Así será el euro digital que el BCE quiere tener listo en 2025

El euro digital de 2025 registrará hasta pagos de pocos céntimos​

Imaginen que la compra más anodina —el pan, el periódico, un café— deja un rastro consultable por la autoridad monetaria. No es una distopía de serie: es la arquitectura que el Banco Central Europeo y la Comisión Europea llevan más de un año diseñando bajo el nombre de euro digital. La regulación está prevista para el primer trimestre de 2023 y la moneda, ya con curso legal, para 2025. La red se parecerá a una blockchain, pero con un detalle decisivo: el control será de un organismo central, no de una red abierta. Y ahí empieza todo el problema.

Qué es el euro digital y cuándo llegará​

El proyecto del BCE no es una excentricidad europea. Alrededor de ochenta bancos centrales trabajan en versiones digitales de sus monedas, entre ellos los de Rusia y Estados Unidos. China arrancó antes que nadie con la suya, aunque todavía no la ha lanzado oficialmente. La lógica que se impone en Fráncfort es casi deportiva: si los demás emiten su propia divisa digital respaldada por dinero fiat, el BCE no puede quedarse mirando.

Los plazos, eso sí, se sostienen con alfileres. Tanto la tecnología que debe soportar millones de operaciones instantáneas como la normativa pendiente son los dos grandes obstáculos, y el propio calendario asume que habrá retrasos. La intención es tener la regulación a comienzos de 2023 y la moneda disponible tres cursos después. Que se cumpla es otra cosa.

Cada gasto bajo lupa: el control que nadie discute​

En la parte práctica, el ciudadano notará poco: pagar, cobrar, transferir. El cambio es para el emisor. Una red centralizada sobre tecnología de registros distribuidos permite conocer con precisión el destino de cada euro. Cada operación, aunque sea de pocos céntimos, sería rastreable de una forma mucho más sencilla que hoy, y entregaría al BCE un mapa casi perfecto del gasto de cada persona.

La justificación oficial es la lucha contra el fraude fiscal. El argumento tiene su parte razonable y su parte incómoda: el mismo instrumento que sirve para perseguir al que oculta ingresos sirve también para saber en qué se gasta el dinero quien sí los declara. La frontera entre control fiscal y vigilancia financiera se vuelve difusa, y nadie ha explicitado dónde piensa ponerla.

La moneda digital española que el PSOE llevó al Congreso​

En junio de 2021 el Gobierno de Pedro Sánchez dio un paso poco comentado: llevó al Congreso una Proposición no de Ley para impulsar una moneda digital pública española, ligada al euro digital. El texto pedía crear, en colaboración con el Banco de España, un grupo de estudios para evaluar su implantación y hablaba de «recuperar el carácter del dinero como bien público y bajo control democrático».

La fórmula suena bien y admite lecturas opuestas. Para unos, devuelve al dinero su condición de infraestructura pública; para otros, la expresión control democrático funciona como contraseña: quien controla el dinero controla al que lo usa. La propuesta quedó ahí, en fase de estudio, sin calendario propio.

¿Es lo mismo pagar con euro digital que con Bizum?​

Casi. Y ese casi es la clave del asunto. Como apunta un participante en el debate, si el papel moneda desapareciera de la circulación, el cien por cien de los movimientos serían apuntes en cuenta: tarjeta, Bizum, transferencia, y en principio trazables por la autoridad. No haría falta inventar nada nuevo para cerrar el círculo. El euro digital no crea el control; lo formaliza y lo centraliza.

La retirada de los billetes de 500 euros, que ya no se emiten y se están recogiendo en ventanilla, forma parte del mismo movimiento. Al entregar el billete, se convierte automáticamente en saldo de cuenta o en billetes menores: el efectivo de gran denominación va perdiendo función sin necesidad de prohibirlo.

Bitcoin como escudo y sus grietas​

Frente a ese escenario, la respuesta más repetida apunta al bitcoin: compra periódica, DCA y a esperar. El argumento técnico es sólido a medias. Las transacciones en la red bitcoin no son reversibles ni cancelables a voluntad de un Estado, a diferencia de lo que permitiría una moneda digital de banco central. Ahí el contraste es real.

El escepticismo también tiene munición: se sostiene que el bitcoin acabará muriendo de éxito, que si su valor se dispara dejará de servir para comprar nada y quedará invalidado como medio de pago, y que quien realmente gana con el proceso es la banca. La divisibilidad —un bitcoin son cien millones de satoshis— zanja la objeción práctica, no la de fondo.

El efectivo, el oro y el ahorro fuera del radar​

En el debate se repite un argumento incómodo: la imposición de una CBDC no requiere una ley que prohíba los billetes. Bastaría con que el salario, la pensión o la prestación se abonaran solo en la nueva moneda. En España, según el cálculo que circula en el debate, hay diecisiete millones de personas que cobran del Estado: funcionarios, pensionistas, perceptores de ayudas. Para todas ellas, la moneda digital no sería una opción, sería la nómina.

De ahí el giro hacia lo tangible: metales preciosos, efectivo guardado, jurisdicciones con reglas propias. La escena que queda es la de una moneda digital que aún no existe, una regulación que aún no se ha aprobado y una parte del ahorro español moviéndose ya hacia activos que no dependen de que Bruselas acierte con el calendario.