*Tema mítico* : Barcelona, desbordada por los okupas, pide "instrumentos legales" para combatirlos

Cataluña sextuplica a Madrid en demandas por okupación​

El Ayuntamiento de Barcelona ha pasado de negar el fenómeno a reclamar al Estado «instrumentos legales» para combatir la okupación. Los números que acompañan la petición no son suaves: Cataluña es la comunidad con más demandas por okupaciones ilegales y sextuplica los casos de la Comunidad de Madrid. Su capital figura entre las metrópolis españolas con más denuncias por allanamiento de morada. La okupación se ha disparado en España un 46% desde que Sánchez llegó al poder, según los datos que maneja la prensa conservadora.

Cuántas okupaciones hay en Cataluña y dónde se concentran​

Mataró es el termómetro más citado. Más de 400 ocupaciones ilegales en diez meses y un tercio de los servicios de la Policía Local dedicados a usurpaciones, hasta el punto de que el consistorio reconoce estar al límite de la saturación operativa y pide desalojos en 48 horas cuando el ocupante no exhiba título de propiedad ni contrato. En Barcelona capital, la presión vecinal se concentra en barrios como El Guinardó, donde se denuncia una oleada reciente, y en la Rambla de Badal, con robos diarios según el relato de los residentes.

Madrid, en cambio, presume de gestión. Su línea de emergencias antiokupas recibió 300 llamadas en un solo mes, con Puente de Vallecas, Usera, Carabanchel y Villaverde como zonas más golpeadas. La comparación es la que más incomoda en Cataluña: misma ley nacional, resultados dispares.

La ley española frente al resto de Europa​

El argumento que más circula es el del desfase legal. En Francia, el allanamiento se castiga con un año de cárcel y 15.000 euros, y el desalojo llega en 48 horas. En Alemania, en 24, con uno o dos años de prisión según haya violencia. En Dinamarca basta con acudir a la policía. En España, resume la comparativa más compartida, la vía judicial se estira durante años y el propietario asume el coste. La diferencia no es de grado: es de modelo procesal.

El coste real para el propietario: 20.000 euros y 85 de indemnización​

Los casos concretos son los que mueven la opinión. Un piso okupado en noviembre de 2017 no tuvo sentencia hasta abril de 2022; su propietaria acumuló más de 20.000 euros entre hipoteca, impuestos, comunidad, suministros, abogados y procuradores, y fue indemnizada con 85 euros. Las promotoras han empezado a blindar obra nueva con vigilantes, y hay bandas que, según las informaciones recogidas, aprovechan la tramitación de permisos para instalarse y reclamar hasta 14.000 euros por marcharse. En Badalona, una ocupante pedía 3.000 euros para abandonar el inmueble. Al hilo de todo esto, los jueces de Barcelona acordaron que cortar la luz o el agua en una vivienda ocupada no constituye delito de coacciones.

Qué pide cada administración: 24 horas, 48 horas o ninguna prisa​

Las propuestas se solapan y se contradicen. El PSOE registró una enmienda para que los jueces puedan desalojar en un máximo de 48 horas desde la petición del propietario o el atestado policial, tanto en allanamiento como en usurpación. El PP lleva al Congreso la derogación de la ley de vivienda y un plan con desalojos en 24 horas. La patronal de la construcción sostiene que el anteproyecto del Gobierno es intervencionista, ampara a los ocupas y espanta la inversión. En el otro extremo, el Ayuntamiento de Barcelona insiste en que «el problema es el acceso a la vivienda», y el Tribunal Supremo ha concluido que las administraciones no están obligadas a garantizar siempre una vivienda pública.

El desgaste del relato municipal​

La petición de ayuda institucional ha caído mal entre quienes llevan años señalando la contradicción. La lectura dominante en la conversación pública es la del disfrute de lo votado: si la ciudad eligió determinadas políticas de vivienda y de orden público, ahora toca apechugar. Sirve de munición el caso de un afiliado de Podemos en Esparreguera que denunció por carta que tuvo que vivir en la calle con su propia casa ocupada. También se recuerda que existe una Asamblea d'Okupas de Barcelona con presencia pública organizada, y que en Gerona el alcalde de la CUP reclama cambios legislativos pese a su discurso previo.

Con el volumen de casos actual y plazos judiciales que se miden en años, cualquier promesa de desalojo exprés suena más a eslogan que a calendario. La pregunta abierta es incómoda para todos: si la ley no cambia, ¿cuántos propietarios más tendrán que financiar de su bolsillo un piso que no pueden usar?