BR00000000000000TAL>>> Viajeros se atrincheran en las Airverbenas tras acabar su estancia y se quedan de inquilinos | VIGO

Huéspedes que no se van: el agujero del alquiler turístico en Vigo​

¿Qué pasa si el huésped de un piso turístico decide, al acabar su reserva, que no piensa irse? En Vigo ha ocurrido. Se han registrado al menos diez alquileres vacacionales en los que los visitantes se atrincheran una vez terminada su estancia y el propietario no consigue echarlos ni llamando a la Policía ni presentando una denuncia. El fenómeno, hasta hace poco anecdótico, empieza a tener volumen suficiente como para que las empresas de mediación inmobiliaria lo cuenten como un servicio más de su catálogo.

Qué es exactamente lo que está pasando en Vigo​

El patrón se repite. Termina la reserva, el huésped no entrega las llaves y el propietario se encuentra con un inquilino de hecho al que no puede desalojar por la vía rápida. La empresa Desokupa 24 horas reconoce haber atendido varios casos en Vigo y en municipios del entorno como Cangas o Marín, y describe su intervención como un «servicio de mediación para la resolución del conflicto existente a través de visitas a la propiedad en distintos horarios durante el fin de semana con el objetivo de recuperar el inmueble y ponerlo a disposición de nuestro cliente». Es decir: alguien ha convertido en negocio la expulsión de huéspedes que se quedan.

La cifra que maneja el sector es de al menos diez casos solo en la ciudad, un dato que en términos absolutos parece menor pero que cambia de escala si se tiene en cuenta que cada huésped entra y sale cada pocos días. Hay quien sostiene que un inquilino residencial genera un riesgo de conflicto cada varios años y un huésped turístico cada tres días, de modo que la probabilidad se multiplica.

Por qué un piso turístico es más vulnerable que un alquiler normal​

La clave está en el régimen jurídico. En un alquiler de vivienda habitual, el propietario tiene herramientas legales específicas para recuperar el inmueble. En un alquiler turístico, la relación es mercantil y de corta duración, y eso genera una zona gris: si el huésped se queda, ¿es allanamiento de morada? ¿Es un incumplimiento de contrato? La respuesta depende de si el inmueble es la vivienda habitual del propietario o no, y en la mayoría de los casos no lo es. Ese matiz convierte el desalojo exprés en un terreno resbaladizo.

Hay quien sostiene que la policía puede intervenir de forma inmediata en las primeras 48 horas si el propietario denuncia de inmediato, sin necesidad de orden judicial. Otros defienden que, al no ser vivienda habitual, la vía penal no está tan clara y el asunto se enquista. La consecuencia práctica es que el propietario queda atrapado entre una denuncia que no prospera y una mediación privada que le cuesta dinero.

El negocio del alquiler turístico y su letra pequeña​

La licencia turística es el requisito que teóricamente separa el alquiler vacacional legal del que no lo es. Se concede cumpliendo unos requisitos y hay que renovarla cada cierto tiempo. También existe la posibilidad de que la comunidad de vecinos prohíba los pisos turísticos en el bloque a través de la Ley de Propiedad Horizontal. La pregunta que sobrevuela el caso de Vigo es si esos diez pisos tenían licencia. Si no la tenían, el propietario está en una posición aún más débil: no puede invocar la condición de vivienda de uso turístico regulada para forzar el desalojo.

El perfil del propietario también importa. No es lo mismo el particular que alquila su segunda vivienda que el inversor con varios inmuebles en rotación. El primero suele tener menos músculo legal y financiero para afrontar un conflicto largo; el segundo puede permitirse abogados y empresas de mediación. En ambos casos, el coste de un huésped que se atrinchera se mide en meses de renta perdida, gastos legales y, si hay que recurrir a una empresa especializada, una factura adicional.

El debate de fondo: ¿víctimas o responsables?​

Aquí es donde el asunto se complica. Una parte del análisis sostiene que el propietario de un piso turístico es corresponsable de la subida de precios de la vivienda y de la gentrificación de los barrios, y que verle ahora en apuros genera una justicia poética difícil de disimular. Otra parte defiende que el problema no es el propietario concreto sino un sistema que permite que cualquiera alquile sin controles, sin verificación de solvencia y sin garantías, y que la solución no es reírse del afectado sino exigir licencias, seguros y contratos blindados.

En medio queda una pregunta incómoda: si el huésped que se queda no es un okupa en el sentido clásico, ¿qué es? No ha entrado ilegalmente. Ha pagado por estar ahí. Simplemente ha decidido no irse. Y ese matiz es el que hace que el caso de Vigo no encaje en los manuales.

Qué puede pasar a partir de ahora​

El fenómeno, de momento, es local y de volumen reducido. Pero las empresas de mediación ya lo han detectado y lo ofrecen como servicio, lo que indica que hay demanda. Si el número de casos crece, es previsible que el sector turístico presione para que se aclare el régimen jurídico del huésped que se queda, y que las plataformas introduzcan mecanismos de verificación más estrictos. También es posible que los propietarios empiecen a exigir depósitos más altos o contratos con cláusulas de desalojo exprés.

Mientras tanto, la situación sigue sin resolverse. Los diez casos de Vigo no tienen todavía una respuesta legal clara, y el propietario que se enfrenta a uno de ellos descubre que su principal activo, el piso, se ha convertido en un problema del que no puede deshacerse. Ironía fina para un negocio que se vendía como rentabilidad sin esfuerzo.