António propone a Charo Peramato como nueva Fiscala Generala

Peramato, propuesta como fiscal general tras la renuncia de García Ortiz​

El Consejo de Ministros inició el proceso para designar a Teresa Peramato Martín como nueva Fiscal General del Estado, en sustitución de Álvaro García Ortiz, que presentó su renuncia tras ser condenado a dos años de inhabilitación por el Tribunal Supremo. Peramato ocupó la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025 y es fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal del Supremo, además de Fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas. El nombramiento ha reabierto la disputa sobre la independencia del ministerio público: el PP exige que el cargo cuente con el aval del CGPJ y sostiene que lo relevante no es quién ocupa el puesto, sino quién la nombra.

Un currículum marcado por la violencia de género​

La trayectoria de Peramato está ligada casi por completo a la lucha contra la violencia machista. En 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid y formó parte del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer que elaboró el primer informe anual del organismo, en 2007. Se la considera una de las impulsoras de la especialización judicial en esta materia.

Ese perfil, que en teoría debería ser un aval técnico, se ha convertido en el principal argumento de la crítica. Hay quien sostiene que la especialización en violencia de género funciona como etiqueta ideológica y no como mérito profesional, y quien responde que precisamente esa experiencia es la que cualifica para el cargo. El debate no es nuevo: cada vez que se nombra un fiscal general, la discusión se desplaza del candidato al sistema que lo elige.

¿Por qué el PP pide el aval del CGPJ?​

El Partido Popular ha acogido la propuesta con profunda cautela. Tellado ha cargado contra Sánchez por politizar la Fiscalía y contra Yolanda Díaz por alentar manifestaciones contra el Supremo, y ha resumido su posición en una frase: lo importante no es la nueva fiscal general, sino quién la nombra. Feijóo ha exigido que el nombramiento cuente con el aval del Consejo General del Poder Judicial. Abascal, por su parte, ha declarado tener todas sus sospechas y prevenciones.

La objeción de fondo no es el perfil de Peramato, sino el mecanismo. El fiscal general se nombra a propuesta del Gobierno, sin necesidad de refrendo del órgano de gobierno de los jueces. Quienes defienden el sistema actual argumentan que el fiscal general es un cargo de confianza del Ejecutivo por diseño legal y que su sometimiento al principio de legalidad se controla después, en los tribunales. Quienes lo critican responden que un cargo de confianza nombrado por quien puede ser investigado es una contradicción en sí misma.

La sombra de García Ortiz y la renuncia que lo cambió todo​

El contexto inmediato es la salida de García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por el Tribunal Supremo. Esa condena, la primera de este calibre a un fiscal general en ejercicio, ha dejado el cargo tocado y ha convertido cualquier relevo en un examen público. La discusión sobre Peramato no se puede leer sin esa mochila: se discute menos su biografía que la herencia institucional que recibe.

Hay quien sostiene que el relevo llega tarde y que el daño a la credibilidad de la Fiscalía ya está hecho. Enfrente, el argumento de que la institución se recompone con normalidad y que el problema era una persona, no el sistema. La discusión se ha desplazado, en cualquier caso, del quién al cómo: el proceso de designación, el papel del CGPJ y la relación entre Gobierno y ministerio público concentran ahora el interés.

El perfil que descoloca a propios y extraños​

En el terreno más terrenal, la conversación ha derivado hacia el perfil personal y profesional de la candidata. Se la describe como una fiscal con amplia trayectoria en violencia de género, crítica con el Ejecutivo madrileño, y se especula con su encaje en un cargo marcado por la exposición pública. La comparación con otros nombres del ámbito judicial ha sido inevitable, igual que la discusión sobre si su especialización la convierte en una elección técnica o en una elección política.

La pregunta que sobrevuela el nombramiento es si Peramato podrá ejercer con la autonomía que el cargo exige cuando su designación depende del mismo Gobierno cuyas actuaciones puede tener que investigar. No hay respuesta cerrada. El proceso acaba de arrancar y el PP ya ha anunciado que lo vigilará de cerca.

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Con estos mimbres, el cierre del proceso de designación será la primera prueba real de Peramato. Si el aval del CGPJ se exige y no llega, el desgaste será inmediato; si llega, quedará por ver si el gesto basta para recomponer una institución que arrastra una condena histórica a su máximo responsable.