Cada somali cuesta 1.2 millones de euros

El coste fiscal de un migrante somalí: 1,2 millones de euros​

Un cálculo que circula en redes eleva a 1,2 millones de euros el coste fiscal neto que un migrante somalí genera a lo largo de su vida en los Países Bajos. La cifra, presentada como resultado de un estudio sobre el balance entre impuestos pagados y servicios recibidos, ha desatado una tormenta de réplicas: desde quienes la asumen como prueba de que la inmigración de bajos ingresos es un lastre económico hasta quienes la consideran una manipulación estadística sin base metodológica. El dato original no se cita con fuente verificable, pero su capacidad de contagio es indiscutible.

El origen del dato y su falta de trazabilidad​

El punto de partida es una tabla que compara el efecto fiscal neto de distintos grupos étnicos en los Países Bajos. Según esa tabla, los neerlandeses nativos tendrían un saldo positivo, mientras que los somalíes presentarían un saldo negativo de 1,2 millones de euros por persona a lo largo de toda su vida. No se especifica el periodo de referencia, la institución que lo elaboró ni la metodología empleada. Tampoco se distingue entre coste directo (prestaciones, sanidad, educación) e indirecto (seguridad, justicia, defensa).

El cálculo se apoya en una extrapolación simple: si un inmigrante percibe de media 30.000 euros anuales en servicios y transferencias durante 40 años, el total asciende a 1,2 millones. A partir de ahí, algunos mensajes añaden el coste de oportunidad: invertir ese dinero al 6% anual generaría 6.000 euros mensuales de renta sin amortizar el capital. La cifra, presentada así, tiene un efecto hipnótico. Pero nadie en la discusión aporta el documento original.

El contraargumento: 1,2 millones es un sueldo de funcionario durante toda una vida laboral​

La réplica más repetida cuestiona la magnitud. 1,2 millones de euros equivalen a pagar un sueldo de funcionario del grupo C1-B1 durante toda una vida laboral completa. Es decir, el cálculo atribuye a cada migrante somalí un coste equivalente a mantener a una persona empleada en la administración durante cuatro décadas. Para los críticos, eso no es un dato: es una exageración que desactiva cualquier análisis serio.

Se argumenta también que el coste real de una persona acogida en un centro de emergencia difícilmente supera los 1.000 euros mensuales, y que el resto hasta 5.000 euros se lo reparten intermediarios: organizaciones no gubernamentales, empresas de servicios y estructuras administrativas. La sospecha de que el negocio no es la acogida sino la gestión de la acogida recorre buena parte de las intervenciones. En ese marco, el migrante sería la excusa, no el beneficiario.

Comparaciones internacionales: Dinamarca y el precedente danés​

Varios mensajes mencionan que Dinamarca ya realizó un estudio similar con conclusiones parecidas: los inmigrantes de origen africano y musulmán presentarían un balance fiscal negativo a lo largo de su vida. El dato danés se cita como confirmación de que el fenómeno no es exclusivo de los Países Bajos. También se alude a un gráfico europeo en el que los africanos aparecen con saldo negativo en todos los tramos de edad.

La comparación con Dinamarca refuerza la tesis del coste neto, pero no resuelve la pregunta clave: ¿se trata de un efecto de la inmigración en sí o de las condiciones estructurales del mercado laboral y del acceso a la vivienda? La discusión se bifurca aquí. Unos ven una ley económica inevitable; otros, un fallo de integración que podría corregirse con políticas distintas.

El trasfondo: vivienda, salarios y el negocio de la acogida​

Más allá del cálculo, el debate deriva hacia consecuencias concretas. La presión sobre la vivienda se menciona como el problema más tangible: sin stock suficiente, la llegada de población adicional encarece el alquiler y expulsa a los residentes de menores ingresos. También se apunta al efecto sobre los salarios: la concentración de trabajadores en ocupaciones de baja cualificación deprime las remuneraciones en esos segmentos.

En paralelo, se describe una economía de la acogida en la que participan desde hoteles hasta empresas de servicios, pasando por organizaciones subvencionadas. El migrante, en ese esquema, es a la vez coste para el contribuyente y fuente de ingresos para una red de intermediarios. La conclusión que se extrae es que el sistema genera incentivos perversos: cuanto más dura la estancia, más factura el entramado.

¿Qué se puede concluir?​

El cálculo de los 1,2 millones funciona como eslogan porque simplifica un fenómeno complejo en una cifra redonda. Su fuerza no está en la precisión, sino en la capacidad de condensar un malestar difuso. La ausencia de fuente verificable no ha impedido que la cifra se repita como un hecho. Y ahí está el problema: cuando un dato sin trazabilidad se convierte en argumento central, el debate se desplaza de las políticas migratorias a la guerra de cifras.

Con estos mimbres, es previsible que el cálculo siga circulando y que aparezcan réplicas y contra-réplicas. Lo que no está claro es que alguien vaya a aportar el estudio original. Mientras tanto, la discusión sobre el coste real de la inmigración seguirá atrapada entre el dato sin fuente y la anécdota sin contexto.