privada en España está, de facto, abolido. Una forma elegante de decir que el problema no tiene solución legal a corto plazo.