Cinco mossos heridos en Vic tras la detención de dos hermanos con 37 antecedentes
El sistema judicial catalán ha vuelto a fallar. O al menos esa es la lectura que surge tras la emboscada sufrida por agentes de los Mossos d'Esquadra en Vic (Barcelona) cuando detenían a dos hermanos de origen marroquí, con un historial delictivo que acumula 37 antecedentes. Cinco agentes resultaron heridos, uno de ellos por un machetazo en el brazo, en un incidente que ha reabierto el debate sobre la reincidencia y la permisividad del sistema.
Así fue la emboscada de Vic
Los hechos ocurrieron durante la detención de Acraf B., de 20 años, y su hermano Moraouene B., ambos muy conocidos por la policía en la comarca de Osona. Según las informaciones recogidas, uno de los hermanos se abalanzó sobre una agente de paisano, que cayó al suelo pidiendo auxilio por emisora mientras su compañero forcejeaba. En ese momento apareció otra persona –supuestamente un tercer individuo– que atacó a los agentes con un machete, hiriendo a cinco. La policía logró reducir a los hermanos, pero el agresor huyó.
Los hermanos están vinculados a robos con fuerza y violencia, incluidos asaltos a joyerías. Acraf acumula una treintena de antecedentes y estaba en busca y captura por tres robos en domicilios. A pesar de ello, se espera que sean puestos en libertad tras declarar ante el juez, una rutina que indigna a los agentes y a una parte de la ciudadanía.
El coste económico de la reincidencia
Más allá del drama, el incidente tiene un impacto económico directo: cinco mossos de baja, presumiblemente meses de recuperación, costes de sustitución y sobrecarga para el cuerpo. Según fuentes sindicales, la baja de un agente cuesta de media 40.000 euros anuales entre salario y sustituto. Si se confirman seis meses de baja para los cinco, la factura puede rondar los 100.000 euros. Una cantidad que se suma a los gastos judiciales y policiales previos por los 37 antecedentes de los detenidos.
El debate sobre si la policía debería ser más contundente o si el problema es la permisividad judicial divide las opiniones. Mientras unos apuntan a la necesidad de endurecer las penas, otros recuerdan que las competencias en inmigración y justicia son un laberinto político. Lo que está claro es que Vic, una ciudad con fuerte presencia independentista y tensiones sociales, se ha convertido en el epicentro de un choque que trasciende lo policial.
¿Y ahora qué?
Con los detenidos previsiblemente en libertad a las pocas horas, la sensación de impunidad cala en parte de la sociedad. El suceso es la enésima muestra de un sistema que, según los críticos, protege más al delincuente que al ciudadano. Que la solución pase por más policía o por una reforma judicial es otra historia, pero los datos cantan: 37 antecedentes y en la calle. Con estos números, la pregunta no es si habrá más incidentes, sino cuántos más harán falta para que el sistema reaccione.