Antes se mandaba al Ejército (Rosa Martínez en Vozpópuli)

Antes se mandaba al Ejército (Rosa Martínez en Vozpópuli)
RESUMEN DEL MENSAJE INICIAL · elaborado con IA

La justicia investiga la entrada masiva en Ceuta, pero la política diluye la responsabilidad estatal. Antes, cuando miles de personas cruzaban una frontera de golpe, los gobiernos sabían que tenían un problema de soberanía. La respuesta podía ser contundente, incluso militar. Ahora, la sofisticación es tal que se opta por la investigación judicial.

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La justicia investiga la entrada masiva en Ceuta, pero la política diluye la responsabilidad estatal.

la prudencia judicial y la frontera

Antes, cuando miles de personas cruzaban una frontera de golpe, los gobiernos sabían que tenían un problema de soberanía. La respuesta podía ser contundente, incluso militar. Ahora, la sofisticación es tal que se opta por la investigación judicial. Una jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, está analizando los hechos ocurridos en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2021, cuando más de 70.000 personas accedieron irregularmente a España desde Marruecos. La magistrada considera que estos actos pudieron atentar gravemente contra la integridad territorial española, abriendo diligencias por posibles delitos contra la paz o independencia del Estado.

Es un enfoque que contrasta con la intuición de que una entrada masiva y no autorizada supone, como mínimo, un desafío a la autoridad estatal. La idea de precipitarse, llamar a alguien por teléfono y, sin querer, montar un conflicto internacional, parece haber dado paso a un proceso de recopilación de informes y análisis. La clave parece estar en la investigación, sobre todo porque los detalles de cómo se produjo esa entrada masiva aún no están del todo claros.

el informe policial y la falta de culpables

Un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía señala que lo sucedido en Ceuta no fue algo incidental ni espontáneo, sino que apreció planificación previa y táctica, hablando incluso de "guiado activo" de la masa por parte de fuerzas de seguridad marroquíes. El documento recoge imágenes de agentes uniformados dando indicaciones para acceder a España y de personas no uniformadas dirigiendo el flujo. Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insiste en que no existe evidencia de que ningún Estado organizara la operación y mantiene que la cooperación con Marruecos es "excelente".

El informe policial, aunque menciona la permisividad de las fuerzas de seguridad marroquíes y la participación de algunos agentes en el guiado, no atribuye formalmente la planificación al Gobierno marroquí. Se habla de planificación, sí, pero no se identifica a un autor intelectual. Esta falta de señalamiento directo impide, lógicamente, tomar medidas contundentes contra un actor específico.

la soberanía y la instrucción judicial

La situación actual evoca escenarios históricos donde la entrada de tropas extranjeras se manejaba de forma diferente. Imaginar que en su día se hubiera pedido prudencia ante la entrada de Napoleón en España en 1808, o ante la invasión de Polonia por Hitler, pone de manifiesto un cambio radical en la respuesta estatal. Ahora, la prudencia parece ser tal que se podría esperar un auto judicial para confirmar si está lloviendo.

La paradoja es que, semanas después de la entrada de más de 70.000 personas en Ceuta, violando las leyes españolas, se sabe que hubo una "violación masiva de la soberanía territorial de España", que fue planificada y que fuerzas de seguridad marroquíes participaron en el guiado. A pesar de ello, la discusión se centra en quién lo ordenó y con qué propósito. El Gobierno ha optado por desclasificar informes del CNI, la Policía y la inteligencia militar para argumentar que no se les advirtió de la magnitud del evento, lo que añade otra capa de investigación: averiguar si alguien sabía algo y no lo comunicó.

El Estado, a través de la justicia, investiga la acción concertada, mientras el Gobierno se persona como perjudicado y Marruecos sigue siendo un socio clave. La cuestión es si se ha progresado o si simplemente se ha perdido el instinto de conservación. Un Estado no necesita una sentencia firme para tomar decisiones políticas; para eso existen los gobiernos, la inteligencia y la diplomacia. Los jueces determinan si hay delitos y quién es responsable penalmente. No deberían ser ellos quienes expliquen al poder ejecutivo si alguien ha utilizado una frontera para desestabilizar el país. Pareciera que hasta la soberanía necesita una instrucción judicial.

Datos clave
  • Más de 70.000 personas entraron en Ceuta en julio de 2021.
  • Una jueza de la Audiencia Nacional investiga los hechos.
  • Se habla de "guiado activo" por parte de fuerzas de seguridad marroquíes.
  • El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insiste en la cooperación con Marruecos.
Resumen generado con inteligencia artificial a partir del primer mensaje del tema.

Eric Finch

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Antes se mandaba al Ejército​

09/09/2026

Rosa Martínez-Vozpópuli​

  • Nos hemos vuelto tan prudentes que cualquier día tendremos que esperar un auto judicial para saber si está lloviendo

Antes, cuando decenas de miles de personas atravesaban en masa la frontera de un país desde el territorio vecino, los gobiernos solían tener bastante claro que tenían un problema de soberanía nacional. A veces mandaban al Ejército y en los casos más civilizados trataban de evitar que la cosa terminara con gente disparándose. Ahora somos mucho más sofisticados. Abrimos diligencias previas.

