Los insobornables que merecen monumento
En la lucha contra la corrupción política, cuatro nombres resuenan con fuerza: Balas, Luzón, Grinda y Biedma. Investigadores y magistrados que, según el análisis de la
Guardia Civil, han desenmascarado la coordinación desde el PSOE para obstruir investigaciones. La comparación con los históricos Padilla, Bravo y Maldonado no es casual: señala a una estirpe de funcionarios que, a riesgo de su carrera, persiguen el delito económico desde la Audiencia Nacional.
El caso Leire, bajo la lupa de Santiago Pedraz, ha destapado una presunta red de protección política que afecta a altos cargos. Los 'insoborbables' han logrado que la justicia llegue a capitanes de la Guardia Civil investigados por obstrucción. Pero el coste económico de la corrupción no se mide solo en sobresueldos: se traduce en contratos públicos amañados, licitaciones falseadas y un lastre para la competitividad que ningún informe macroeconómico termina de cuantificar.
Lo que el dato oficial no refleja es el precio de la impunidad. Mientras estos cuatro nombres avanzan en sus pesquisas, la pregunta sigue sin respuesta: ¿cuántos casos similares se han enterrado antes de llegar a la Audiencia Nacional? La respuesta, probablemente, sea la clave del verdadero coste del 'stock' de corrupción en España.
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