El gobierno prohibirá los ingresos forzados de personas con trastornos mentales

Sanidad prohíbe el ingreso forzoso salvo urgencia vital​

¿Qué pasa cuando una persona con esquizofrenia deja la medicación, entra en brote y nadie puede retenerla? El Ministerio de Sanidad ha decidido que la respuesta ya no sea la contención mecánica ni el ingreso contra su voluntad. El proyecto de ley que reforma la ley de Promoción de la Autonomía Personal y la ley general de Derechos de las Personas con Discapacidad introduce un artículo 13 bis que prohíbe los internamientos involuntarios por razón de discapacidad, con una única excepción: las urgencias vitales que pongan en peligro la vida del paciente o de terceros.

La psiquiatra Belén González, comisionada de Salud Mental del Ministerio, sostiene que España lleva años recibiendo reproches de Naciones Unidas por estos ingresos y que el cambio alinea la norma con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Su descripción del problema no es amable: habla de personas reducidas, desnudadas para ponerles un camisón y atadas a una cama sin que nadie les explique nada. «¿Qué le pasará por la cabeza?», pregunta.

Qué cambia exactamente y qué no​

El texto no elimina el internamiento forzoso. Lo somete a condiciones. Cuando exista urgencia vital se seguirá aplicando el artículo 763 de la ley de Enjuiciamiento Civil, pero con constancia escrita del motivo, de las alternativas exploradas y de la información dada al paciente. La reforma fija un plazo máximo de un año para revisar ese artículo y adaptarlo a los estándares internacionales.

También quedan prohibidas las intervenciones involuntarias sin evaluación individualizada y el mantenimiento injustificado de medidas coercitivas, que nunca podrán tener fin de castigo. La base de todo el articulado es el consentimiento libre e informado; si la persona necesita apoyo para decidir, se garantiza acompañamiento, y si no puede expresar su voluntad se acude a los documentos de instrucciones previas.

Las alternativas que el ministerio pone sobre la mesa​

La comisionada asegura que existen recursos sustitutos: hospitalización domiciliaria, casas de crisis y pisos tutelados, con un coste inferior al del ingreso. Las cifras que maneja el departamento son casi 18 millones de euros para prevención del suicidio, con medidas de intervención en crisis, y 39 millones para salud mental, incluidas reformas de urgencias.

El problema es que esa red no se improvisa. Hay quien sostiene que la administración competente acabará derivando el coste a otra, y que el resultado será el mismo de siempre: familias sin medios asumiendo el cuidado de un adulto en crisis. La duda no es ideológica, es de camas y de personal.

El testimonio que recorre toda la discusión​

Frente al marco legal hay experiencias que no encajan en ningún protocolo. Un participante relata el caso de un hermano que se lanzó por una ventana durante un brote esquizofrénico; sostiene que con un ingreso forzoso, una vez pasado el brote y estabilizado con medicación, habría seguido con su vida normal. Otro describe años de intentos de internamiento ante ideas suicidas y negativa a medicarse, sin éxito, hasta el desenlace.

El patrón que se repite en los relatos es el mismo: la negativa a tomar la medicación, la ausencia de herramientas legales para intervenir antes de la tragedia y la sensación de que el sistema solo actúa cuando ya no hay nada que hacer. La psiquiatra del ministerio pone el foco en lo contrario: en el daño que causa la intervención forzada en alguien que acaba de sufrir una agresión sexual o una crisis traumática.

El punto ciego: quién cuida al que cuida​

La discusión deriva pronto hacia un actor que la ley no menciona: la familia. Hay descripciones de padres septuagenarios lidiando con hijos esquizofrénicos, de noches con cerrojos en las puertas y de intervenciones policiales recurrentes. La pregunta que planea es qué ocurre cuando el cuidador principal muere o enferma.

El texto legal habla de derechos, consentimiento y dignidad. Los relatos hablan de agotamiento, miedo y ausencia de plazas. Ninguna de las dos cosas es falsa, y ahí está el nudo: una norma puede reconocer la autonomía de una persona y, al mismo tiempo, dejar a otra sin ninguna herramienta para evitar lo peor.

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Queda un año para reescribir el artículo 763. Con los recursos comprometidos y la red de alternativas todavía por desplegar, la pregunta no es si el modelo es más humano sobre el papel. Es quién responde a las tres de la mañana.