¿Aqui que tiene que pasar para que el presidente dimita?

¿Qué tiene que pasar para que dimita un presidente?​

La pregunta recorre España desde hace meses y no tiene respuesta. Según un cálculo que circula en el debate, desde 2018 no ha dimitido ningún miembro del Gobierno, el periodo más largo de la democracia sin una sola salida por corrupción o ética. Ni la borrasca que golpeó Levante, ni el accidente del AVE, ni los casos que salpican a Koldo, Ábalos o Aldama han movido una silla. El Ejecutivo no se va y la oposición tampoco lo empuja.

La comparación duele. Gobiernos anteriores, con Felipe González o Zapatero, acumularon dimisiones por escándalos. Aquí no cae nadie. La cifra que resume el hartazgo circula por los mentideros: cero presidentes dimitidos y una quincena de ministros cesados por corrupción o ética desde 1978. Todos, salvo excepciones, del mismo color político.

El récord que nadie quiere celebrar​

Hay un dato que se repite en cualquier conversación sobre el tema: desde 2018 no ha dimitido nadie del Gobierno. Ni un ministro, ni un secretario de Estado, ni un asesor. El periodo supera en longevidad a los de González y Zapatero, que sí cargaron con alguna cabeza cuando el escándalo apretaba.

La lectura que se hace desde la calle es simple: no hay honra. Los cargos públicos cobran un sueldazo y se agarran al sillón. La dimisión, esa palabra que en otros países resuelve crisis en 48 horas, aquí suena a idioma extranjero. «Dimitir es un nombre ruso», resume una de las frases que circulan.

El argumento contrario también existe, aunque con menos eco: si el presidente convoca elecciones y las pierde, se va. Es el mecanismo democrático. El problema es que nadie se fía de que el mecanismo funcione cuando hay de por medio un pucherazo, real o supuesto.

Los casos que no tumban a nadie​

La lista de asuntos abiertos es larga. El caso Koldo, el caso Ábalos, el caso Aldama. Y el apellido que el propio presidente soltó en sede parlamentaria para desviar el foco. Ninguno ha provocado una salida. La maquinaria aguanta.

Lo mismo con los desastres naturales y técnicos. La borrasca que arrasó el Levante y dejó víctimas mortales. El accidente del AVE. Los incendios del verano anterior, con los rastrojos sin tocar. La gestión del volcán. Cada episodio se cierra sin un responsable con nombre y apellido que recoja sus cosas y se marche.

Hay quien sostiene que la culpa es de la oposición, que no sabe hacer una moción de censura que retrate a quienes sostienen al Gobierno. Y hay quien responde que la moción no serviría de nada: el bloque que sostiene al Ejecutivo es impermeable a la vergüenza.

¿Por qué no dimite un presidente en España?​

Porque no existe un mecanismo que le obligue. El sistema no prevé la dimisión forzosa por pérdida de confianza salvo por vía parlamentaria, y esa vía requiere una mayoría que no se ha materializado. El presidente controla el presupuesto del Estado, lo que en la práctica le permite sostener alianzas y repartir favores.

La consecuencia es un Ejecutivo que lleva más de tres años sin aprobar unos presupuestos generales y sigue gobernando con prórrogas. La paradoja es que esa debilidad presupuestaria no le ha costado el cargo a nadie.

El relato oficial no reconoce ningún desgaste. Las reservas turísticas para el verano, según los responsables del sector, van «a reventar». La economía aguanta gracias a los fondos europeos y a los eurobonos, según quienes siguen la pista del dinero. La pregunta incómoda es qué pasará cuando esa ayuda se acabe y alguien pregunte dónde se gastó.

La dictadura que no se llama así​

En las conversaciones más duras se ha instalado una idea: esto ya no es una democracia, es una dictadura encubierta. Se apoya en tres pilares: más de tres años sin presupuestos, corrupción por todas partes e infraestructuras abandonadas a su suerte.

La tesis no es unánime. Hay quien responde que la democracia formal sigue en pie y que lo que falla son los contrapesos: jueces, medios, parlamento. «Hacen falta jueces honestos que le metan en la cárcel», resume una de las salidas que se apuntan.

Otra corriente señala hacia arriba: las logias masónicas, los poderes fácticos, el régimen del 78. La sospecha es que el presidente no responde ante los votantes sino ante quienes le mantienen. Si eso fuera cierto, la dimisión no depende de España.

El pueblo que no se une​

El diagnóstico más repetido no señala a La Moncloa. Señala a la calle. Mientras el voto se divida y el personal siga a lo suyo, el Gobierno tiene margen. «Entre el pueblo español trabajador no hay unidad», se lamenta. Se trabaja para que otros vivan bien.

La escena que se describe es conocida: vecinos en perfecto estado de salud que llevan décadas sin trabajar, mientras otros se dejan la espalda. El agravio comparativo alimenta la abstención y la indignación, pero no derriba gobiernos.

Y luego está el factor humano. Si cada mes te ingresan 15.000 o 20.000 euros por ocupar un sillón, ¿dimites? La respuesta, en voz alta, es no. La dimisión es un lujo que solo se permite quien tiene algo que perder fuera de la política.

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Así que la pregunta sigue sin respuesta. No hay escándalo lo bastante grande, ni catástrofe lo bastante mortífera, ni calle lo bastante enfadada. El presidente no dimite porque no tiene por qué. Y los que podrían obligarle tampoco encuentran el momento. Igual el problema no es él.