Bruselas pide recortes de 11000 millones en pensiones

Pensiones, Bruselas y el 1,74 por euro cotizado​

¿Cuánto de la pensión que cobra un jubilado se lo ha ganado y cuánto lo están pagando los que todavía trabajan? La pregunta lleva años en la sobremesa española, y en el debate se cruza la presión que se atribuye a Bruselas para ajustar el gasto en pensiones, sin que se concrete en qué partidas ni con qué calendario. Esa falta de detalle es la que ha puesto los ánimos de punta. El sistema sostiene la nómina mensual de millones de hogares, y tocar esa nómina —una partida que en España se considera intocable— es el tipo de decisión que ningún Gobierno firma sin calcular antes el coste electoral.

El ajuste que se atribuye a Bruselas​

La petición de ajuste se apoya en una lógica conocida: el gasto en pensiones crece a un ritmo que los ingresos por cotizaciones no siguen, y el hueco se tapa con deuda. Quien defiende el ajuste sostiene que retrasarlo solo traslada la factura a los que aún no han nacido. Enfrente, la objeción más repetida es que el recorte llega siempre por el mismo lado y nunca por el de las partidas que sostienen la estructura del Estado. Hay incluso quien lee la petición europea como una presión selectiva: la misma Bruselas que urge a tocar las pensiones es la que luego reparte fondos con criterios que cambian según quién gobierne.

Qué dice el Banco de España: el 1,74 por cada euro cotizado​

Cada pensionista recibe 1,74 euros por cada euro que aportó, un 74% más de lo cotizado. La estimación se atribuye al Banco de España y es la más citada cuando se justifica el recorte, junto a otras dos que circulan con la misma etiqueta: el jubilado medio habría percibido 4.500 euros anuales de pensión sin haber cotizado, y a los doce años de jubilación ya habría recuperado todo lo aportado. Con ese marco, la hucha que un día acumuló 66.000 millones de superávit se ha convertido en una deuda de magnitud parecida contra los impuestos. El problema de la cifra no es su aritmética, sino su lectura: describe un sistema de reparto, no una cuenta de ahorro individual, y quien lo diseñó así conocía de sobra el desequilibrio.

¿Recorte lineal o solo a las pensiones altas?​

La mitad de los pensionistas cobra menos de 1.200 euros al mes; el otro 50% se mueve entre 1.300 y 3.000, según los tramos que se manejan. De ahí sale el pulso más interesante. Bajar el mismo porcentaje a todos castiga mucho más al que cobra poco: un 50% menos sobre 1.000 euros deja la nómina en 500, mientras que sobre 3.000 la deja en 1.500 y todavía se vive. Por eso hay quien defiende que el hachazo se concentre arriba —bajar de 3.000 a 1.000, suprimir las dos pagas extras— y quien responde que el recorte lineal es más justo precisamente porque obliga a todos, también a los pensionistas, a mirar con lupa el gasto público y a votar en consecuencia.

El gasto que nunca entra en la ecuación​

Hay más españoles con nómina pública que con nómina privada, y el sueldo medio del sector público supera entre un 38% y un 50% al de la empresa privada, según las cifras que se cruzan en la discusión. Solo un 18% de los 525.000 funcionarios de los ministerios tendría carrera, y la gestión y administración de la Seguridad Social se lleva 7.000 millones de euros. Añádanse organismos, duplicidades y estructuras que nadie audita. Entre los ejemplos que se citan aparece incluso el de estudiantes mayores de 50 años que han accedido a becas Erasmus a través de programas universitarios para mayores. La conclusión que se repite con sorna es la de siempre: perro no come perro. Ningún ajuste empieza por la propia casa.

¿Se puede cuadrar el sistema sin tocar la edad de jubilación?​

Sobre la mesa están también dos clásicos. El primero, elevar la edad de jubilación por encima de los 67, hasta los 69, de forma paulatina para que el cambio no pille a los que ya están cerca. El segundo, suprimir pagas de viudedad cuando el beneficiario tiene otra pensión asegurada. Los defensores alegan que son medidas de sentido común y de efecto lento. Los críticos responden que la esperanza de vida no es la misma en una oficina que en un andamio, y que alargar la vida laboral de quien ha trabajado con el cuerpo es un recorte disfrazado de tecnicismo.

Deuda récord, demografía y el reparto entre generaciones​

La deuda pública española supera ya los 1,5 billones de euros, un máximo histórico, y eso condiciona cualquier discusión sobre prestaciones. Una parte de la conversación deriva hacia lo que se considera gasto social discutible —el ingreso mínimo vital, las ayudas de acogida, las prestaciones no contributivas—, con cálculos que rara vez van acompañados de fuente oficial y con la sospecha, nunca demostrada, de que el dinero se reparte mal a propósito. La otra parte avisa de que el problema no son los ancianos que cobran poco, sino un sistema que llevaba décadas prometiendo a cada generación más de lo que la siguiente podía pagar. La etiqueta que se ha hecho un hueco es contundente: estafa generacional.

Al final, la discusión sobre las pensiones tiene un aire familiar: todos señalan la partida del vecino, nadie la propia, y el calendario sigue corriendo en contra. Cada mes se jubila más gente. Cada mes cotiza menos. Y el único número que de verdad no admite discusión es el que llega a la cuenta corriente a final de mes.