Boooom! Wikileaks filtra la dirección (y foto) del centro secreto desde donde se manipulaban los mass-media de medio planeta con USAID. +4000 medios

Wikileaks expone la sede de la red que canalizó 472 millones de USAID​

Un edificio abandonado en el número 876 de la Séptima Calle de Arcata (California), con la fachada desconchada y el buzón reventado, figura en los registros del IRS y en los contratos federales como la sede operativa de Internews Network. Desde ahí, según el material difundido por Wikileaks, se habría canalizado casi medio billón de dólares de la agencia estadounidense USAID hacia una estructura que dice haber trabajado con 4.291 medios de comunicación, producido 4.799 horas de emisiones en un año y capacitado a más de 9.000 periodistas. La foto del inmueble, tomada en diciembre de 2024, muestra un local claramente abandonado. La cifra que maneja la organización para 2023 —778 millones de personas alcanzadas— da la escala real del asunto.

Qué es Internews y de dónde sale su dinero​

Internews se define ante el IRS como una organización internacional sin ánimo de lucro cuya misión es «empoderar a los medios locales en todo el mundo». En la práctica, según los datos que circulan, más del 95% de su presupuesto desde 2008 —cuando arrancaron los registros electrónicos— procede del gobierno de Estados Unidos. Según un análisis que circula, la financiación se habría duplicado desde la victoria de Trump en su primer mandato, en plena cruzada contra la llamada desinformación.

La estructura societaria incluye al menos seis subsidiarias cautivas bajo nombres no relacionados entre sí, una de ellas con sede en las Islas Caimán. La organización afirma tener oficinas en más de 30 países, con sedes principales en Estados Unidos, Londres y París, y delegaciones regionales en Kiev, Bangkok y Nairobi. También en España.

Cómo se canalizaba la información a los medios​

Según un análisis que circula, el mecanismo no consistía en pagar directamente a redacciones. Internews producía argumentarios que después se hacían circular entre periodistas para que los reprodujeran en sus medios. La organización no contactaba oficialmente con las redacciones: su función era canalizar el material. Esa arquitectura explicaría por qué, ante determinados asuntos, decenas de medios publicaban el mismo enfoque el mismo día.

Hay quien sostiene que esta estructura operó como matriz de censura global, con injerencia en asuntos como las guerras, los orígenes del covid o las vacunas. En contra pesa el argumento de que Internews se presenta como una ONG de apoyo al periodismo local en países con medios débiles. La discusión sobre dónde acaba el desarrollo y empieza la propaganda sigue sin resolverse.

La reacción política y el papel de Musk​

La caída de USAID ha generado un terremoto en el ecosistema mediático occidental. Una parte del análisis sostiene que el cierre es real y que los medios que dependían de estos fondos afrontan un problema de financiación inmediato. Otra corriente, más escéptica, apunta a que la agencia no se cerrará: se reestructurará y seguirá operando bajo otra forma. Según un análisis que circula, Marco Rubio ya habría dicho que la estructura se reorganiza y continúa.

El papel de Elon Musk en todo el asunto genera división. Para unos es el azote necesario que está destapando la trama. Para otros es un bufón útil que genera titulares mientras la maquinaria sigue funcionando por debajo. La comparación con Steve Bannon en el segundo mandato de Trump aparece en más de un análisis.

Qué pasa con los medios y periodistas españoles​

La pregunta que recorre el asunto es qué medios y qué periodistas concretos recibieron financiación. El diario eldiario.es ha aparecido en varias referencias cruzadas, y algunos análisis señalan nerviosismo en redacciones que habrían dependido de estos fondos. La exigencia de listas por países y nombres propios se ha convertido en el eje de la discusión pública.

El marco legal es otro frente abierto. Al tratarse de financiación extranjera canalizada hacia medios, hay quien plantea que la figura podría encajar en delitos de traición o al menos en infracciones graves de financiación irregular. La calificación jurídica está lejos de estar cerrada.

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El dato que descoloca no es la cifra. Es que una red que dice haber alcanzado a 778 millones de personas operara desde un edificio abandonado en una ciudad californiana de 19.000 habitantes. Alguien firmó los contratos. Alguien cobró. Y el buzón sigue reventado.