Así es el método legal que ha permitido que un pueblo de murcia expulse a 100 okupas

Alguazas tapió 94 casas para expulsar a los okupas: el método que el derecho no aclara​

En Alguazas, un municipio murciano de poco más de 10.000 habitantes, han recuperado 94 casas y dos edificios completos en menos de dos años sin pisar un juzgado. El procedimiento: cuando los ocupantes salen, se corta la luz y el agua, se desmonta la puerta y se levanta un muro de ladrillo y cemento. La propiedad queda sellada. El okupa, fuera. Y aquí empieza el problema, porque la misma ley que impide cambiar la cerradura a quien ya vive dentro parece avalar que levantes un tabique cuando la casa está vacía. La noticia, publicada el 23 de julio de 2025, ha convertido a este pueblo en referencia nacional y ha abierto un debate incómodo sobre qué protege realmente el Estado: si la propiedad privada o la morada del ocupante.

Qué dice exactamente el método de Alguazas​

El protocolo se activa en cuanto los ocupantes abandonan momentáneamente el inmueble. Policía local, ayuntamiento y propietarios coordinan la vigilancia; se cortan los suministros; se retira la puerta y se construye un muro. No requiere orden judicial, según el relato de la noticia, siempre que no exista una protección judicial previa para los ocupantes. La clave, insisten, es la rapidez y la coordinación vecinal. En pocos años han liberado 94 casas y dos edificios completos, y solo dos intentos recientes de okupación han sido frustrados desde que el protocolo funciona.

El éxito ha despertado interés en otros municipios, dentro y fuera de Murcia. Ayuntamientos y expertos en desokupación exploran replicar la fórmula. La noticia lo resume con una frase que suena a consigna: «la organización, rapidez y contundencia son el único camino para recuperar la seguridad residencial».

Por qué tapiar sí y cambiar la cerradura no​

Aquí el consenso se rompe. La contradicción más repetida es simple: si el propietario cambia la cerradura, acaba teniendo problemas y el ocupante vuelve a «su» casa; si levanta un muro de ladrillo, la propiedad queda protegida. Hay quien lo resume con sorna: no puedes poner una buena cerradura porque infringes los derechos del ciudadano okupa, pero en cambio sí puedes tapiarle la puerta.

La explicación jurídica que circula es que el tapiado se ejecuta cuando el inmueble está vacío y, por tanto, no hay morada que proteger. La cerradura, en cambio, se cambia con alguien dentro. Es un matiz que a muchos les suena a trampa: el fin —impedir el reingreso— es idéntico. Y si el ocupante derriba la pared, según se argumenta, ya no es una falta, es un delito de robo con violencia, con antecedentes y cárcel. Ese es el disuasor real.

El coste oculto: obra sin licencia y casa sellada​

El entusiasmo tiene grietas. Tapiar es una obra, y una obra sin licencia puede acabar en multa municipal. Además, el propietario recupera una casa a la que tampoco puede entrar: queda sellada con lo que haya dentro. Hay quien lo dice sin rodeos: la tapias con toda la porquería que deja dentro el okupa, y a esperar que no apeste. Otros apuntan que los okupas profesionales nunca dejan la vivienda sola, siempre queda alguien dentro, lo que invalidaría el método en la práctica.

Y luego está el problema de fondo: la casa recuperada puede volver a ser okupada al día siguiente. Los medios celebran al propietario que gana un litigio, pero no cuentan que la puerta sigue abierta a la siguiente ocupación. Un bucle.

Quién gobierna Alguazas y por qué importa​

Un detalle que ha llamado la atención es el color político del ayuntamiento. Alguazas está gobernada por una formación local sin ideología declarada, lo que explicaría —según se sostiene— que la administración local colabore en lugar de mirar hacia otro lado. La tesis que circula es que el poder local, aun sometido a las leyes superiores, deja margen de actuación si hay voluntad. Y que ese margen es exactamente lo que falta en otros sitios.

La otra cara: hay quien recuerda que en otros municipios, con el mismo procedimiento, te cae «la de Dios». La diferencia no sería legal, sino de interpretación y de quién esté dispuesto a firmar.

El Estado que protege al que entra y no al que paga​

El malestar de fondo no es con Alguazas, es con el marco. Se argumenta que el propietario paga escrituras, notaría, registro, IBI y una policía que debería desalojar por orden de un juez de guardia en una tarde. En lugar de eso, se ve obligado a buscar resquicios. La conclusión más repetida es que el Estado se pasa el derecho de propiedad por el forro cuando el ocupante presenta cualquier papel, y que la seguridad jurídica solo funciona en una dirección.

Alguazas ha demostrado que hay un camino. También ha demostrado lo retorcido que es tener que encontrarlo.