Ayuso ha convertido Roquetas de Mar en Mogadiscio.

El vídeo de Roquetas que culpa a Ayuso de todo tiene un problema de mapa​

Que un vídeo de las calles de Roquetas de Mar sirva para echar la culpa a Isabel Díaz Ayuso tiene, como poco, un problema de geografía. El municipio está en Almería, gobernado por el PP, y la inmigración es competencia exclusiva del Estado desde el artículo 149.1.2 de la Constitución. Pero el rifirrafe viral ha destapado algo más incómodo: el modelo económico de los invernaderos depende de mano de obra migrante en condiciones precarias.

La geografía como primera víctima​

La etiqueta «Mogadiscio» circula sin verificar. Algunos ubicaron las imágenes en Marsella, otros en Barcelona; el escudo de un contenedor terminó por geolocalizarlas en Roquetas. La ironía del titular original, además, atribuía a Ayuso un municipio que no está en su comunidad ni bajo su competencia. El gobierno andaluz y el ayuntamiento, ambos del PP, tampoco tienen potestad sobre fronteras. Poco importó: en la discusión, el dato territorial fue lo de menos.

Invernaderos, jornaleros y contratos verbales​

El fondo es económico. Almería produce toneladas de fruta y verdura gracias a una bolsa de trabajadores llegados de África que aceptan condiciones que los nacionales esquivan. La tasa de paro provincial, sin embargo, es del 16% en el segundo trimestre de 2026, y los extranjeros ya superan el 25% de la población. ¿Dumping laboral o salvación del sector? Las dos cosas a la vez. Los contratos, a menudo verbales, son legalmente válidos, pero su prueba es un infierno si el jornalero reclama. Ese punto es el que nadie quiere tocar: el modelo se sostiene sobre esa fragilidad.

El reparto de votos y culpas​

Los datos electorales de Almería en las autonómicas de 2026 dibujan un mapa complejo: el PP obtiene un 42,9% de los votos, Vox un 23,2% y el PSOE-A un 21,5%. Contra el lugar común de que el voto antiinmigración domina, el conservadurismo clásico lidera. Hay quien sostiene que el empresariado agrícola reproduce esta dependencia estructural y que ninguna fuerza quiere tocarla. Del lado contrario, se argumenta que el efecto llamada de las regularizaciones masivas del Gobierno ha agravado la tensión. La discusión acabó donde empieza la legislación: la frontera la decide el Estado, pero el padrón y las ayudas, en gran parte, las gestionan ayuntamientos y comunidades.

Entre tanto, el vídeo sigue girando y nadie discute que los invernaderos no se recogen solos. La próxima vez que se comparta una imagen de calles sórdidas, convendría preguntarse antes de quién es el contenedor y de quién es la fruta. El resto es ruido.