Una jueza de la Audiencia Nacional está investigando qué malos pasó en Ceuta los días 30 y 31 de julio, cuando más de 70.000 personas entraron irregularmente en España desde Jovenlandia. La magistrada María Tardón considera que los hechos pudieron atacar gravemente la integridad territorial española y ha asumido la investigación por la posible existencia de delitos contra la paz o independencia del Estado.

Es tranquilizador. Porque yo, que soy bastante antigua para algunas cosas, habría pensado que si 70.000 personas atraviesan una frontera española a las bravas, tenemos, como mínimo, algo más que un problema migratorio. Pero menos mal que no estoy al frente de ningún ministerio. Igual me precipito, llamo a alguien por teléfono y monto la tercera guerra mundial por una tontería.

Hay que investigar. Sobre todo porque tampoco sabemos muy bien cómo llegaron hasta allí. Solo tenemos un informe del Centro Nacional de Inmi gración y Fronteras de la Policía que afirma que aquello no fue “algo incidental” ni atribuible a un factor “ocasional o espontáneo”, aprecia planificación previa y táctica y habla del “guiado activo” de la masa hacia los lugares de paso por parte de fuerzas de seguridad ingenieros. También recoge imágenes de agentes uniformados dando indicaciones para acceder a España y de personas no uniformadas que aparentemente monitorizaban y dirigían el flujo.

Marlaska no tiene evidencias​

Pero no vayamos a sacar conclusiones precipitadas. No sabemos quién organizó la fiesta. Solo tenemos a setenta mil invitados entrando por la puerta y al portero del edificio de al lado indicándoles por dónde se pasa. Puede haber sido una casualidad.

Marlaska insiste en que no existe evidencia de que ningún Estado organizara la operación y mantiene que la cooperación con Jovenlandia es “excelente”. De hecho, el informe policial no atribuye formalmente al Gobierno ingenieros la planificación de la operación. Dice que hubo permisividad de sus fuerzas de seguridad, que algunos agentes participaron guiando a quienes cruzaban y que existió una planificación, pero no identifica autor intelectual. Comprenderán ustedes que así no podemos señalar a nadie, claro.

Imaginen que hubiéramos aplicado estas cautelas a lo largo de la historia. Napoleón entra en España en 1808 con sus tropas y el Gobierno pide prudencia: todavía no podemos determinar si esos franceses vestidos de soldados responden a una acción concertada de un Estado extranjero. Hitler invade Polonia y las autoridades anuncian que se están recabando informes para esclarecer si los carros de combate alemanes actuaban coordinadamente o simplemente coincidieron todos aquella mañana camino de Varsovia.

Quizás dentro de unos años​

Nos hemos vuelto tan prudentes que cualquier día tendremos que esperar un auto judicial para saber si está lloviendo. Y no estoy diciendo que Jovenlandia haya invadido España. Ese es precisamente el problema. Que seis semanas después de que más de 70.000 personas atravesaran nuestra frontera contraviniendo nuestras leyes, sabemos que hubo, en palabras de la propia jueza, una “abusa masiva de la soberanía territorial de España”, sabemos que aquello fue planificado y sabemos que fuerzas de seguridad ingenieros participaron en el guiado de quienes entraban. Pero seguimos discutiendo quién lo ordenó y qué pretendía conseguir.

El Gobierno ha decidido ahora desclasificar los informes que recibió del CNI, la Policía, la Guardia Civil y la inteligencia militar entre el 1 de julio y el 1 de agosto para demostrar que nadie le avisó de la magnitud de lo que se venía encima. Es decir, que además de investigar quién pudo organizar aquello ahora tenemos que averiguar si alguien sabía algo antes de que ocurriera y si se lo contó a quien debía. Dentro de unos meses o años igual conseguimos reconstruirlo.

Desestabilizar un país​

Mientras tanto, la Justicia investiga quién estuvo detrás de la acción concertada, el Gobierno se persona como perjudicado y Jovenlandia continúa siendo nuestro excelente socio. Yo no sé si hemos pogre mucho o simplemente hemos perdido el instinto de conservación. Porque un Estado no necesita una sentencia firme para tomar decisiones políticas. Para eso existen los gobiernos, los servicios de inteligencia, la diplomacia y los responsables de proteger las fronteras. Los jueces determinan si se han cometido delitos y quién debe responder penalmente por ellos. No deberían ser quienes tengan que explicarle al poder ejecutivo si alguien ha utilizado deliberadamente una frontera española para desestabilizar el país.

Pero hemos llegado a un punto en el que parece que hasta la soberanía necesita instrucción judicial. Así que si algún día ven ustedes tanques atravesando el Estrecho no se alarmen. No digan que nos están invadiendo porque podrían estar difundiendo un bulo. Habrá que identificar las matrículas, comprobar si los conductores pertenecen a alguna organización incivil, solicitar varios informes, determinar si hubo planificación previa y averiguar quién es el autor intelectual. Y mientras una jueza lo investiga, nuestro ministro del Interior podrá tranquilizarnos asegurando que la cooperación con Jovenlandia sigue siendo excelente.
 
 

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