Antonia, un año después de que la justicia perdonase su deuda de 115.000 euros: “en mi casa ya no falta la comida"

Un año después del perdón de 115.431 euros, Antonia vuelve a llenar la nevera​

En octubre, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Murcia exoneró a Antonia y a su marido César de una deuda de 115.431 euros al aplicar la Ley de la Segunda Oportunidad. Casi un año después, la mujer relata que ya no necesita pastillas para dormir, que puede pagar el material escolar de su hija de 14 años y que por primera vez en dos décadas podrá irse un fin de semana de vacaciones. La historia, publicada por Vozpópuli, ha reabierto el debate sobre quién paga cuando alguien deja de pagar.

El caso arranca en la crisis de 2008. La panadería que regentaban en Madrid fue perdiendo clientes, las ventas caían y los gastos subían. Cedieron la tienda a un familiar, perdieron la casa por embargo y subasta, y se mudaron a Murcia a buscar trabajo en el campo. En 2011, a Antonia le detectaron un cáncer de útero que le impedía trabajar. Con el sueldo de su marido, la deuda era inasumible. «Cada vez que la nómina llegaba al banco, automáticamente el juzgado la retiraba», relata. Recibían una media de 30 llamadas al día reclamando el dinero, además de cartas certificadas y correos. Su marido intentó quitarse la vida tres veces.

Qué es la Ley de la Segunda Oportunidad​

La norma permite exonerar el pasivo insatisfecho de deudores que, habiendo querido cumplir con el pago, no han podido. El propio despacho que llevó el caso la describe como la comparación de dos males: se legaliza el impago a los acreedores para rehabilitar a una persona condenada a vivir en la economía sumergida. «No se trata de no pagar deudas que son incómodas de pagar, se trata de rehabilitar al deudor arruinado que no tiene otra manera de salir adelante», sostiene el análisis jurídico del caso.

Antonia acudió a tres abogados antes de encontrar uno que le dijera que su caso era viable. Los tres letrados le respondieron que no podía acogerse a la ley porque su negocio debía haber cerrado previamente. Tras salir del hospital y ver en redes sociales al despacho Bergadà Asociados, lo intentó una última vez, a espaldas de su marido, que ya había tirado la toalla. En octubre, el juzgado les exoneró.

El riesgo moral que nadie quiere mirar​

La reacción al caso ha sido mayoritariamente escéptica. La crítica más repetida es la del riesgo moral: si el impago se perdona, el incentivo para endeudarse sin prudencia crece. «En 5 años estará otra vez endeudada hasta las cejas y pidiendo un nuevo rescate», resume una postura extendida. Otros señalan que las clases de piano y el viaje a Port Aventura son un síntoma de que no se ha aprendido la lección: «¿Se arruinan con deudas de 115.000€ y ahora les da para clases de piano y vacaciones?», se pregunta con retintín.

Hay quien va más allá y sostiene que la ley debería generalizarse para disciplinar a la banca. El argumento: si los bancos supieran que no van a recuperar el dinero, dejarían de dar préstamos a diestro y siniestro y se acabaría la economía ficción basada en crédito para irse de viaje. Enfrente, la objeción clásica: los bancos no pierden, trasladan el coste al resto de clientes vía tipos y comisiones. «Al final eso lo pagas tú», resume una intervención.

Autónomos, Hacienda y el agujero de la educación financiera​

El caso de Antonia no es aislado. La discusión deriva hacia los autónomos que pierden el negocio y se pasan años pagando deudas a Hacienda y a la Seguridad Social, y hacia el agujero de educación financiera en España. «Muchos alumnos creen que el dinero que presta el banco no se devuelve», se apunta como diagnóstico del problema de fondo. La conclusión que comparten voces de signos opuestos: la ley no está mal, pero su aplicación necesita filtros para que no se aprovechen de ella los jetas.

El detalle más incómodo del relato es el de la vivienda. La casa fue embargada y subastada, y aun así quedó deuda pendiente. La antigua ley hipotecaria permitía perder el piso y seguir endeudado de por vida; la actual permite entregar la vivienda y cancelar el pasivo. Ese cambio, unido a la Ley de la Segunda Oportunidad, dibuja un marco más protector para el deudor de buena fe. La pregunta que queda sin respuesta es cuántos de los beneficiados lo son de verdad.

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Antonia dice que nunca más pedirá un préstamo, ni para financiar una televisión. «Prefiero estar leyendo tres meses y ahorrar para pagarla del tirón». Es la moraleja que el relato oficial quiere vender. El problema es que la ley no distingue entre quien aprende la lección y quien la usa como puerta giratoria.