Ayuso considera "ilegal" el concepto de "prioridad nacional" para las ayudas en vivienda del pacto PP-Vox en Extremadura

Ayuso tilda de ilegal la prioridad nacional en vivienda que pactó PP y Vox​

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de «ilegal» el concepto de «prioridad nacional» para las ayudas en vivienda que el PP y Vox pactaron en Extremadura. La declaración, difundida en un tuit de un medio nacional, abre un frente entre los dos partidos que gobiernan en coalición en varias autonomías y pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿puede una comunidad autónoma priorizar a los españoles frente a los extranjeros en el acceso a vivienda pública? Hay quien sostiene que no: las leyes autonómicas son de rango inferior a las estatales y la Ley de Extranjería prohíbe discriminar o priorizar a nadie en base a su origen. Pero el gesto ya ha cumplido su función política.

Qué dice exactamente la ley de extranjería​

El argumento jurídico que sostiene la tesis de Ayuso es sencillo: las leyes autonómicas tienen rango inferior a las estatales, y la normativa de extranjería impide establecer diferencias de trato basadas en la nacionalidad. Hay quien sostiene que el concepto de «prioridad nacional» es, por tanto, un brindis al sol: se puede votar, se puede anunciar, pero no se puede ejecutar sin reformar antes la ley estatal. El PP de Extremadura no tiene competencia para modificar una norma estatal, así que el compromiso firmado con Vox queda, en la práctica, en el aire. La pelota estaría en el tejado de Feijóo, a quien correspondería impulsar esa reforma en el Congreso si de verdad quisiera llevarla adelante.

El precedente de Madrid que nadie quiere recordar​

La ironía del caso es que hay quien sostiene que la Comunidad de Madrid ya aplicó medidas similares en el pasado. Se mencionan ayudas por maternidad que inicialmente se quisieron limitar a diez años y quedaron en cinco tras la presión política, y criterios de acceso a vivienda protegida que funcionaban de facto como una prioridad para residentes. Quienes defienden el pacto extremeño sostienen que no están inventando nada: están copiando lo que ya se hacía en Madrid. Quienes lo critican desde la izquierda responden que aquello también era ilegal, solo que nadie lo llevó a los tribunales. El debate, por tanto, no es nuevo: es una vieja tensión entre discurso y aplicación real.

El doble rasero que denuncian unos y otros​

En el fondo del asunto late una acusación cruzada de hipocresía. Un sector del análisis señala que si la medida es ilegal en Extremadura, también lo era cuando se aplicaba en Madrid, y que la condena de Ayuso llega tarde y mal. Otro sector responde que la diferencia es que ahora Vox ha exigido al PP que apoye una reforma de la ley de extranjería, lo que convierte el anuncio en una operación de presión política, no en una simple medida administrativa. La pregunta de fondo es si el PP está dispuesto a asumir ese coste o si, como sugieren algunos, solo está diciendo a Vox lo que quiere oír.

Qué pasará con las ayudas en Extremadura​

A corto plazo, poco. La medida anunciada no puede aplicarse sin una reforma legal previa, y esa reforma no está en el horizonte inmediato. Lo que sí ha conseguido el pacto es instalar el tema en la agenda pública y forzar a Ayuso a posicionarse en contra, lo que a su vez incomoda a sus socios. El resultado es una paradoja: la comunidad que más ha utilizado instrumentos similares es la que ahora los declara ilegales cuando los usa otro. Con estos mimbres, el cesto no puede ser más frágil. Y nadie parece tener prisa por tejerlo de nuevo.