El PSOE contactó con narcotraficantes para que actuaran contra la juez instructora del caso del hermanísimo.

Biedma denuncia que la cloaca del PSOE buscó narcos para intimidarla​

El 16 de septiembre de 2026 trascendió el contenido del escrito en el que la juez de instrucción de Badajoz, Beatriz Biedma, sostiene que la trama de cloacas atribuida a entornos del PSOE contactó con clanes del narcotráfico «con la finalidad de comprometer su seguridad personal por razón del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales». La instructora no describe presiones genéricas ni filtraciones: describe riesgo físico. Por eso reclama personarse como acusación en el caso cloacas, al entender que su integridad quedó expuesta mientras instruía la causa contra David Sánchez, hermano de Sánchez.

Qué papel se atribuye a Leire Díez y a los clanes​

Según las informaciones publicadas a raíz del escrito, un enviado de Leire Díez —exmilitante socialista y señalada como responsable de la trama— habría mostrado al narcotraficante conocido como 'El Gitano' la rutina diaria de la magistrada para que le diera «un sustillo». La segunda pieza es todavía más explícita: al clan de 'Los Rochos' se le habría trasladado la oferta de que, si Biedma salía de la ecuación, la Fiscalía cerraría sus causas pendientes. Conviene subrayar el estatus de todo esto. Son acusaciones recogidas en escritos judiciales y en prensa, no hechos declarados probados por sentencia firme. La diferencia importa, y en este asunto importa mucho.

La conexión canaria y otras piezas del mismo patrón​

El caso de Badajoz no llega solo. Otras informaciones vinculan al dirigente socialista canario Gustavo Matos como presunto intermediario del narcotraficante Derbah, y describen una relación de «reciprocidad» entre un líder de la banda y el político, con advertencias sobre inspecciones a clubes y una frase que se cita en los sumarios: «Aquí el orden eres tú». Se habla también del clan de 'El Tigre' y de contactos en Hacienda para blanquear. Piezas sueltas, de fiabilidad desigual, pero que dibujan un patrón repetido: interlocución entre estructuras políticas y economía sumergida cuando hay causas judiciales que aprietan.

El caso del hermano: dos años de inhabilitación y recursos cruzados​

El telón de fondo es la causa contra David Sánchez. En el hilo se afirma que la condena se saldó con dos años de inhabilitación, pena que un participante considera casi decorativa para quien nunca fue funcionario de carrera. Sobre esa base, Hazte Oír ha recurrido y reclama seis años de prisión y la devolución de las nóminas cobradas. En paralelo se ha señalado que la mano derecha de García Ortiz promovió una sanción contra esa asociación por su querella, y circula el audio de un abogado pagado por el PSOE admitiendo ante el juez que escribió «hay que acabar con Luzón». La causa sigue abierta.

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Hay un hilo lógico que atraviesa todo esto y que nadie ha logrado cerrar: si las cloacas operaban con contactos en el narcotráfico, con Hacienda y con la Fiscalía, ¿dónde estaba el límite? La respuesta honesta, con los datos disponibles, es que no lo sabemos. La causa está viva, las imputaciones no son firmes y no hay una respuesta oficial recogida en el material. Ahí se atasca el análisis, y ahí conviene dejarlo.