Ayuso y González Amador pusieron a la venta su vivienda en Chamberí por 1.790.000 euros una vez su Gobierno compró el lujoso ático

Ayuso, el ático de la CAM y el piso de su pareja: 1,79 millones​

Julio de 2026. La Comunidad de Madrid compra un ático de lujo en Chamberí para, según el relato oficial, destinarlo a oficinas. La polémica no da tregua: el Gobierno anuncia que lo pone en venta. Y entonces aparece el movimiento inmobiliario que da otra vuelta de tuerca: Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, habría puesto en el mercado dos viviendas en el mismo barrio. La más cara, un piso reformado de unos 200 metros, figuraba por 1.790.000 euros.

Dos anuncios, 3,3 millones y una cronología que invita a la lupa​

La secuencia no es una simple coincidencia de portal inmobiliario. Una filtración fechada el 18 de julio apuntaba que primero se ofertó el ático de la séptima planta. Después, el anuncio cambió y apareció el piso de la sexta, el reformado, por casi 1,8 millones. Más tarde, el ático sin reformar, con galería de 20 a 30 metros, reapareció a la venta por 1,6 millones. Suma: 3,3 millones solo en dos inmuebles de la misma finca.

El 30 de julio, ambos anuncios estaban activos en idealista. Quienes siguieron el caso pudieron comprobar que los enlaces dejaron de funcionar poco después. Ni confirmación oficial ni explicación: los inmuebles pasarían, según la versión que circulaba, a canales de venta más discretos.

¿Delito, imprudencia o simple derecho a vender?​

Un particular puede vender su vivienda cuando quiera y por lo que quiera. Ese argumento tiene peso. La titularidad, además, corresponde a González Amador, no a Ayuso. Pero la coincidencia temporal y espacial abre una pregunta incómoda: ¿el ático comprado con dinero público iba a ser la nueva residencia de la pareja, con la venta de los pisos como financiación colateral? Quienes defienden a la presidenta lo consideran un intento de fabricar un escándalo donde solo hay un particular haciendo negocio con su patrimonio.

Quienes señalan el caso recuerdan que el ático de la CAM fue justificado como oficinas, aunque el inmueble no sería apto para ese uso, y que existen decenas de edificios públicos vacíos en Madrid. La sospecha no es delito, pero la secuencia de hechos —compra pública, anuncio de venta, retirada de anuncios— huele mal hasta para analistas poco afectos al relato oficial.

La pelota en el tejado de los tribunales​

El PSOE ya apuntaba a llevar el caso a los juzgados. La diferencia entre investigar y condenar es enorme, y aquí no hay sentencia: hay un cruce de relatos, una operación inmobiliaria mal explicada y un silencio administrativo. Mientras no exista resolución judicial, lo único verificable es que dos viviendas en Chamberí se ofrecieron por 3,3 millones y que los anuncios acabaron desapareciendo.

Con la lupa puesta, el caso aguanta mejor la sospecha que la certeza. Lo que no se sostiene es que nadie viera la pólvora antes de que saltara la chispa.